¿Qué significaría para Panamá perder el grado de inversión?

Ciudad de Panamá/Los mercados no están preocupados, al menos por ahora. Eso dicen las tres mayores calificadoras del mundo: Fitch, Moodys y Standard & Poors (S&P) sobre la calidad y el riesgo de la deuda panameña en general. Y a pesar de las últimas rebajas en las perspectivas, el país todavía mantiene el grado de inversión que conquistó en 2010, hace 11 años.

Aunque no todo es color de rosa. Los reportes también aluden a expectativas muy concretas que debe cumplir el país para que este panorama no cambie: crecer al menos 9% este año y reorganizar las finanzas para cumplir con la disciplina fiscal, entre otras cosas.

Pero el optimismo es algo muy efímero cuando llega la hora de pagar las cuentas. Panamá ha tenido 11 años de luna de miel en los mercados internacionales. Incluso cuando los otros países se abstenían —más cautelosos— de emitir deuda durante la pandemia, el gobierno de Cortizo salió a los mercados sólo para regresar aún más confiado en el apetito que tienen los bonos panameños entre los inversionistas.

Solo en los dos años que tiene la administración Cortizo, el gobierno ha colocado 11,636 millones de dólares entre bonos y notas del Tesoro, más que cualquier otro presidente desde la era de Pérez Balladares. El pasado gobierno de Juan Carlos Varela emitió 9,083 millones de dólares que aún están por saldar, más del doble que su antecesor Ricardo Martinelli, quien estrenó el auge inicial del grado de inversión logrado por el país emitiendo 4,182 millones. Del saldo actual de bonos que debe Panamá, otros 3,014 millones fueron emitidos durante la administración de Martín Torrijos; otros 1,926 millones corresponden a emisión en el gobierno de Pérez Balladares, y 312 millones atribuibles a la administración Moscoso, el gobierno que dejó el menor arrastre al menos en este aspecto.

El total de la deuda pública al 30 de junio ascendió a 39,684.4 millones. De ese total, más de la mitad (59.2%) está en bonos globales cuyos vencimientos oscilan entre 2023, 2024 y 2025 los más cercanos, hasta 2053, 2056 y 2060 los más lejanos. El rendimiento promedia el 3%, siendo los más antiguos —los emitidos por el gobierno de Pérez Balladares— los de mayor variación entre el precio de emisión y el precio actual (ver gráfica). En otras palabras, la deuda más vieja es la que más va pesando en el presupuesto.

Estos casi 40 mil millones de dólares de deuda no incluyen las emisiones del sector financiero ni de empresas públicas que emiten contra activos estatales —como Tocumen o ENA Corredores— y cuya calificación también se vería afectada por la garantía soberana tácita con la que operan.

El Ministerio de Economía y Finanzas defiende la sanidad de las deudas basándose en que más del 80% de la misma está contratada a tasa fija; en las garantías conseguidas para asegurar solidez de la banca privada; en la compra de vacunas para 4.6 millones de personas —toda la población panameña aunque los mismos fabricantes solo recomiendan vacunar a mayores de 12 años por ahora— y en la atracción de inversión privada, que por ahora solo acumula nuevas exenciones fiscales y fotos de apretones de manos. También apuesta a un crecimiento aproximado de 5% este año para empezar a salir de la debacle económica en que ha sumido la pandemia al país. Pero, ¿será esto suficiente?

El riesgo de perder el grado de inversión, que no es otra cosa que tener una mejor calificación crediticia —capacidad de pago— por parte de Moodys, Fitch Ratings y S&P es inminente para Panamá, plantea el economista Ernesto Bazán. “Es más probable que se pierda a que se mantenga”, dice.

Panamá podría salir pronto del grupo privilegiado de países que tienen grado de inversión por parte de las tres calificadoras, condición que comparte con Perú, Chile, Uruguay y México. Colombia estaba bien calificada por las tres, pero a inicios de este año perdió el grado de inversión por una de ellas, explica Bazán, al tiempo que aclara que todos los países —aún sin grado de inversión— tienen acceso a financiamiento; la diferencia está en que mientras más alta sea la calificación, mejor será la calidad crediticia y mayor la cantidad de interesados en prestarle fondos. Añade que también la pertenencia al grupo selectivo baja el costo del endeudamiento del país. El umbral básico que divide a los países que tienen grado de inversión de los que no es el nivel especulativo de su economía.

Para el investigador del CIEPS y economista Javier Stanziola, perder el grado de inversión afectaría a muchísimas personas. “Hay estudios que indican que la pérdida de hasta un solo nivel en el grado de inversión puede representar la pérdida de 0.3% de la actividad económica”, lo que traduce “en unos 20 millones de dólares anuales que dejarían de circular en la economía panameña”. A ese cóctel, Stanziola añade menos compras, menos empleos, menos ímpetu de inversión, menos inversión extranjera directa y tasas de intereses más altas.

Un cóctel que es una bomba de tiempo. El gobierno está saliendo a los mercados para financiar gastos, no inversiones. Gastos que Bazán califica como superfluos: planilla abultada, consultorías, “influencers”, publicidad, remodelación de oficinas, etc, etc, todo en medio de un panorama de baja recaudación y un déficit incontrolable.

“Las bajas en la perspectiva (por parte de las calificadoras) son señales que deben ser interpretadas como alertas para modificar la hoja de ruta del manejo de las finanzas públicas: implementar una política de menor gasto público. No es momento de generar mayores impuestos y las empresas están muy afectadas”, advierte Bazán, quien llegó a Panamá en 2007 procedente de Perú, “cuando en Arraiján no llegaba el agua”. Y hoy —dice— 14 años después, todavía no llega el agua potable ininterrumpidamente… “en el país con el PIB per cápita más alto de toda la región, ¡imagínate!”.

Y es que, entre los riesgos de perder el grado de inversión, será el riesgo social el que pesará más. Stanziola, del CIEPS, explica que el reto de cualquier gobierno sin la capacidad de diseñar políticas macroeconómicas y que depende tanto de estos grados de inversión, es encontrar “el balance entre enfocarse a la vez en los indicadores que les importan a las calificadoras y en el impacto social y ambiental de estas imposiciones”.

El panorama es incierto, y la incertidumbre —casi siempre— ahuyenta la inversión.

¿Hasta dónde se podrá arropar el país con el grado de inversión alcanzado en 2010? Según Bazán, las cosas se pudieron haber hecho mejor, asegurando tasas bajas para emisiones mucho más duraderas, incluso hasta por 100 años, algo que “todavía el gobierno está en la capacidad de hacer”.

Por otro lado, Stanziola teme que la austeridad que piden las calificadoras se traduzca en más pobreza y mayor desigualdad. Y que para “mantener el grado de inversión, Panamá necesite reducir el gasto, incrementar impuestos o los dos”. En esa ecuación —analiza el economista— los impuestos más fáciles de implementar son los que afectan a los consumidores, mientras que la inversión más fácil de reducir es la que beneficia a los más vulnerables.

Y a diferencia de los mercados, es justo a los más vulnerables —como a los que no les llega el agua en Arraiján— a quienes debe preocupar la escalada de una deuda que no está resolviendo los problemas más básicos de la población.