Revisión del salario mínimo en Panamá: ¿Podrá acabar con la desigualdad?

Ciudad de Panamá/Esta semana iniciaron las reuniones entre el sector trabajador y el empresarial de cara a la revisión bianual del salario mínimo.

Las dos primeras reuniones de las cinco anunciadas para la Comisión de Salario Mínimo, instalada el pasado 29 de octubre, se darán en las ciudades de David (Chiriquí) y Penonomé (Coclé). Posteriormente los miembros de la mesa tripartita (trabajadores-gobierno-empresa) se reunirán en la capital unas tres veces más antes de fin de año para intentar ponerse de acuerdo en un tema tan álgido como urgente: ¿cuánto necesita –y debe ganar– una persona como mínimo para poder vivir hoy en día?.

Según el artículo 173 del Código de Trabajo, el salario mínimo es “la cantidad menor en dinero que debe pagar el empleador al trabajador” que le permita cubrir todas sus necesidades, incluyendo las materiales, como casa y comida; las culturales y las morales. En la teoría, el resultado numérico no demoraría mucho en calcularse con base en los precios y estadísticas de consumo que manejan las autoridades, considerando la inflación y trabajando periódicamente para actualizar la cifra para que realmente cubra todas las necesidades de las que habla la ley. Pero llevar este resultado a la práctica no es tan fácil.

En Panamá existen casi 40 salarios mínimos distribuidos en dos regiones. Algo inicialmente contradictorio porque si todos somos humanos antes que empleados, las necesidades básicas que tendría un médico son las mismas que tendría un agricultor, por ejemplo; y las de un político serían las mismas que la de un taxista. Todos deberían necesitar el mismo “mínimo” de comida, techo, educación, salud, etc. Esto, que no ocurre sólo en Panamá, es el resultado de un entendimiento del rol del sector público centrado en la productividad y no en el bienestar de las personas, explica el economista Javier Stanziola

Pero en Panamá la realidad contradice la teoría, una vez más. Una doméstica en la región 2 gana 275 dólares mensuales, mientras que en la región 1 gana 300 dólares mensuales, algo que ni siquiera cubre el costo de la canasta básica de alimentos, que está por encima de los 300 al mes. ¿Cómo podrían las domésticas cubrir el resto de sus necesidades si además deben someterse a un régimen de trabajo que por ley les exige estar “disponibles” más de 12 horas al día y que solo les da el “beneficio” de tener un día libre a la semana?. Stanziola sostiene que al crear salarios mínimos basados en productividad, olvidamos que el problema es que muchos trabajadores reciben salarios que no alcanzan para pagar ni la canasta básica. “Necesitamos hablar de salarios dignos”, enfatizó.

La última tabla de salarios mínimos que rige se fijó a finales de 2019 en la administración del presidente Cortizo. Dentro de ella se detallan salarios mínimos diferentes para más de 50 actividades económicas, discriminando el pago de oficios entre trabajadores de la pequeña empresa –usualmente con salarios más bajos más– y los de las grandes empresas; además de diferenciar el salario según la provincia en la que se trabaje. La tabla actual de salario mínimo dibuja claramente la desigualdad institucionalizada en los salarios, además de revelar cómo el estado interpreta el trabajo humano al tasarlo por actividad en vez de procurar que cubra realmente las necesidades de todos.

El Ministerio de Trabajo (Mitradel), que funge como mediador en la mesa tripartita, esbozó su posición en un comunicado emitido el pasado 29 de octubre. Citando a la ministra de esa cartera, Doris Zapata, el comunicado afirma que el gobierno “estará siempre dispuesto a la comunicación y al diálogo en busca de un consenso entre empleador y trabajador”; pero, a renglón seguido, recuerda que “se está instalando una mesa de negociación de salario mínimo en medio de una pandemia que no se ha superado todavía, por lo que es bueno que los diferentes sectores se sienten a revisar cómo está la economía en cada una de las provincias, para así establecer la situación del mercado laboral y de las finanzas en el país”.

Genaro López, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), una de las dos centrales sindicales que forman parte de la negociación, criticó a la ministra Zapata por “avalar la posición de la empresa privada, que siempre plantea que no es el momento (para aumentar el salario mínimo); si la economía va bien, dicen que se puede frenar, y si va mal, entonces que no se puede porque se pondrá peor”, sentenció.

No hay un número ni porcentaje sobre la mesa aun, reveló López, pero estando la canasta básica de alimentos por encima de 300 dólares y subiendo todos los días, argumentó que si se incluyen las demás necesidades, cualquier panameño o panameña necesita al menos 1,500 dólares mensuales para cubrir todas sus necesidades básicas. También recalcó la importancia de unificar el salario mínimo en todo el país a un solo monto y eliminar la discriminación por región, además de implementar un aumento general de salario, algo que no se ha hecho desde 1981.

¿Más salario = menos ganancia?

No es el salario per sé el que garantiza una buena calidad de vida. Pero dentro de la lógica del sistema en el que vivimos, el salario garantiza la continuidad de la vida en sociedades urbanizadas que tienen que pagar individualmente por adquirir los derechos que previamente le fueron despojados colectivamente, como el derecho a la vivienda, a la educación o a la salud, por ejemplo.

El economista Jason Hickel planteó en una charla virtual que un salario mínimo mundial es un instrumento muy poderoso para reducir la desigualdad, y que no debe verse como un costo más de producción, porque aunque pueda reducir las ganancias y/o subir los precios ligeramente a corto plazo, se trata de justicia para los trabajadores a largo plazo.

El promedio salarial de un empleado que cotiza seguro social es de unos 800 dólares, muy por debajo del PIB per cápita, incluso. Y sólo 30% del PIB total del país va a salarios, algo que es “preocupantemente bajo” en comparación con otros países según Stanziola.

Y para dimensionar la magnitud de la crisis de empleo, si consideramos la masa laboral que se encuentra en el umbral del salario mínimo, vemos que no es tan mínima: aproximadamente el 40% de los trabajadores en Panamá están en la raya del salario mínimo. Esto sin contar la mitad de la masa trabajadora que ni siquiera figura en las estadísticas de salario porque trabaja en la informalidad, además de otro 15% que oficialmente está desempleado, más las casi 30 mil personas que debieron incorporarse tras la suspensión de contratos y en cambio fueron despedidas a finales de octubre.

Stanziola recalca que la narrativa pública sobre el empleo la dominan los sectores empresariales, y que la inversión en datos es “relativamente pobre”. Seguimos teniendo –afirma- conversaciones sobre empleo y salario mínimo basados en anécdotas y relaciones de poder.