Envenenados por dietilenglicol: relatos de una crisis que se agrava

Ciudad de Panamá/Pacientes y dirigente denunciaron que con el traslado del Centro Especializado de Toxicología (CET) la atención se volvió un desastre. La exclusividad y la buena atención desaparecieron, al igual que sus expedientes de seguimiento. La Caja de Seguro Social (CSS) negó las denuncias de los afectados.

Los enfermos están solicitando una reunión con el presidente Laurentino Cortizo para exponerle la mala situación que atraviesan en materia de atención. EL deseo de los pacientes es que los regresen a las instalaciones que ocupaban antes o que en la policlínica de calle 25 les creen un espacio solo para ellos con médicos, insumos y medicinas.

Alto de estatura, de caminar erguido, así era Gilberto Rangel antes de que la ingesta de medicinas de la Caja de Seguro Social (CSS) contaminadas con dietilenglicol, un compuesto de uso frecuente en la industria, destruyera su organismo.

"Estoy hecho leña", dice hoy día un encorvado Rangel a quien incluso le cuesta sentarse en un sillón para comenzar a relatar cómo en los últimos 15 años ha sobrellevado las secuelas del veneno que, disfrazado de medicina, consumió para aliviar un malestar del cual conserva vagos recuerdos.

El calvario que vive comenzó en octubre de 2006 cuando se confirmó el envenenamiento provocado por cuatro medicinas que fabricaba la CSS, pero la agonía, la zozobra y la angustia de que algo no andaba bien comenzó meses antes con una pérdida repentina de peso y un cansancio agobiante.

Pensé que me había contagiado de VIH

Rangel, quien había pasado de manejar autobuses en el Sindicato de Conductores Automotores de La Chorrera a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, cuenta que repentinamente y de manera acelerada comenzó a perder unas 300 libras de peso. Para ese entonces se le hizo habitual escuchar a sus amigos y conocidos preguntarle qué le pasaba o si estaba enfermo.

La pregunta solo aumentaba la angustia de lo que vivía este hombre que no tenía ni fuerzas para levantarse de la cama, asearse e irse a buscar el “busito” que lo trasladaba desde La Chorrera hasta la sede de su trabajo como almacenista en el Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Panamá.

Mi mente sabía que yo tenía que levantarme para ir a trabajar, pero mi cuerpo no me respondía para poder pararme. Llegó el momento en que yo no sabía qué hacer. Todo el mundo me preguntaba por qué estás tan flaco, por qué estás tan desmejorado. Siempre recibía comentarios respecto a mi aspecto”, cuenta.

Su aspecto físico comprometía su estado mental. En busca de una respuesta a lo que le estaba ocurriendo comenzaba a sospechar que a lo mejor se había infectado del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o peor, tenía un cáncer terminal. “Cuando manejaba bus era un super bandido”, confiesa.

La respuesta de su padecimiento llegó de la mano del médico que atendía la clínica del Ministerio de Obras Públicas, quien lo mandó a buscar con un carro de la institución para entregarle una orden para un examen de sangre urgente en la policlínica de la Caja de Seguro Social Presidente Remón de Calle 17.

Rangel relata que la orden para hacerse el examen no le extrañó, pero sí que le dijeran que el carro que lo había recogido lo llevaría y lo regresaría a la clínica de la institución para la cual trabajaba. “Un buen día yo estaba en mi trabajo, yo trabajaba en el almacén del Ministerio de Obras Públicas. Llega un carro y el conductor me dice que el doctor de la clínica que funcionaba en la institución me mandó a buscar porque quería verme. Cuando llego me entrega una orden para hacerme un examen de sangre urgente en la policlínica del Seguro de calle 17. Siempre que te mandaban este tipo de examen lo hacías por tu propia cuenta, pero esta vez la orden era esperar los resultados y regresar a donde el doctor. La zozobra ya me acompañaba y el hecho de que me mandaran en un carro con viaje de regreso aumentó el miedo.

“Estás envenenado” le escuchó decir al médico al revisar el resultado del examen. Rangel en ese momento comprendió que toda la prisa por la prueba era para confirmar la sospecha de que él, al igual que varios de sus compañeros de trabajo, estaban enfermos por el consumo de las medicinas alteradas con el químico industrial. "Varios habíamos caído", expresa.

Aunque el hallazgo lo liberó de la angustia de pensar que portaba el VIH o tenía cáncer, no tuvo un efecto positivo en su ánimo, tampoco las palabras del nefrólogo César Cuero que al momento de atenderlo le dijo que estaba vivo, porque su historia clínica lo mostraba como un hombre sano. “Yo era un toro. Solo sufría de la presión”, comenta con un dejo de orgullo en la voz.

A la súbita delgadez de Rangel se le unió un principio de infarto, la disfuncionalidad de un riñón y cayó en un severo estado de depresión. “Era como si estuviera muerto en vida”, dice.

Regresando a tener control sobre su vida

Como no podía sostener su largo cuerpo, a Rangel lo refieren a Medicina Física y Rehabilitación. “Estoy torcido, aunque ahora mi corazón está normal”, señala con voz firme el hombre que luce impecable con su barba rasurada y la ropa bien planchada.

No obstante, antes de llegar a Medicina Física y Rehabilitación su voz y su aspecto eran todo lo contrario. Se había dejado crecer la barba, no por el gusto de lucirla, sino porque se había tirado al abandono e igual ocurría con su vestimenta.

Su aspecto debió ser tan desagradable que durante una cita con la fisioterapeuta recibió un llamado de atención. “Gilberto, la próxima vez que vengas a atenderte conmigo no quiero verte así. Yo no sé con quién estás en casa que no te dicen nada”.

Tampoco era que su familia no estuviera pendiente. Le hablaban de su aspecto, pero no hacía caso. No tenía ánimo para vestirse o afeitarse, pero la oportuna intervención de la fisioterapeuta lo rehabilitará física y emocionalmente.

Hoy forma parte del grupo que lucha porque los sobrevivientes del envenenamiento masivo tengan una mejor calidad de vida, buen trato y atención en las instalaciones sanitarias.

“Dura de matar”

Los hijos de Iris Rodríguez le dicen a su mamá que ella es “dura de matar”, como referencia a todos los padecimientos que esta ex trabajadora del Banco Nacional de Panamá se le han presentado desde que ingirió el veneno camuflado en las medicinas de la CSS para mejorar el contagio de una bronquitis.

Pese a todos los males que le está provocando el lento recorrido del veneno en su organismo, Rodríguez no deja de luchar por mantenerse viva y por los derechos de pacientes que al igual que ella están afectados por el consumo de medicinas intoxicadas de la Caja de Seguro Social, aunque cada vez son menos.

Sus riñones dejaron de funcionar a raíz del envenenamiento. Primero se hacía diálisis peritoneal. Ahora se conecta a una máquina para limpiar de toxinas su cuerpo. "Esto es algo que yo le pregunto al doctor que me atiende en Punta Pacífica, que yo no sé qué era esto (el veneno), porque cada día como que nos come más el cuerpo, las piernas, los dolores, los vómitos, las diarreas. Eso no se quita. Es permanente. Desaparece por una o dos semanas, pero regresa”, comenta.

Rodríguez cuenta que siente que algo le avanza por el organismo “últimamente rápido” y lo atribuye a las dificultades que están pasando para recibir atención médica especializada. Sus riñones no son los únicos órganos que dejaron de funcionar normalmente en esta mujer que sobrevive no solo a los estragos del dietilenglicol, sino también a un contagio de la Covid-19 que adquirió dentro de su vivienda. A la lista se suman el hígado, el estómago, el sistema neurológico, los dolores de cabeza producto de un aneurisma y los pulmones, actualmente llenos de agua.

“Ahora tengo el problema de dolores de cabeza por el aneurisma. Estoy tomando unos medicamentos que me recetaron, pero los tengo que comprar porque en las farmacias de la Caja de Seguro Social no hay. Cada una me cuesta tres dólares con 50 centavos. Antes me inyectaban la cabeza”, relata Rodríguez.

A la compra de estas medicinas se le unen las citas en las clínicas particulares de los médicos especialistas que los atendían en el Centro Especializado de Toxicología que funcionaba en la policlínica Presidente Remón de calle 17, el cual lo cerraron en esta administración y lo trasladaron a la policlínica Dr Manuel Ferrer Valdés de calle 25 del corregimiento de Calidonia.

Traslado del Centro Especializado de Toxicología

Rangel y Rodríguez denunciaron que el traslado del Centro de Toxicología agravó sus padecimientos porque dejaron de tener una atención exclusiva en un lugar diseñado solamente para ellos con personal idóneo que le daba seguimiento a sus casos para pasar a un sitio hacinado, donde no tienen ninguna prioridad y a la merced del médico que se encuentre de turno.

Antes nos sacaban las citas y todo. Ahora nos ponen los médicos que ellos quieren, en vez de los que ya nos veían. Entonces hay que ir a buscarlos a sus clínicas y pagar”, comenta Rodríguez.

La atención no es lo único que extrañan desde que se los llevaron para calle 25 porque con las medicinas también comenzaron a tener problemas. Rangel se queja porque o no hay medicinas o demoran mucho en despacharlas y antes no tenían ese problema, mientras, Rodríguez compra todos los fármacos que utiliza para controlar las enfermedades que le comenzaron a aparecer desde que ingirió las medicinas contaminadas, las que incluyen las del control de la presión alta.

“Nosotros no tenemos prioridad ninguna porque nos han dejado como a la deriva. Las autoridades de la Caja de Seguro Social se dedican solo a lo que es el Covid-19 y a nosotros, que somos víctimas de los que ellos nos dieron a tomar, nos abandonaron. La estamos pasando mal. Lo desintegraron todo y votaron todos nuestros expedientes. No aparece nada, nada, nada (…)” , asegura Rodríguez.

Comenta que tiene muchos problemas, “demasiados”. Asegura que en los últimos meses ha estado tan enferma que los médicos no le daban pronósticos de recuperación a sus hijos, pero se levantó y sigue luchando. “Usted es dura de matar”, señala que le dicen sus hijos.

Rangel, por su lado, añora las veces en que llegaba al Centro Especializado de Toxicología sin hacer cita para recibir atención. El trato que les dispensaban los funcionarios que los conocían, en vez de la impersonalidad que reciben en la policlínica de calle 25, donde son tratados como pacientes comunes y silvestres.

Lo que más le entristece a Rangel es que el Centro Especializado de Toxicología lo trasladaron de policlínica sin el consentimiento de los pacientes que lucharon para que no pasara, pero “no hubo poder humano que detuviera la decisión”. Rangel asegura que el traslado provocó que muchos enfermos dejaran de atenderse en calle 25 porque lo que escuchaban eran frases como “no vayas allá”, “Allí me pegaron el Covid”.

Una solución que se convirtió en un problema

El presidente del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, Gabriel Pascual, confiesa que respaldó la decisión de trasladar el Centro Especializado de Toxicología hacia la policlínica de calle 25, entre otros aspectos, por las facilidades de transporte que ofrecía. A pocos minutos de la policlínica hay una estación del Metro de Panamá y una zona paga del Metro-Bus.

Pascual reconoce que esta buena intención se convirtió en un “desastre” para los pacientes, porque no hay una independencia en la atención, sino por el contrario una total dependencia de la policlínica, lo que no ocurría cuando el Centro Especializado de Toxicología funcionaba en calle 17.

El dirigente indica que esta situación agrava los padecimientos de estas personas que durante la pandemia de la Covid-19 enfrentan el alza del costo de la vida, la compra de los medicamentos y en algunos casos hasta pagar por las atenciones. Difícil si se toma en cuenta de que muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos mínimos para enfrentar estos gastos porque todavía no tienen acceso a la pensión que les corresponde.

Pascual expresa que una prueba de esto es que a la fecha existen aproximadamente 1,000 expedientes en el Ministerio de Salud pendientes de análisis y consideración para garantizar el derecho que tienen los afectados a la pensión. “Hay una comisión evaluadora que la conforman el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social que no han cumplido con el papel que les corresponde. Ellos emitieron algunas resoluciones negando el beneficio a las víctimas, las cuales carecen de fundamento jurídico y legal, un comportamiento que deja en evidencia realmente el deseo de no querer resolver esta situación”, indica Pascual.

La lucha por lograr esta certificación los ha llevado en repetidas ocasiones a insistir con las autoridades de la CSS y el Ministerio de Salud porque una comisión evaluadora no puede estar por encima de una ley. “Así se lo hemos dicho al Ejecutivo”, sentencia Pascual.

Agrega que existen expedientes que certifican que las personas están afectadas y ahora los miembros de la Comisión Evaluadora no los quieren reconocer, lo que viola la norma en materia del dietilenglicol y hasta la Constitución Nacional.

Los números que maneja Pascual son trágicos si se compara con los padecimientos que tienen Rangel y Rodríguez, los cuales no deben ser ajenos a los que esperan por la pensión. “Hay mil expedientes pendientes, 329 en reevaluación y más de 700 casos nuevos que están esperando por una respuesta desde el pasado 2015, luego del cierre de la Fiscalía Especial en 2013 y la Unidad de Investigación en 2015”, informa Pascual.

“Actualmente también hay 1,038 personas cobrando una pensión, es decir, que de una forma u otra están afectadas. Hay otro grupo de personas certificadas que murieron, pero como no tenían hijos menores de edad o adultos con alguna discapacidad, esposos o esposas no existe asignación de pensiones. 500 casos de fallecidos reconocidos legalmente. 1,600 certificados entre 2007 y 2013 de los cuales 1,400 cobran una pensión. Menos de 60 cobran pensión como dependientes”, señala Pascual.

La pensión es otro tema del que está pendiente Rangel, quien asegura que la deben fijar en 1,500 dólares, pero Pascual asegura que el compromiso es revisar cada dos años, o sea, que no existe un monto total. "En la pasada administración lograron llevarla de 600 a 800 dólares, pero en esta todavía no llegaron a concretar una reunión con las autoridades que le deben dar una respuesta sobre este tema", sostiene.

CSS responde

El panorama que muestra la Caja de Seguro Social difiere por mucho con las denuncias de falta de atención o atención inadecuada que hicieron Rangel, Rodríguez y Pascual. Francisco Portillo del Centro Especializado de Toxicología respondió que la medida de traslado surge luego de una evaluación en atención a las solicitudes recibidas de los dirigentes de pacientes de dietilenglicol de las diferentes agrupaciones que enviaron notas con varias peticiones a la Presidencia de la República, Ministerio de Salud, Dirección General de la Caja de Seguro Social - Junta Directiva de esta última institución.

Después de un análisis, se dialoga y se buscan las mejores alternativas haciendo los cambios correspondientes, ante las peticiones sugeridas y se procede con mejorar y ampliar la atención de los servicios médicos brindados a los pacientes del Centro Especial de Toxicología, asegura Portillo.

Agrega que en la actualidad los pacientes que son atendidos en el Centro Especializado de Toxicología, reubicado de la policlínica Presidente Remón (calle17) a la Manuel Ferrer Valdés (calle 25) reciben una atención directa y especializada de parte de esta unidad ejecutora y el equipo médico, el cual cuenta con más de 10 especialidades.

También advierte que la nueva ubicación del Centro Especial de Toxicología cuenta con más accesibilidad (a pocos pasos de la Estación del Metro, la parada de buses e incluye estacionamientos más próximos para facilitar la llegada y salida de los pacientes). Es una zona más céntrica, segura, custodiada y que ofrece las condiciones apropiadas para las atenciones médicas.

Portillo sigue enumerando ventajas y señala que el horario de la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés (calle 25) es más flexible, salvaguardando y garantizando la adecuada calidad de atención e incluyendo los servicios que requieren los pacientes. Por ejemplo, se amplían los servicios de urgencias, laboratorios, amplia infraestructura y cuenta con mayor número de especialidades.

A diferencia de lo que denuncian pacientes como Rangel, Rodríguez e incluso el dirigente Pascual, Portillo asevera que el trato hacia los pacientes que son atendidos en el Centro Especial de Toxicología de la Caja de Seguro Social continúa siendo preferencial en la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés.

De hecho, indica que cuenta con un área exclusiva de seis consultorios (2 de Medicina General, 1 de Psicología, 1 de Psiquiatría, 1 consultorio virtual de Fisioterapia, 1 consultorio de la Coordinación) en donde sólo se les atiende a ellos. Adicionalmente cuentan con un área de Registros Médicos, exclusiva para ellos en donde pueden realizar sus trámites de citas y demás.

Un aproximado de más de diez especialistas forman parte del equipo médico que brinda la atención a los pacientes del CET. Esta atención incluye un oficial de atención al asegurado que brinda asesoría y gestión en las solicitudes que realizan. Esta área se encuentra en el tercer piso de la policlínica, es la más nueva y acondicionada con consultorios amplios, renovados y que fueron preparados para su atención, antes de trasladar el CET hacia la calle 25. Además, en el caso particular de farmacia de la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés (calle 25), esta maneja el doble de renglones de medicamentos que la farmacia del CET que estaba ubicada anteriormente en calle 17. Ahora los pacientes cuentan con una ventanilla exclusiva señalizada para registrar e ingresar sus recetas sin necesidad de realizar largas filas”, asegura Portillo.

Las explicaciones de las autoridades de la Caja de Seguro Social no terminan de convencer a Rangel, Rodríguez y el resto de los afectados por el consumo de las medicinas envenenadas. "Una cita con el presidente Laurentino Cortizo es a lo que aspiran los enfermos", que en el caso particular de Rodríguez no descarta conseguirla amarrándose con cadenas en la entrada de la Presidencia de la República.