Más penas que glorias, a 12 años de la entrada en vigencia del TPC de Panamá con Estados Unidos

Ciudad de Panamá, Panamá/A 12 años de la entrada en vigencia del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, y a menos de dos meses y medio de que termine el 2024, varios son los productos que el año entrante verán sus aranceles de importación en caída libre.

La carne bovina deshuesada, que hoy tiene un arancel de importación de 5% bajará a 2.5%, la carne de cerdo pasará de 15.5% a 7.7%, el muslo encuentro de 162.5% caerá a 130%, mientras que la leche fluida y el maíz verán su porcentaje descender de 17.1% a 8.6% y de 16.2% a 8.1%, respectivamente.

Esta situación se agravará en el 2026 cuando la carne bovina deshuesada, el maíz, la carne de cerdo, y la leche fluida llegarán a una desgravación de 0%.

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“Dudo mucho de que con el actual gobierno se haga el esfuerzo para ver si Estados Unidos puede modificar en algo esos rubros sensitivos”, sostuvo Carlos Pitty, presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor).

Apuntó que las comunicaciones en términos del agro son casi nulas, a pesar de que en el 2025 hay que sentarse con los estadounidenses, “y no ha habido ningún tipo de comunicación entre el Ministerio de Comercio e Industrias y los productores, que son los que realmente conocen el negocio”.

Sobre el tema no se pudo obtener respuesta de parte del Ministerio de Comercio e Industrias.

Ahora que algunas voces hablan de renegociar o revisar el TPC, para el presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP), Juan Pastor Guevara, eso no es más que “echar la pelota hacia adelante y es una pérdida de tiempo, pues no se cuenta con tiempo”.

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“El tema revisión o acercamiento con Estados Unidos es una pérdida de tiempo, desgaste y hay pocas esperanzas de que rinda frutos”, reiteró Guevara.

En notas enviadas los días 27 de julio y 10 de octubre del presente año a Michael Troesht, quien dirige la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, la APUP le solicita la revisión de las normas técnicas para productos porcinos frescos, que de acuerdo con los porcicultores permitirán acogerse a medidas que los ayuden a enfrentar la estrecha situación por la que atraviesan.

Al respecto, el silencio de parte de las autoridades ha sido la única respuesta.

Para Carlos Pitty, lo lamentable de estas futuras negociaciones es que las manejan “gente que no conocen de producción y creen que las cosas son como las dicen los libros y no como se hace en la práctica”.

La mayor demostración de esto, agregó, es que cuando firmaron ese tratado le prometieron a todos los panameños que el costo de vida iba a ser más barato y sucedió exactamente lo contrario, lo que demuestra que la apertura del mercado no tiene ningún resultado positivo para la población consumidora, amén de un resultado negativo para la economía del país.

Esta es una lucha imposible de ganar, afirmó el porcicultor, pues la economía de mercado favorece a Estados Unidos, que cuenta con altos niveles de protección y subsidios a sus productores, además de ser grandes productores de los granos “que nosotros tenemos que importar”.

Pese a esto, Pitty manifestó que desde el punto de vista de productividad, las granjas norteamericanas no son más eficientes que las panameñas, tanto en cerdo como en pollo, e inclusive en pollo somos más eficientes, pero el hecho de tener ellos una materia prima accesible, económica, amén de un gran apoyo gubernamental y un mercado gigante, les da una total ventaja.

“En Panamá, aunque existen normas y reglas de todo tipo, normalmente nadie las cumple. Aquí no hay una buena ley de etiquetado, si alguna vez la hubo, los sectores económicos se encargaron de eliminarla, porque eso les permite traer lo que les da la gana, sin importar el consumidor final”, dijo.

Sentenció que a todas luces el campo local está diseñado para el producto importado, lo cual en su opinión es una triste realidad.

“En una economía como la nuestra es imposible competir con productos que se venden por debajo de lo que cuesta producirlo”, sostiene por su parte la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip).

Afirma que el comercio avícola con Estados Unidos es y seguirá siendo de una sola vía, pues Panamá no puede exportar nada de pollo a esa nación norteña, ya que es un mercado que está protegido.

Esta protección llega a tal punto que Estados Unidos solo importa de terceros países menos del 1% de lo que produce, puntualizan.

Para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) los países de la región se enfrentan cada vez más al reto de aprovechar de la mejor manera los acuerdos comerciales vigentes, administrándolos de forma tal que contribuyan al crecimiento socioeconómico nacional, así como a la seguridad alimentaria de la población.

Panamá, de acuerdo con el organismo internacional, se enfrenta al reto de que el déficit comercial agroalimentario ha venido en aumento en los últimos años, pasando de $311 millones en el quinquenio 2007-2011 a $1,566 millones en el período 2017-2023.

Durante este período, las importaciones de productos agroalimentarios crecieron de $1,007 millones a $2,064 millones, mientras que las exportaciones disminuyeron de $696 millones a $498 millones.

Productores consultados sostienen que la administración anterior de Laurentino Cortizo tiró una “cortina de humo con el cuento de que iban a renegociar el TPC”, lo que nunca sucedió, y que más bien concentró sus esfuerzos en impulsar su legado: una ley que “supuestamente” blindaría al agro panameño por los próximos 25 años.

“Hoy el agro está blindado”, dijo en su momento el entonces ministro consejero de Asuntos Agropecuarios, Carlos Salcedo, quien agregó que serían “los productores los que tendrán que garantizar que los próximos gobernantes cumplan” con la también llamada ley del “Pade...spués”, según se lee en una nota de prensa.

“Tenemos que pasar al actuar y dejar construcciones firmes y sólidas para que el nuevo gobierno tenga en esta organización un faro de luz, guardián del agro y promotor de una política de Estado en beneficio de la soberanía y la alimentación del país”, clamó por su parte el exministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.

Esta ley contaba en su momento con un Consejo de Seguimiento y Cumplimiento compuesto por 27 miembros, teniendo entre sus más visibles defensores a la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas.

Mientras, el TPC avanza.