Reacciones tras sanción de Ley que restablece a la Corte facultades para investigar a altos funcionarios

Las reacciones luego de la sanción por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, a la Ley 258 de 26 de noviembre de 2021, que restablece la vigencia de una disposición del Código Judicial, literal b del numeral 2 del artículo 86, y otorga a la Corte Suprema de Justicia facultades para investigar faltas de altos funcionarios no se hicieron esperar.

Uno de los que mostró su sorpresa al desconocer sobre la sanción, fue el abogado Ernesto Cedeño, quien reiteró a TVN-2.com, que esta Ley tiene visos de inconstitucionalidad.

“Esto lo que trata es de endosar algún grado de responsabilidad a la Corte, cuando la Constitución no le da estas facultades, para investigar estos fallos, sino actos que están establecidos en la misma”, enfatizó.

Además, indicó que esto tiende a restringir la labor investigativa del Ministerio Público, a través del procurador de la Administración lo que “es definitivamente censurable”.

Cedeño, que en su momento indicó que si la norma se llegase a sancionar interpondría una denuncia, dijo que esperará a que la Corte se pronuncie al respecto, y que posiblemente la próxima semana estaría interponiendo la denuncia.

Añadió que es lamentable, que el presidente de la República, no haya acusado recibo de la inquietud e incluso el criterio que mostró el procurador de la Administración sobre este concepto.

Quien también se mantuvo firme en su concepto sobre lo expresado sobre la ley en su momento, fue el diputado independiente, Juan Diego Vásquez quien expresó a este medio que esta norma es un retroceso.

“Yo creo que al final vamos a ver en algunos meses, producto de esta ley, los casos que han venido investigando instituciones como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Procuraduría de la Administración, caerse… lo vamos a ver digan lo que digan”, recalcó.

Para Vásquez, esta ley sin duda alguna es una especie de blindaje.

Durante el debate de la Ley en la Asamblea Nacional, Vásquez sostuvo que se verán caer en la Corte Suprema de Justicia investigaciones por amparos de garantías y que se pretende impedir investigaciones que están andando.

La recién sancionada Ley otorga al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la facultad, ajustándose al procedimiento señalado en cada caso, las faltas por delitos comunes o faltas cometidas por los ministros de Estado, procurador General de la Nación, procurador de la Administración.

De igual forma, los miembros de la Asamblea Nacional, el Contralor General de la República, y a los magistrados del Tribunal Electoral, o cometidos en cualquier época por personas que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados en el literal.