¿Cómo reducir la planilla pública en Panamá?

Ciudad de Panamá, Panamá/El número y la remuneración de los funcionarios en el país ha aumentado de forma notable durante la última década, tanto así que el Ministerio de Economía y Finanzas expresó que el costo de la planilla, además del pago de la deuda, ha causado la pérdida de flexibilidad y capacidad de adaptación del gasto público. El peso de los funcionarios sobre el Tesoro Nacional ha generado tal descontento, tanto por su compensación, como por sus privilegios, que el Gobierno Nacional fue presionado en julio por fuertes protestas a conceder una reducción planificada de 10% de la planilla pública como medida de austeridad.

¿Cuántas personas representa esta reducción y cómo podría ser el proceso?

Según la Contraloría General de la República, para junio del año corriente, habían 256,579 funcionarios trabajando para el Estado panameño. Para abril de este año, la Contraloría estimó el tamaño de la población económicamente activa, las personas mayores de 15 años que participan del mercado laboral, en 2,049,616. Esto significa que los servidores públicos representan el 12.5% de la fuerza laboral disponible del país. Esto es un aumento en relación al 11.9% que representaban en 2020, y el 11.5% que representaban en 2015.

La relación entre funcionarios y trabajadores privados también ha cambiado: si removemos el número de funcionarios de la población laboral ocupada, y dividimos el restante, quedará que hoy día, hay 6.1 empleados del sector privado por cada empleado del sector público. Esto es una caída en relación a los 6.4 que habían en 2020, y los 7.2 que habían en 2015.

También, se ha notado un aumento en el pago a los funcionarios. Cuando en 2015, el salario anual promedio por funcionario era de $13,264, para 2020, el salario anual promedio ya era de $18,841, un aumento de 42%.

Y, mientras que en 2015, el pago de la planilla pública representaba un 5.1% del producto interno bruto (PIB), para 2020, la planilla pública representó un 8.2% del PIB, el cual se vio fuertemente golpeado por la crisis sanitaria. Para el cierre del año actual, se estima que el gasto en la planilla pública podría estar rondando el 7.8% del PIB.

Según todo lo anterior, si el Gobierno Nacional procede con su promesa de reducir la planilla por 10%, se podría esperar una salida de 25,650 funcionarios y un ahorro anual de alrededor de $480 millones, cuando hoy día el costo de la planilla pública ronda los $400 millones al mes. Sería el ahorro, por año, de poco más de un mes de planilla.

¿Cómo se vería este proceso de reducción?

Según el exviceministro del Ministerio de Economía y Finanzas, Domingo Latorraca, antes de comenzar a considerar una reducción en la cantidad de funcionarios, es necesario recordar que hay un grupo importante de ellos —denominados funcionarios de leyes especiales— los cuales perciben aumentos automáticos en su salario, fijando la trayectoria del presupuesto hacia el crecimiento constante.

Habiendo aclarado esto, Latorraca comenta que un proceso de reducción numérico de funcionarios consistiría de tres partes: la primera “tendría que ver con el análisis de la información de la realidad de la planilla,” dice Latorraca, por lo cual se necesitaría entender a profundidad —tarea monumental— cómo están constituidos los grandes sub-grupos de funcionarios y qué tarea precisamente desempeñan.

Esto porque, muchas veces, los títulos oficiales de los funcionarios no describen su verdadera labor, por ejemplo, los promotores deportivos de la Asamblea Nacional, quienes en ocasiones sirven como agentes de los diputados en sus circuitos. Por lo tanto, también se deberá identificar cuáles son las planillas con mayor susceptibilidad a ser influenciadas por el proceso electoral y el clientelismo, “porque no es lo mismo reducir la planilla técnica del Ministerio de Economía y Finanzas que la planilla con fines políticos que tiene la Asamblea Nacional”.

“Segundo,” continúa Latorraca “se necesita diseñar una estrategia para reducir, en consideración al análisis inicial, el gasto de la planilla sobre el presupuesto general del Estado”.

Esta estrategia, para el exviceministro, no debe ser abrupta, por lo cual podría incluir un congelamiento inmediato al aumento numérico de la planilla pública, antes de pasar a la destitución de funcionarios. “Toda salida no se reemplaza sino que se busca personal capaz de las otras instituciones” para asumir el puesto. “Y aunque es más difícil, y es un riesgo político, también se podrían congelar los salarios para detener el aumento del costo en dinero,” dice.

Esto implica el diseño de un plan de movilidad entre instituciones públicas, lo cual incluiría el entrenamiento necesario para pasar de un rubro a otro “buscando mover a la mejor gente a las posiciones más críticas”.

En esta segunda parte, también se debe investigar el tamaño óptimo de las instituciones públicas, en particular aquellas de carácter crítico, en relación al público de atención de las mismas, investigando las razones más efectivas entre administrativos y personal operativo, como por ejemplo, en el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. ¿Cuántos directores por maestros? ¿Cuántos administrativos por cada técnico de salud? Estos números se pueden descubrir mediante un proceso científico y comparativo con otros países.

“Tercero,” finaliza Latorraca “vendría la implementación”. Aquí es donde entra lo que Latorraca llama “la reducción abrupta”, a diferencia del proceso natural de reducción, aquel de no contratar nuevos funcionarios para llenar las vacantes.

“Esta tercera parte implica ejecutar el plan de ajuste a través de la ley del presupuesto general del Estado, con los controles debidos en las instituciones; medir el cambio y el impacto del plan mientras transcurre el próximo año; y finalmente, ajustar el plan en respuesta a su aplicación”.

Suponiendo que se logre reducir la planilla del Estado en 10%, quedarían alrededor de 25 mil personas que no tendrían empleo inmediato.

¿Qué pasaría con ellos y ellas?

Nivia Rossana Castrellón, de la fundación educativa SUMMA, dice, ante todo, que el proceso de reducción de planilla debe comenzar con los asesores y consejeros que reciben honorarios del Tesoro Nacional. Esto porque “siendo asesores se supondría que tienen otro ingreso y que pueden utilizar esos recursos para sus necesidades diarias”.

Castrellón advierte que se debe tener cuidado que, al reducir la planilla pública no se aumente, a la par, el número de personas que reciben ayudas y subsidios económicos, ya que eso haría el gasto “salir de un bolsillo para ir al otro”.

Esto podría ocurrir dependiendo de los funcionarios que sean separados de sus cargos, ya que “en Panamá, hay gran cantidad de servidores públicos cuyos años de escolaridad son muy limitados y eso ocasiona que sea muy difícil recolocarlos en el sector privado”.

De cara a esto, Castrellón dice que “se debe pensar en entidades como el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE) para desarrollar cursos mediante los cuales se pueda formar a los funcionarios salientes en conocimiento técnico”. En particular, se debe hacer énfasis en la capacitación en tecnología, debido a su alta demanda.

Castrellón también sugiere la creación de un consejo nacional de normalización y certificación de competencias laborales, siguiendo el ejemplo de México, “en el que una persona, independientemente de su escolaridad, puede certificar sus competencias y eso incrementa las posibilidades de que obtenga empleo”.

Finalmente, Castrellón concluye: “sobre todo, sugiero primero desvincular a aquellas personas que tienen más ingresos, antes que aquellos que dependen únicamente de ingresos cercanos o por debajo de un salario mínimo”.