Desafíos del nuevo gobierno | La Antai y su lucha contra la corrupción

Ciudad de Panamá/La corrupción y la falta de transparencia en la gestión de la actual administración ha sido una de las cuestiones que más ha golpeado al país desde diferentes puntos de vista.

Primero, fueron los bajos resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, en donde Panamá obtuvo 35 puntos de 100, cuando la media de la región es de 43. Después, Fitch Rating rebajó la calificación de riesgo por diversos problemas entre ellos los de gobernanza y de corrupción, resultando así en consecuencias económicas para toda la población.

El mayor de los retos que deberá enfrentar la administración del presidente electo, José Raúl Mulino, será trabajar en diversas estrategias para recuperar la confianza, mejorar las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que las malas prácticas ya han pasado varias facturas.  

Una de las instituciones que será clave para restablecer la confianza en la gestión institucional y mejorar la percepción de la ciudadanía será la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), aunque no es la única institución que deberá repensar en mejorar sus procesos.

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Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, se refirió a uno de los objetivos de dicha institución que es ser “un referente en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia” e indicó que hasta ahora, la Antai ha jugado un rol “mixto” debido a su falta de “independencia”, pues por un lado debe fiscalizar a las instituciones, pero por el otro también resguarda las declaraciones de conflicto de interés de los funcionarios.

Para que sea efectiva, tiene que tener a una persona a la cabeza que pueda actuar con total independencia, porque de alguna u otra forma es un ente de control”, afirmó.

La directora de la Fundación Libertad Ciudadana considera que hay poca independencia en las funciones de la Antai toda vez que la Dirección de la entidad entra y sale con el equipo ejecutivo de gobierno de turno.

En sus inicios, la Antai tenía un “nombramiento cruzado”, es decir, el personal designado entraba y salía a mitad de cada administración, con lo cual se presumía que no iba a tener tanto contacto con el Ejecutivo, sin embargo, esa norma fue reformada en los inicios de la administración 2014.

Eso implica que la persona que dirija Antai, entonces, eso baja el estándar de capacidad de independencia”, remarcó la representante panameña de Transparencia Internacional.

La gestión de la Antai

A juicio de Obaldía, la Antai ha tenido una gestión mixta, porque en algunos casos ha actuado con apego a la ley de transparencia, pero en otros casos también ha dado mayor prioridad a la protección de datos personales que a la información pública.

Según explicó la abogada, en otros países, la entidad que vela por la información pública, no es la misma entidad que protege los datos personales de los funcionarios, que es lo que se está viendo con la Antai.

La Antai también debería recibir, analizar y prevenir los conflictos de intereses en el ejercicio de la cosa pública de los funcionarios.

Para poder tener una entidad que de manera robusta sirva al país con su objetivo original, hay que revisar esas funciones mixtas. Aquí hay un conflicto que ya hemos visto, que cuando choca una cosa con la otra, ha habido criterios mixtos”, señaló.

Restructuración

Desde el punto de vista de la Fundación Libertad Ciudadana, se debe analizar la estructura de la Antai, del nombramiento, profesionalización del equipo y de las responsabilidades que se han ido atribuyendo a la entidad, después de la ley que la creó. Esto, con el fin de medir la efectividad en su rol como ente de control, y su capacidad de sancionar a los funcionarios que no cumplen con la función de hacer la publicidad y dar la información a quien la pida, en el caso de la "transparencia pasiva".

Por otro lado, también en los datos de entidades y funcionarios, que por transparencia proactiva deberían estar publicando información que no publican, o que "han declarado de carácter restringido pero que la ley no contempla que es de carácter restringido".

Como por ejemplo, en el caso de los auxilios económicos en donde el contralor de la República, Gerardo Solís, actuó contrario a la ley según una demanda presentada en su contra, al ocultar información de los beneficiarios de los auxilios económicos.

De Obaldía calificó el rol de la Contraloría como un "abandono total" a la fiscalización y rendición de cuentas.

Un tema que necesita una revisión real, seria y técnica. Además aprovechar para actualizar la entidad, de cara a los cambios que se requieren a futuro", explicó la también escritora.

CCC 2023 y otras calificaciones

En 2023, Panamá obtuvo un puntaje general de 5.39 en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), logrando un puesto 6 de 15 países de la región, Costa Rica ocupó en el segundo lugar con 6.76, siendo el primero Uruguay con 6.99 y el último Venezuela con 1.46.

"Cuando uno analiza dentro del índice, algunas de las otras capacidades de combatir la corrupción, Panamá no está también calificado", puntualizó Obaldía sobre los resultados.

Aunque este índice no sitúa a Panamá entre los últimos países, como sí lo hace el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en donde obtuvimos la calificación más baja en 12 años, se debe tomar en cuenta que América Latina es una de las regiones en donde la corrupción ha prosperado en los últimos años, no así en el desarrollo e igualdad social, siendo calificada como una de las "regiones más desiguales del mundo".

Por ejemplo, en el caso del IPC, se miden las siguientes manifestaciones de corrupción en el sector público:

• Sobornos
• Desvío de fondos públicos
• Funcionarios que utilizan su cargo público para beneficio privado sin afrontar consecuencias
• Capacidad de los gobiernos para contener la corrupción en el sector público
• Excesiva burocracia en el sector público que puede aumentar las oportunidades de corrupción.
• Nepotismo en la función pública
• Leyes que garantizan que los funcionarios públicos deben revelar sus finanzas y posibles conflictos de intereses.
• Protección jurídica para personas que denuncian casos de soborno y corrupción
• Captura del Estado por estrechos intereses creados
• Acceso a información sobre asuntos públicos/actividades gubernamentales.

De acuerdo con la también escritora, los índices que miden la corrupción de distintas formas, nos advierten de que las políticas y procedimientos para identificar y gestionar los conflictos de interés se han quedado cortos, y que las autoridades anticorrupción no tienen los mecanismos suficientes para investigar, sancionar y prevenir las prácticas de corrupción, uno de los roles de la Antai.

Según el último informe de la Antai, ha remitido 51 expedientes de casos con posibles conductas delictivas al Ministerio Público y, desde octubre de 2022, ha tenido conocimiento de hechos relacionados con delitos contra la administración pública, contra la fe pública contra el patrimonio económico, contra la libertad e integridad sexual.

La certeza del castigo, la independencia judicial, el Estado de derecho y las instituciones de control, serán las piezas claves para que la nueva administración pueda manejar la corrupción y rendición de cuentas de forma más eficaz.