Revocatoria de mandato: sanción de Cortizo allanaría una posible alianza con el PRD para las próximas elecciones

La introducción de un artículo en el Código Electoral que desbanca la potestad de los partidos políticos para revocar el mandato de los diputados electos bajo su paraguas por y que contravengan la línea del colectivo, revela posibles políticas alianzas de cara a las próximas elecciones.

De acuerdo al analista político José Eugenio Stoute, el PRD calcula que si el expresidente Ricardo Martinelli, fundador de CD y ahora del nuevo partido Realizando Metas, es inhabilitado electoralmente, los diputados de Cambio Democrático harán una alianza electoral con ellos (el PRD). Pero esto –continúa Stoute– sin descartar que si Martinelli quedara habilitado podría negociarse una alianza electoral entre el PRD y Realizando Metas. “Ninguna alianza es descartable por descabellada que hoy por hoy nos parezca”, subrayó.

De esta forma, la sanción por parte de Cortizo de la Ley 776 –aprobada con 42 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención– aseguraría una doble vía por la que el partido oficialista se podría garantizar una futura alianza con el grupo de diputados “rebeldes” de Cambio Democrático, ya sea que éstos se queden en el CD o si saltan hacia RM, sin perder de vista el estatus electoral de Martinelli en 2024.

De concretarse la sanción de Cortizo, la jugada de los diputados impedirá que los 15 miembros de la bancada de CD puedan ser despojados de su curul tras el inicio de un proceso por parte del presidente de CD, Rómulo Roux, que impulsó la revocatoria tras el apoyo que esta facción dio a la elección del hoy presidente de la Asamblea, el perredista Crispiano Adames.

La jugada se puede interpretar como “un intento adicional para fortalecer la coraza de impunidad que ya existe para los diputados y que les permite actuar y enriquecerse descaradamente”, opina el politólogo Carlos Guevara Mann.

La alianza del partido gobernante con facciones del CD y con RM ha sido visible en varias ocasiones pero en ninguna ha sido tan clara como con esta reforma al Código Electoral. En un discurso al inicio de su mandato, el vicepresidente José Gabriel Carrizo enfatizó que su gobierno “dejaría el pasado atrás” y que “gobernaría sin rencores”. Minutos después, Martinelli alabó el discurso de Carrizo en sus redes.

La iniciativa de quitarle a los partidos la posibilidad de revocar el mandato a diputados recibió el apoyo frontal de la bancada perredista en la Asamblea, incluso de algunos diputados por la libre postulación como Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, que inicialmente defendieron la iniciativa bajo la premisa de que la revocatoria de mandato no debe ser ejecutada por el partido político sino por los ciudadanos. Sin embargo el artículo introducido, el 438-A, no hace alusión a los ciudadanos en ninguna parte.

Dicho artículo reza textualmente que “las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los Diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato, ni de expulsión de los Diputados, inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados”.

En palabras de Stoute, dicho blindaje es inconstitucional. Y es que la Carta Magna en su artículo 151 da potestad a los partidos políticos para revocar el mandato de los diputados y sus suplentes por diferentes motivos. Por lo que aún si la Ley pasa la sanción del presidente, podría llegar hasta la Corte y desvanecerse allí, tarde o temprano.

En todo caso, para Stoute esta es otra razón para impulsar con más fuerza una Constituyente, porque –según explica– deben existir dos formas de revocar el mandato a todos los cargos de elección popular: una por parte de los partidos pues “no se puede permitir que siendo elegido por un partido luego (el diputado) se expropie la curul para hacer con ella lo que le venga en gana; y otra por los electores. También plantea que el de Presidente de la República debería de ser el único cargo de elección popular al que se le debería poder revocar el mandato en medio de su período si se cumplieran las condiciones que para ello establezca la nueva Constitución".

En el estudio “Partidos Políticos y Elecciones en Panamá: un enfoque institucionalista”, el politólogo Harry Brown explica que la revocatoria de mandato está íntimamente relacionada con el fortalecimiento de los partidos: “la disciplina partidista contribuye a construir una reputación colectiva de la cual se benefician todos los miembros que son candidatos del partido, lo cual disminuye la posibilidad de que los miembros se dejen llevar por incentivos particulares y abre la posibilidad de crear identidades programáticas que alcancen a un mayor número de electores y trasciendan el personalismo. Cualquier diputado que atente contra la identidad colectiva del partido debe ser sancionado”, aduce en el documento.

A renglón seguido, Brown plantea en su escrito que eliminar la revocatoria de mandato “no sólo difuminaría aún más los rasgos programáticos de los partidos, sino que sería el primer paso para defenestrarlos, y ese no es el camino para consolidar la democracia”.

En la misma línea, Carlos Guevara Mann, politólogo y catedrático que ha tratado ampliamente el tema, explicó que al ejercer los partidos políticos “una importante función representativa”, y que al asignárseles escaños en los parlamentos en función de esa representatividad, el diputado o representante debe ejercerla de acuerdo con el programa de su partido y conforme al voto popular.

“El problema es que los partidos en Panamá carecen de contenido programático. Son vehículos para el tráfico de influencias mangoneados por sus cúpulas, en detrimento de la democracia. Allí radica el problema”, apuntó Guevara Mann, al tiempo que enumera algunas cosas que deberían atenderse como cambiar la dinámica partidista, el saneamiento de los partidos políticos, la democratización de las fórmulas para asignar escaños tanto en la Asamblea como en los consejos municipales, la aplicación de una “auténtica representación proporcional incluyendo la participación de candidatos no afiliados a partidos sin tantos obstáculos y cortapisas”.