Titulación de tierras, TPC y PADE: los desvelos del sector agropecuario

Ciudad de Panamá, Panamá/En el país se hace necesario fijar un tope en el precio de las tierras agropecuarias, para detener el abuso al momento de su titulación, sostiene la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan).

El gremio afirma que durante el gobierno de Laurentino Cortizo, al momento de solicitar que se formalizara la titularidad de las tierras de los ganaderos y agricultores en derecho posesorio, el administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) “impuso el criterio de un buen corredor de bienes raíces”, ya que al interpretar la ley “él podía establecer el valor que se le antojara, incluso asumiendo que el ganadero la titulaba porque la iba a vender”.

Al respecto, no se pudo obtener la versión del administrador general de la Anati, José Gabriel Montenegro.

Ovidio Saavedra, presidente de la Anagan, insistió en que se hace necesario modificar el artículo 114 de la Ley 37 de 1962 para establecer el precio máximo de la tierra en derecho posesorio, así como la desburocratización de la Anati.

El referido artículo señala que “La Comisión de Reforma Agraria, tomando en cuenta la cantidad de tierras de propiedad del solicitante, fijará los precios de venta de las tierras estatales que venda mediante los reglamentos de clasificación de tierras que adopte, pero el precio de venta a título oneroso no podrá ser menor de seis balboas (B/.6.00) por hectárea, valor que servirá de base para la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad”.

Es absurdo, dijo Saavedra, que se evalúe un inmueble bajo el derecho posesorio al momento de titularlo con la metodología de la fijación del valor catastral, ya que se trata solamente del trámite para legalizar el derecho sobre la tierra que tiene el productor.

La propuesta de los ganaderos se dio esta semana durante un encuentro con los candidatos presidenciales, una iniciativa que por separado también desarrolló la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip) y que el próximo 27 de marzo realizará en la provincia de Chiriquí la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas.

Mientras que en su encuentro los ganaderos plantearon, entre otros aspectos, la necesidad de lograr una ganadería rentable y competitiva en el marco de la economía de mercado, los avicultores reiteraron la urgencia de renegociar el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, lo que hasta el momento han negado las autoridades de la nación norteña, alegando que Panamá lo que debe hacer es potenciar el tratado.

Para los avicultores, la amenaza que representan los muslos y encuentros de pollo procedentes de Estados Unidos, que los venden en menos de 50 centavos, muy por debajo de lo que cuesta producirlo, llegan al mercado nacional literalmente “dumpeados (sic)”.

Luis Carlos Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip), puntualizó que eso le hace un daño enorme a la producción nacional, desplazando y destruyendo los empleos y la forma de vida de cientos de familias panameñas.

Añadió que dentro de menos de 5 años la apertura total del mercado a las importaciones provenientes de Estados Unidos entrará con fuerza, “debilitando gravemente nuestra capacidad como país, para garantizar la producción de los pollos y huevos, y demás productos sensitivos, que nuestra población consume”.

De acuerdo con el TPC, firmado en junio de 2007 y que entró en vigencia en octubre de 2012, el arancel del cuarto de pollo, conocido popularmente como “muslo encuentro”, pasará este 2024 de 195% a 162%, para quedar en 0% en 2029.

Castroverde explicó que los 7,568,988 kilogramos de productos que llegan congelados al país, después de varios años de estar almacenados, son descongelados, manipulados, troceados y reempacados, violando abiertamente la normativa sanitaria panameña, ante la inacción de las autoridades de Salud, a pesar de que todas las semanas la Anavip presenta las denuncias.

Ante esta situación, los avicultores le solicitaron a los candidatos presidenciales que se apliquen las legislaciones que sancionan las prácticas ilegales, como es importar carnes y pollos congelados para venderlos al detal descongelados, violando las normas sanitarias.

En tanto, todo parece indicar que el objetivo principal de los productores de Tierras Altas en el encuentro del próximo 27 de marzo será tratar de comprometer a los candidatos presidenciales para “defender” la recién aprobada ley sobre Política Agroalimentaria de Estado (PADE), que los productores llaman la ley del “PADE…spués”, y que según la actual administración “blindará” al agro durante los próximos 25 años.

Tan solo esta semana, el presidente Laurentino Cortizo se adelantó y solicitó a las próximas administraciones que respeten y den seguimiento a la citada ley, de la cual dijo fue una norma construida de abajo hacia arriba.

Sobre el tema, un comunicado del comité organizador de lo que Tierras Altas ha denominado “Debate presidencial del sector agropecuario”, manifiesta que “es importante destacar que este evento no se trata únicamente de un debate, sino de un momento decisivo en el cual los aspirantes a la presidencia se comprometen con los productores y consumidores a garantizar el seguimiento y cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado”.

En días pasados, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, entregó un automóvil a los miembros del Consejo de seguimiento y cumplimiento del PADE, además de artículos de oficina que, según dijo, “ayudará a las labores en todo el país”.

Este consejo está conformado por 27 miembros, de los cuales 19 representan a la sociedad civil.