Semillas y plaguicidas de contrabando se toman los surcos panameños

Ciudad de Panamá, Panamá/No solo es el grano. El contrabando de semillas y plaguicidas procedentes de Costa Rica y de República Dominicana al parecer ha encontrado terreno fértil en Panamá, aumentando en los últimos meses y causando pérdidas significativas al comercio, a los productores y al consumidor, quien al final obtiene productos agrícolas que no cuentan con ninguna validación nutricional y menos de calidad.

Las simientes fraudulentas ponen en riesgo el patrimonio agrícola del país, mientras que los plaguicidas contienen activos peligrosos y no autorizados, señala la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y Maquinarias (Andia)

El gremio atribuye el incremento del contrabando a la “falta de controles fronterizos y portuarios”, que además de las semillas y de los plaguicidas facilita el tráfico ilegal de animales y de productos agrícolas.

Lucas Sánchez, secretario ejecutivo de la Andia, dijo que existe preocupación entre los distribuidores de insumos y maquinarias, toda vez que se está poniendo en peligro la seguridad agroalimentaria del país.

De acuerdo con Edwin Araúz, presidente de la Asociación de Productores de Semillas de Panamá (Aprosepa), una de las situaciones que incide en el contrabando de semillas, especialmente de arroz, es la falta de variedades en el país.

Por ello, aboga para que el gobierno apoye con más recursos al ahora llamado Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap), para que pueda generar más semillas y en menos tiempo.

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Las semillas contrabandeadas del cereal vienen de la vecina Costa Rica, donde existen empresas que generan diferentes variedades y que por una situación irregular que existe en ese mercado se las venden a los panameños, añadió el presidente de la Aprosepa.

“Los productores nacionales que utilizan esas semillas no tienen a quien reclamarle, por lo que esta es una situación que se maneja con mucho secretismo”, advirtió.

Por un quintal de semilla certificada de arroz, los agricultores locales pagan entre $70 a $80, mientras que las fraudulentas las adquieren por $90 o $100.

De acuerdo con la Analmo, más del 75% de las semillas del grano sembradas en el territorio nacional hace dos años eran contrabandeadas.

Curiosamente, en un país en donde el 90% de la producción arrocera de unas 80 mil a 90 mil hectáreas que anualmente se siembran es en secano, o sea, a expensas de las lluvias, la mayor cantidad de simientes que se generan está destinada para ser utilizada mediante riego, sistema que solo utiliza un escaso 12% de un poco más de mil productores.

“Las variedades que se generan son para riego, por lo que hay muchas que se caen, que no llegan al resto de los productores”, aseguró en el programa radial Sector Agropecuario el expresidente de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, Santiago Esquivel.

Conocedor del tema, el ingeniero agrónomo Saúl Tejedor Casas indicó en su oportunidad que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá y el Idiap han desarrollado y liberado diferentes variedades, “pero que se hayan mantenido en el tiempo es otra cosa, pues existen muchos factores que influyen, entre ellos el clima, que ya no es igual”.

Agregó que actualmente los mejoradores de semillas no tienen el material genético para multiplicarlo, por lo que esta actividad se ha vuelto riesgosa, y cada vez hay menos personas dedicadas a estos menesteres.

Por otra parte, se indicó que el Comité Nacional de Semillas, ente que valida las simientes, no tiene un plan de seguimiento, de manejo para detectar la adaptabilidad regional del material sobre el terreno, pues no es lo mismo sembrar una variedad en la provincia de Darién que en Chiriquí o en Veraguas.

El Comité Nacional de Semillas “no maneja datos confiables y según sus estadísticas hay suficiente material”, dijo un productor de arroz, quien agregó que cuando esa entidad aprueba las variedades “ya los arroceros las han descartado”.

“Esto se debe a que se fugan antes de liberarlas, a que las variedades no se adaptan a las áreas o microclimas y a que las cantidades son muy pocas”, puntualizó.

Sobre los plaguicidas que entran al país de manera ilegal, la Andia sostiene que por su alta toxicidad y falta de regulación “pueden contaminar suelos y cuerpos de agua, además de generar graves riesgos para la salud pública y el equilibrio ecológico”.

Ante esta situación, alegan que “es imperativo” que el gobierno actúe y que los agricultores tomen conciencia del peligro que representa utilizar estos agroquímicos.

En noviembre de 2020, un estudio de Raúl Carranza y Ana María Jiménez, biólogo entomólogo y bióloga-omitóloga, respectivamente, señalaba que en el país se comercializaban 64 plaguicidas altamente peligrosos, aunque contaban con sus respectivos registros sanitarios, pese a estar prohibidos en otras naciones.

Por si fuera poco, ese año el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) autorizó, de acuerdo a sus registros de insumos fitosanitarios, el uso de 75 ingredientes activos de plaguicidas dañinos para la salud.

Estos ingredientes activos están presentes en más de 2 mil 64 productos, entre ellos insecticidas, herbicidas, fungicidas y fumigantes, destacaba la investigación.

“Con actuaciones como esa, la administración de Laurentino Cortizo, Augusto Valderrama y el ministro consejero encaminaron al MIDA y al país hacia una seguridad alimentaria miope, cortoplacista, mediante una ley conocida como PADE...spués, y no bajo un concepto de verdadera protección de los panameños”, afirmó un productor de Tierras Altas, antiguo bastión de defensa de esa legislación.