El 'estado de tortura' en el que se encontraban los niños dentro de los albergues, ¿Son culpables las autoridades?

Ciudad de Panamá/Las diputadas que integran la Comisión legislativa De la mujer, la niñez, la juventud y la familia revelaron, el pasado 8 de febrero, los vejaciones a que están sometidos niños, niñas y adolescentes que por situaciones de vulnerabilidad social terminan en los “los centros de protección o albergues” que están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Se trataba de una revisión de rutina, producto de una denuncia puntual, que destapó la más cruel historia de abusos cometidos en instituciones destinadas a garantizar los derechos humanos de infantes, niños y adolescentes carentes de la protección y el afecto que en primera instancia les debieron brindar sus padres y familiares.

Las condiciones “infrahumanas” en las que viven y los “abusos sexuales” de que son víctimas estas personas menores de edad, algunos de ellos con discapacidad, así como el “maltrato” a los que los someten sus cuidadores descubiertos por las miembros de esta comisión legislativa las llevaron a exigir un castigo ejemplar para los responsables y una reestructuración total de las leyes relacionadas con los temas de protección a la primera infancia y la protección a los niños, niñas y adolescentes, “porque lastimosamente la norma actual (Ley No. 46) tiene vacíos legales los cuales permiten que se den estas faltas”, explicó la diputada suplente Walkiria Chandler D´Orcy, una de las caras más visibles detrás de la investigación y las denuncias.

Lea: informe completo aquí.

informe completo aquí. Chandler D´Orcy , quien llegó a la Asamblea Nacional por la libre postulación, mostró su decisión de llegar hasta las últimas consecuencias para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de delitos como corrupción de funcionarios públicos, abuso sexual y maltrato.

“Estamos exigiendo que, indistintamente de quienes sean los que se encuentren responsables, paguen. Necesitamos que en este país haya una certeza del castigo fuera de toda la parte política, porque lastimosamente en este país, usted sabe, los delincuentes de cuello blanco suelen ser impunes, pero aquí estamos hablando de unos delitos muy graves. Aquí a grosso modo estamos ante tres delitos muy graves: corrupción de los servidores públicos, abuso de menores y maltrato de menores. Cuando hablamos de abuso estamos hablando de abuso sexual”, señaló Chandler.

Aparte de la cruzada que junto a las otras diputadas de la comisión legislativa de De la mujer, la niñez, la juventud y la familia emprendió para lograr que exista un castigo para los responsables de los delitos que a su juicio se cometen desde hace años, también abogó por un cambio rápido y oportuno en la forma como se manejan los albergues debido a que hay “niños cuyo futuro ya fue truncado, otros están por llegar y otros todavía se encuentran ahí”.

La inoperancia de la Senniaf

Chandler D´orcy indicó que el “estado de tortura” en la que se encuentran estos niños no se puede perpetuar dentro de un Estado que falló y violó todos los tratados de protección integral de la niñez que a través del tiempo ha suscrito y de una institución como la Senniaf que también falló, porque no lleva ningún tipo de fiscalización.

Para la diputada, la Senniaf no está haciendo absolutamente nada dado que no es posible que les concedan los permisos para establecer un albergue y les otorguen los subsidios con dinero del Estado, pero luego dejan a “estas criaturas” a su suerte y nunca vuelven para ver cómo funcionan o el estado en que se encuentran los niños en estos lugares.

Agregó que Senniaf requiere de una reingeniería urgente, la cual debe estar basada en la profesionalización del recurso humano, porque dentro de su recorrido por el país descubrieron que había albergues regentados por personas que no tenían el menor conocimiento sobre estos temas, pero llegaron porque eran “religiosos”, “le gustan los niños” o “están vinculados a la niñez porque hacen donaciones”.

De hecho, expresó que encontraron un lugar con un alto porcentaje de embarazos adolescentes interrumpidos donde el único varón era el administrador, una persona con antecedentes de consumo de drogas.

Para corregir esta situación la Senniaf requiere de personal técnico, explicó Chandler D`orcy, quien agregó que el país tiene este recurso humano, pero no se toma en cuenta debido a que la institución se convirtió en un “botín político y por años han podido hacer lo que quieren de manera silente porque nadie fiscaliza lo que ellos hacían”.

A Chandler D´orcy , una de las situaciones que más le impactó es el abandono en que el Estado mantiene a esta población porque, a su juicio es el Estado, a través de las instituciones creadas para tal fin, el llamado a darles una segunda oportunidad, es decir los cuidados de afecto y protección que no encontraron en sus hogares, pero al contrario de esta protección, los tienen en condiciones similares a un privado de libertad.

En este sentido, expresó que muchos de ellos (niños, niñas y adolescentes) llegan porque quedaron en la orfandad, porque son víctimas de maltrato o están en riesgo social por vivir con padres consumidores de drogas y en lugar de encontrar un ambiente favorable para su desarrollo los ubican en albergues con hacinamiento y muy poca ventilación.

La diputada también criticó a las organizaciones de la sociedad civil llamadas a proteger a esta población en estado de vulnerabilidad, porque todas estas situaciones ocurrían mientras se tomaban fotos entregando donaciones, cuando lo que tienen que hacer es velar por la protección real de la niñez y la adolescencia.

Sin embargo, expresó que en vez de protección y cuidado lo que observaron es que a pesar de que los niños carecían de alimentos, insumos de higiene personal, medicamentos, ropa y hasta zapatos; existían recursos económicos para que los encargados de cuidarlos hicieran viajes que no tenían ningún resultado aún en tiempo de pandemia y con restricciones de movilidad.

Además observaron, en la mayoría de los albergues, la conducta agresiva, la dureza en los rostros, la crudeza del lenguaje y actitudes corporales que reflejaban la violencia contenida de los niños, niñas y adolescentes recluidos en estos lugares. “Nosotras (las diputadas) tenemos la plena certeza de que el día de mañana cuándo crezcan allí vamos a tener criminalidad porque se va a continuar el círculo de la violencia”.

El cambio es fácil, pero depende de la voluntad política

Para Chandler D´orcy lograr el cambio que se necesita para hacer valer los derechos humanos de los niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad y riesgo social es más fácil de lo que parece, "porque solo se requiere de la voluntad política".

En ese sentido, indicó que como política y tiene la plena certeza de que si “existiese la voluntad política la transformación que necesita el sistema se hacen de manera inmediata, porque no es un tema de presupuesto, sino de hacer valer el derecho de los niños. “Aquí se sabía. Había conocimiento. La Senniaf sabía lo que estaba pasando, pero existía una falta de voluntad, sino una complicidad sistemática, porque yo no te investigo para que tú no me investigues”, sentenció.

Chandler D´orcy también confía que el revuelo que en diferentes grupos de la sociedad, sobre todo en la población joven o milenial, provocó los resultados de la investigación sea un impulso suficiente para lograr los cambios que se necesitan en pro de la niñez y la adolescencia panameña.

Su confianza se centra en los cambios que sufrió la Asamblea Nacional en las pasadas elecciones donde algunos diputados no se pudieron reelegir, llegaron varios por la libre postulación, así como el pronunciamiento de los jóvenes que ya se activaron en las redes sociales y en las calles para pedir cuentas a las autoridades responsables y exigir que está situación no quede impune.

Y aunque confía en el respaldo de la población, Chandler D´orcy mantiene su “aplomo” y la confianza en las diputadas que junto a ella hicieron la investigación, porque “nosotras estamos llevando esto hasta el final. Estamos conscientes de que lo que hemos destapado puede tener implicaciones para el Estado panameño porque se violaron todos los convenios internacionales sobre protección y defensa a la vida digna de la niñez. No hay uno que Panamá no haya incumplido con lo que pasó en estos albergues”.

Un aliento en un mar de decepciones

La diputada Chandler D´orcy expresó que dentro del recorrido que hicieron encontraron excepciones que realmente llenan de dicha su espíritu, como es el caso de la Ciudad del Niño, un albergue ubicado en el distrito de La Chorrera.

En ese lugar, explicó, encontró que tenían áreas verdes, los niños van a la escuela y ofrecen soluciones de alimentos tanto a los niños internos como a sus hermanos, aunque no lo estén.

Los libros de donaciones los tienen claros, con especificaciones de para que se destina todo lo que recauda. Existen profesionales atendiendo a la población a su cargo, quienes están en capacitación continua.

"De este lugar salieron hasta pilotos", finalmente sentenció.

Reacciones de organizaciones de derechos humanos

Las reacciones por los hallazgos de violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en los llamados albergues de protección no se hicieron esperar.

Por ejemplo, la tarde de este 14 de febrero, la Red de Derechos Humanos de Panamá, organismo conformado por unas 25 organizaciones y un número plural de ciudadanos y ciudadanas, hizo un llamado urgente a la protección universal de los derechos humanos de personas en albergues, en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo social .

El grupo en mención, en su escrito indicó que con el propósito de contribuir al abordaje ético y respetuoso de los derechos de las víctimas de violencia en instituciones de protección para niños, niñas y adolescentes, personas mayores y mujeres, compartían las siguientes consideraciones:

“Es un hecho documentado y de conocimiento público, las reiteradas denuncias de malos tratos, bajo presupuesto, falta de personal idóneo, falta de supervisión estatal y poca transparencia con que se manejan las instalaciones donde depositan a seres que reclaman respeto a su dignidad humana, protección contra toda forma de discriminación y violencia por motivos de la edad, sexo, orientaciones sexuales, discapacidad, raza, religión y etnicidad”.

Agregaron que hasta la fecha no hay un abordaje transversal, interseccional e interinstitucional (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Cancillería, Defensoría del Pueblo) transparente y de derechos, como respuesta del Estado.

Además hicieron un llamado al Estado panameño sobre las denuncias surgidas en los últimos meses sobre los llamados albergues o instituciones de protección para niños, niñas y adolescentes para que en el caso del Ministerio Público se dé un informe a la ciudadanía sobre las medidas que han adoptado en relación a las ocho denuncias que interpuso la exdirectora del Senniaf desde junio del 2020; y además se explique cómo se articulará con la nueva investigación de oficio que se anunció el día viernes 12 de febrero.

También solicitaron un informe de cuántas medidas de protección a víctimas han tomado para impedir revictimización y coacción a denunciantes, especialmente en los casos donde se mencionan a niños en condición de discapacidad y rindan cuentas sobre estas investigaciones para lo que piden una reunión lo antes posible con la Defensoría del Pueblo, la Senniaf y organizaciones de Derechos Humanos.

En relación a la Senniaf solicitaron a la Asamblea Nacional que identifiquen los nombres de los centros denunciados; la cantidad y tipo de abusos que se deben de investigar y se adopten las medidas administrativas que la ley contempla.

En ese mismo sentido solicitaron a la entidad encargada de velar por los derechos y protección de los niños que rindan cuentas a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil para transparentar su debida diligencia en esta investigación y no presumir que cuenta con vínculo con la sociedad civil en su Consejo, cuando hay representantes que son funcionarios públicos y otros que tienen conflicto de intereses.

En este mismo orden solicitaron que se fortalezca y potencie en clave de urgencia la recién creada Unidad de programas terapéuticos en la Senniaf para atender cualquier tipo de casos de abusos contra los niños, niñas y adolescentes en cualquier esfera.

Mientras a la Asamblea Nacional también les pidieron que presente cuanto antes un verdadero Informe técnico con datos verificables; y no politizar esta situación para abrir la puerta a poderes ocultos que pretenden apoderarse de la institución como botín para nombramientos de copartidarios no idóneos, tal como aseguran ocurrió en la Defensoría del Pueblo.

La Red de Derechos Humanos de Panamá también solicitó la aprobación de un presupuesto adecuado para que la Senniaf pueda realizar su trabajo de protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

En relación a la Defensoría del Pueblo le pidieron fortalecer y dar todo su respaldo al Mecanismo para la Prevención de la Tortura que fue creado para dar seguimiento a los albergues o centros para la protección de los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y centros penitenciarios.

Finalmente, dada la persistencia del problema durante diversas administraciones y la ausencia de credibilidad y de respuestas rápidas, manteniendo las condiciones de riesgos y violencia para niños, niñas y adolescentes en centros de protección, pedimos con urgencia al Ejecutivo que invite al país a una delegación de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Para este organismo esta es la forma más idónea de proteger los derechos tanto de la niñez recluida en centros de protección, como a las personas adultas mayores en similares condiciones y enfrentar la desconfianza que existe en nuestras instituciones encargadas de investigar estas situaciones.

Mientras Aliados por la Niñez y la Adolescencia, una organización conformada por unas 35 organizaciones sin fines de lucro, se unió este 13 de febrero a las voces que claman una investigación sobre lo que denominaron "serios señalamientos de graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes''.

En un comunicado de seis puntos la organización que tiene entre sus miembros organismos sin fines de lucros, empresas privadas y organismos internacionales, instaron al al Ministerio Público y a las autoridades llamadas a brindar protección a la poblaciòn infantil y adolescente en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social a realizar todas las investigaciones y procesos pertinentes para determinar responsables, reparar daños y restituir los derechos a las víctimas.

Mientras, un comunicado de la Senniaf, en relación estas denuncias de maltratos, abusos e irregularidades en varios centros de protección o albergues, reafirmó su compromiso de garantizar el bienestar basado en que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales y que el niño por falta de madurez física y mental necesita de protección y cuidados especiales, lo que incluye la debida protección legal.