Senniaf y el caso de los albergues, entre los datos presentados por Unicef en 2018 y la falta de protección

La falta de fiscalización dentro de albergues que están bajo el paraguas de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) acabó estallando uno de los mayores escándalos de abusos y maltratos en la última década. El problema no era desconocido, debido a que en el 2018 se presentaron datos sobre la situación de los niños en Panamá.

La situación ha levantado un abanico de opiniones en la sociedad, generando más cuestionamientos que respuestas sobre el manejo de estos lugares, sus condiciones, cómo están estructurados, quiénes son los encargados de cuidar de niños que ingresan a estos centros con traumas, pero sobre todo en qué falló el Estado panameño que no garantizó el bienestar de estos menores y se permitieron tales abusos.

Los escabrosos hechos revelados por la subcomisión de la Mujer, la Niñez, la Adolescencia y la Familia de la Asamblea Nacional, deja en evidencia la falta de una política de Estado dirigida a salvaguardar los derechos de los menores de edad, su buen desarrollo y la oportunidad a un mejor futuro una vez son sacados de las calles o de un seno familiar con problemas de violencia.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), actualmente, en Panamá no hay un sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia. Aunque hay una serie de instituciones con responsabilidades específicas que tutelan los derechos de los niños, pero no coordinan entre ellas. “La protección judicial de la niñez es insuficiente para abordar de modo preventivo el abuso de los niños y niñas en los albergues”.

Unicef apuntó a que las debilidades del conjunto de instituciones que tienen a su cargo la protección de la niñez privada de cuidado parental son el resultado de la ausencia de un sistema de garantías y protección integral de la niñez y adolescencia que conecta a las instituciones tanto verticalmente como horizontalmente.

Mientras que, la exlegisladora Teresita Yániz de Arias, quien es defensora de los derechos del menor de edad, considera que en instituciones como la Senniaf y la Secretaria Nacional de Discapacidad (Senadis) es necesario que haya funcionarios idóneos y capacitados para atender esos problemas.

Agregó que, desde la creación de la Senniaf en 2009, cada cinco años, cada gobierno procede a deshacerse de todo el personal que ha estado en la institución y eso no es correcto, porque son secretarías técnicas que requieren de profesionales que sepan lo que están haciendo como psicólogos, trabajadores sociales y personas que conozcan sobre las leyes de la niñez.

“Esas secretarías, en especial la Senniaf no puede ser un botín político, no puede ser que cada cinco años todo el personal que está allí simplemente es despedido porque hay que cumplir con las cuotas políticas que se tienen”, indicó Yániz de Arias.

La exlegisladora resaltó que los albergues no son lugares donde los niños van a pasar una temporada de vacaciones, sino que estos niños están allí porque han tenido que ser sacados de sus familias para protegerlos, porque tienen una carga de sufrimiento que incluye maltrato físico, abuso sexual, negligencias o abandonos.

Jorge Giannaras, especialista en Política Social de Unicef, considera que los albergues no deben ser la única alternativa que tienen los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, sino que es necesario establecer un programa de hogares sustitutos o familias de acogidas que puede ser organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con supervisión de los hogares por la Senniaf y el apoyo del Comité Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Estrategia de Desinstitucionalización de los Niños, Niñas y Adolescente.

Además, es importante que el Mides verifique que no haya albergues operando sin certificación previa, así como supervisar regularmente los que operan y asegurarse que mantienen la calidad exigida en los permisos de operación, apostando a una certificación estándar para prevenir servicios deficientes.

En Panamá existen 50 albergues que son manejados por organizaciones no gubernamentales, de estos 40 reciben subsidios por parte del Estado a través del Mides, pero, a simple vista pareciera que no existe una fiscalización de cómo están siendo usados estos recursos, y aunque se traten de organizaciones privadas, sobre la Senniaf recae la responsabilidad de velar por la atención de los niños en los albergues y tiene la potestad de supervisar la operación de todos los espacios en los que se albergan menores.

La exdiputada Yániz de Arias manifestó que la Senniaf no ha cumplido con su rol de ejercer una vigilancia sobre la protección de los menores y coordinar con el Mides los programas, presupuestos y que se atiendan las necesidades de los albergues, que son variantes.

“Ni la Senniaf ni el Mides están ahí para comprar juguetes y hacer una fiestecita de vez en cuando, sino para garantizar que estos niños que ya vienen marcados por el maltrato y el abuso tengan una vida protegida y no que cuando alguien diga esto está mal sean despedidos”, señaló Arias.

Mientras que Unicef considera que la política de subsidios debe ser una función estratégica del Estado para atender las necesidades más apremiantes, por eso, los subsidios deben entregarse mediante convenios que detallen con claridad los servicios que entregará el albergue y el detalle del costo acorde con éstos según los criterios técnicos pertinentes.

“El Estado panameño no cuenta ni con un mecanismo para garantizar la prioridad en la inversión pública en materia de niñez, ni con una medición y análisis del gasto público en la niñez, a pesar de que el Comité de los Derechos del Niño

Faltan políticas públicas que protejan al menor

Panamá requiere con urgencia un marco legal sobre la protección del infante, pero, aunque desde el 2007 varias organizaciones defensoras de los derechos del menor han empujado la barca, en la Asamblea Nacional de Diputados parece no haber interés por impulsar estas iniciativas.

Recientemente se elaboró un proyecto de ley de garantías y protección integral de la niñez y adolescencia que responde a las necesidades y desafíos de Panamá, y alineado con las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos de los que el país es signatario, con el objetivo de poner el bienestar de la niñez en el centro del debate y avanzar en la nueva presentación.

Para Teresita de Arias, los temas de los menores de edad nunca han sido de interés dentro de la Asamblea, mientras que los avances que se han logrado son gracias a luchas permanentes. “La ley de protección integral de la niñez se ha parado porque toca cosas que son importantísimas”, sostuvo.

Recomendaciones

La Unicef hizo una serie de recomendaciones que puede adoptar el Estado para evitar que hechos lamentables como el que hoy nos afligen como nación y sociedad no vuelvan a repetirse.

• Adoptar una Ley de la República que consagre un marco de garantías y establezca atribuciones y procedimientos para que las instituciones que tutelan los derechos de los niños operen como un sistema.
• Elevar la calidad de los servicios y atenciones a la niñez y la adolescencia, mediante una inversión pública adecuada y una capacitación especializada de profesionales con una trayectoria de ética e integridad.
• La misma ley debe contener un mecanismo para garantizar la prioridad del gasto público en beneficio de la niñez y la adolescencia.
• La rendición de cuentas del sistema debe ser anual y llevarla a cabo uno de los ministros, en representación del Consejo de Gabinete, siguiendo un marco de indicadores establecido de modo oficial.

Informe de Unicef sobre albergues

Según un estudio de Unicef presentado ante las autoridades panameñas en el 2018, los niños, niñas y adolescentes ingresan a albergues principalmente por Riesgo Social (30.3%) y por época escolar (37.3%). Mientras que la causal de ingreso de abuso sexual marca un 5.6%; el abandono 7.8%; el maltrato un 8.5% y la desnutrición un 6.9%., aunque hay que destacar que no siempre se establece la causa de ingreso.

Este mismo informe destaca que la mayoría de la población acogida es de sexo femenino (57.3%) en comparación con los de sexo masculino (42.7%), de estos 44.1% son adolescentes; seguido por un 38.5% de niños y niñas; y, un 17.5% de infantes.

Mientras que la prevalencia de discapacidad en la población es de 10.0%, intelectual mayormente y solo con diagnóstico médico, no cuentan con certificación de discapacidad emitida por Senadis, parte de esta población son supuestas víctimas de los supuestos maltratos y abusos denunciados.

Además, la prevalencia de VIH es 1% concentrado en pocos albergues con acceso a tratamiento pertinente.

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados se encuentra en condición de protección, solo un 3.0% en condición de adoptabilidad.