Trata de personas: Empleo en el extranjero y venta de bisuterías, entre las tácticas que utilizan los grupos criminales
Se estima que uno de cada tres víctimas de la trata es un menor de edad.
Ciudad de Panamá, Panamá/La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este delito, que se manifiesta en formas como la explotación sexual, el trabajo forzoso y el tráfico de órganos, no conoce fronteras y afecta especialmente a las personas más vulnerables.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los niños constituyen una proporción significativa de las víctimas de la trata de personas a nivel global, siendo las niñas afectadas de manera desproporcionada. Se estima que una de cada tres víctimas de la trata es un menor de edad.
Un informe mundial sobre la Trata de Personas (Glotip) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) indica que los niños tienen el doble de probabilidades de enfrentar violencia durante la trata en comparación con los adultos.
El organismo señala que regiones como el África subsahariana, el norte de África y América Latina y el Caribe soportan una carga desproporcionada con los niños representando el 60% de las víctimas de la trata detectadas. En Panamá, este delito ha sido reconocida como un problema crítico, y diversas instituciones y organizaciones están trabajando para combatirla.
Explotación sexual y laboral, las modalidades más comunes
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, TVN-2.com contactó al fiscal Juan Domingo, de la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, quien explicó que el Ministerio Público ha notado una leve disminución en la cantidad de investigaciones iniciadas por este delito en 2024, en comparación con los casos registrados en 2023.
Sin embargo, no descarta la existencia de casos no denunciados. Según el fiscal, los delitos de trata de personas más comunes en el país son la explotación sexual y laboral.
Domingo señaló que la trata de personas bajo estas modalidades se ha desarrollado mayormente en áreas de la Ciudad de Panamá, aunque también se han registrado casos en el interior del país. En lo que va del año, se han generado 11 investigaciones distribuidas de la siguiente forma:
- Panamá: 8
- Panamá Oeste: 1
- Chiriquí: 1
- Veraguas: 1
Indicó que se han realizado campañas de prevención y divulgación sobre este delito, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en conjunto con Conapredes. También se han llevado a cabo visitas a escuelas para informar a la sociedad sobre el delito y los medios disponibles para denunciarlo.
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Colaboraciones con otros países y desarrollo de investigaciones
"Desde mi perspectiva de la represión del delito, se han generado importantes investigaciones tanto nacionales como binacionales con la República de Costa Rica, que han buscado desarticular grupos delictivos dedicados a la trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como de servidumbre laboral", señaló el fiscal.
Agregó que en los últimos dos años, al menos siete de estas investigaciones que se han ejecutado incluyen la operación "Luz de Esperanza" en 2022, que se llevó a cabo en conjunto con Costa Rica y resultó en la aprehensión de varias personas en ambos países, quienes trasladaban niñas de Panamá para ser explotadas sexualmente.
También se mencionaron las operaciones "Marfil" y "Galaxy", ambas relacionadas con la explotación sexual, donde se rescataron víctimas y se mantienen personas pendientes de ser llevadas a juicio.
Un ejemplo de colaboración internacional que destaca el fiscal es la operación "Luz de Esperanza", donde se proporcionó información oportuna entre ambos países para acreditar el cruce de menores desde Panamá a Costa Rica.
Operaciones 'Kosovo' y 'Gemelas', entre las ejecutadas en 2023 y 2024
En 2023, se llevó a cabo la operación "Omega", que desarticuló un grupo criminal dedicado a la explotación laboral mediante una "secta", sometiendo a extranjeros a extensas horas de trabajo en la venta de bisuterías y buhonerías.
También en 2023, por medio de la operación "Medusa" se logró la aprehensión de cuatro personas vinculadas a la trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
La operación "Gemelas" del mismo año involucró la denuncia de una persona de nacionalidad ecuatoriana que fue captada para trabajar en Panamá y sometido a servidumbre laboral. Producto de estas acciones, se dio con la recuperación de dos personas más en la misma situación y se capturó a tres personas de origen ecuatoriano.
En 2024, la operación "Kosovo" se dio con el rescate de dos víctimas panameñas que fueron captadas en Panamá y trasladadas a Kosovo, donde fueron explotadas sexualmente. Se capturó a un tratante. Sobre este caso y de acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público revelan que una mujer de 24 años, denominada "Madame Kosovo", se dedicaba a reclutar jóvenes panameñas bajo la fachada de ofrecerles una oportunidad laboral en la República de Kosovo.
Una vez allí, estas mujeres fueron forzadas a tener relaciones íntimas con hombres que acudían a un bar donde eran retenidas contra su voluntad. La denuncia ante la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada se presentó en septiembre de 2023, cuando la madre de una de las dos víctimas se acercó a reportar lo ocurrido.
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Protección a las víctimas y dificultades en las investigaciones
Sobre la atención a las víctimas, Domingo señaló que la Unidad de Protección a Víctimas del Delito (Upavit) del Ministerio Público ofrece atención integral a las víctimas de trata de personas, incluyendo apoyo psicológico y seguimiento durante el proceso.
Además, la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas se encarga de la identificación y atención primaria, así como de la reintegración social de estas.
Entre los obstáculos para investigar este delito en Panamá, el fiscal mencionó el desconocimiento sobre la configuración de la trata de personas, lo cual puede dificultar la detección y atención por parte de las autoridades. Asimismo, la falta de reconocimiento de las víctimas como tales puede complicar la presentación de casos ante los jueces y la acreditación de la existencia de las víctimas.