Sin tecnología y apoyo, la producción de arroz nacional se enfrenta a un futuro incierto

Ciudad de Panamá, Panamá/Se quema. Durante los últimos años, la producción de arroz en el país ha quedado huérfana de tecnología, con pocas semillas de calidad, afectada por un control de precios que trajo más perjuicio que beneficios, además de una compensación económica que propició que los arroceros se durmieran en sus laureles.

Alfredo Bethancourt Sánchez, expresidente de la Federación Nacional de Arroceros de Panamá y productor del grano en la provincia de Coclé, asegura que el 2025 encuentra a los productores del grano más consumido por los panameños -una ingesta anual per cápita de unos 70 kilogramos (154.32 libras)-, desprotegidos ante un futuro cada vez más incierto.

Hasta el momento solo cuentan con la certeza de que les espera la desgravación arancelaria pactada en el Tratado de Promoción Comercial  (TPC) con Estados Unidos, que este año llega a 54% para bajar vertiginosamente a 45% en el 2026, a 36% en el 2027, a 27% en el 2028, a 18% en el 2029 y a 9% en el 2030, para establecerse finalmente en el 2031, o sea, dentro de seis años, a 0%.

Otra realidad que les aguarda es que, a partir del 30 de abril próximo, la administración de José Raúl Mulino terminará con la compensación o subsidio de $16 que recibían de parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Esos $16, sumados a los $17 por quintal que les pagaban los molinos, hacían un total de $33 que percibían por cada quintal vendido a la industria.

“Para este año se vaticina que el promedio de pago que recibirán los productores estará entre $24 y $25 por quintal”, dijo una fuente del sector molinero que prefirió mantener su nombre en reserva, quien agregó que “los molinos están en libertad de pagar lo que consideren”.

Se informó que los molineros también han extremado sus medidas de calidad para hacer efectivos los descuentos por humedad e impureza en los granos.

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Arroceros consultados dijeron que la compensación les permitía paliar el alza en los costos de producción, que para la siembra de arroz en secano, dependiente de las lluvias, fue en la última siembra de unos $2,500 por hectárea, mientras que para el arroz sembrado bajo riego representó $3,000 por hectárea.

En el país, un 80% de la producción arrocera se siembra en secano y el resto bajo riego, lo que le permite a este último obtener una mejor calidad y rendimientos más altos.

La producción de arroz bajo riego se da con mayor énfasis en la provincia de Coclé, manifestó Bethancourt, quien añadió que “si no hay alguna medida de ayuda a los productores, que podría ser, por ejemplo, mediante la exoneración en el costo del combustible, en los repuestos agrícolas o en las maquinarias, serán muchos los que dejen la actividad”.

Cuando en junio de 2007 se pactó el entonces llamado Tratado de Libre Comercio bajo el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), se acordó que se crearía una ley de transformación agrícola tendiente a tecnificar a quienes podían hacerlo y ofrecer la posibilidad de emigrar hacia otros rubros a los que así lo quisieran.

Pero con el tiempo, mediante un decreto se sacó a los arroceros del mencionado plan de transformación agrícola, quedando la mayoría sin acceso a nuevas tecnologías.

Luego, la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) impuso un control de precios sobre el grano de primera que supuestamente debería costarle al consumidor 40 centavos la libra, lo cual nunca sucedió, pues el cereal prácticamente desapareció del comercio.

Pese a las protestas de los arroceros y de los consumidores, debido a la inexistencia del arroz de primera, la medida fue prorrogada por el gobierno de Laurentino Cortizo hasta el final de su mandato, el 30 de junio de 2024.

Las falencias del sector también pasan por la escasez de semillas certificadas que hoy día alcanzan precios descontrolados de hasta $100 el quintal.

Por ello, una gran mayoría de productores continúa utilizando las llamadas “semillas de tambucho”, que, de tanto utilizarlas año tras año, se van degradando genéticamente, afectando el rendimiento de las plantas y convirtiéndose en caldo de cultivo para albergar y diseminar hongos o bacterias que atentan contra la producción nacional del grano.

Igualmente, la división tocó las puertas del sector cuando, en marzo de 2024, a escasos dos meses de dejar el poder, Cortizo creó la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fedagrapa), presidida por Arnulfo Morales, como contrapeso a la Federación de Productores de Arroz y Granos Básicos de Panamá (Fedagpa), bajo el mando de Gabriel Araúz Jiménez.

Al referirse al futuro de la producción de arroz en el país, con anterioridad Araúz Jiménez aseguró que “está bien difícil”, ya que el endeudamiento de los productores se agrava, y como si fuera poco se enfrentan a la liberación de aranceles, “que dará la estocada” final.

Ahora, con el aval del actual ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, la nueva asociación propuso establecer una mesa técnica del arroz para supuestamente “analizar los factores que afectan este sector y buscar las alternativas que permitan la subsistencia de este grano, garantizando la producción en 2025”.

Preguntado al respecto, un miembro de dicha mesa técnica comentó bajo reserva que hasta el momento en nada se ha avanzado y que el tema del cereal debe tratarse en la cadena agroalimentaria, donde convergen “todos los involucrados en esta actividad”.

La fragmentación, según Bethancourt, también ha contribuido a que se haya descuidado el sector, “y si no retomamos esto, en cinco años el sector arrocero desaparecerá en su totalidad”.