Recuento de casos admitidos en los últimos años por la Corte contra diputados de la Asamblea

La Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 206, numeral 3, establece que la Corte Suprema de Justicia investiga y procesa a los diputados.

Por lo que la investigación y el juzgamiento de los delitos cuya comisión sea atribuible a los diputados, ya sean principales o suplentes, compete a la Corte Suprema de Justicia.

Y es que a pesar que varias denuncias se suelen presentarse cada año en la Corte contra los diputados de la Asamblea Nacional, es extraño ver que lleguen a una audiencia de garantías y mucho menos a la fase de juicio oral.

Repasemos algunos casos de ciudadanos que ocuparon una curul o que actualmente son diputados de la Asamblea Nacional y que, en los últimos años, alguna denuncia en su contra sí consiguió que el Pleno de la Corte la admitiera y en qué casos el proceso logró avanzar.

Samuel Bennett

En el 2016, Samuel Bennett fue en el primer diputado juzgado por la Corte Suprema bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Su caso llegó a la fase de juicio oral.

La noche de este miércoles 4 de mayo de 2016, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió al diputado suplente de Cambio Democrático (CD), Samuel Bennett, quien era acusado por el delito de enriquecimiento injustificado.

En el juicio oral, la fiscalía que estuvo a cargo del magistrado José Ayú Prado, presentó pruebas entre ellas, el movimiento bancario del diputado suplente (1 de enero de 2013 hasta el 2015), como también presentó 3 testigos miembros de la Policía Nacional.

La génesis de este caso data de un decomiso de 29 mil 800 dólares en bolsas plásticas negras dentro de una nevera, en un operativo efectuado el 2 de octubre de 2014 en una residencia en Arco Iris, provincia de Colón.

Ya no es miembro de la Asamblea Nacional.

Mario Lázarus

El 12 septiembre de 2017, el diputado de CD, Mario Lázarus, enfrentaba la audiencia de garantías en un proceso por atropellar a una menor de edad, de 14 años, que murió en Colón.

En ese caso, el magistrado juez de garantías Harry Díaz, accedió a la suspensión del proceso por tres años, luego que el diputado Lázarus y sus abogados manifestaron que acordaron el pago de una indemnización a la familia de la menor. Lo que fue confirmado por los abogados querellantes.

La magistrada fiscal Angela Russo, no tuvo objeción en que se aprobara la solución alterna, pero pidió que el diputado prestara trabajo voluntario no remunerado y recibiera tratamiento psicológico. Sin embargo, el juez de garantías rechazó estas solicitudes.

Mario Lázarus ya no es diputado de la Asamblea Nacional.

Alfredo ‘Fello’ Pérez

Durante el período 2014-2019, cuando Alfredo “Fello” Pérez fue del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la Asamblea Nacional, se presentaron varias denuncias en su contra, algunas de las cuales fueron archivadas por la Corte y otras se admitieron.

En el 2016, la Corte archivó un expediente donde se investigaba a Pérez por ser suscriptor de una sociedad donde aparecía una persona sindicada en un caso de drogas. El magistrado ponente Cecilio Cedalise concluyó que no existían pruebas que vinculaban al parlamentario.

En el 2018, la Corte rechazó por “falta de prueba idónea” una denuncia en contra de "Fello" Pérez, por supuesta violación a la veda electoral. Hernán de León fue el magistrado ponente del fallo.

La Corte dictó un fallo el 7 de abril 2016, en el que admitió un proceso penal por delitos contra el ambiente y falsedad en contra el entonces diputado Pérez.

Aris De Icaza

El 1 de noviembre de 2018, el Pleno de la Corte admitió dos de las denuncias presentadas por la Contraloría General de la República contra el diputado de CD, Aris De Icaza y también contra "Fello" Pérez por supuestas irregularidades en el nombramiento de personas en las planillas de la Asamblea Nacional.

Ese mismo día se admitió otra denuncia contra "Fello" Pérez por supuestamente pagar con cheques sin fondos a una empresa.

Alfredo “Fello” Pérez y Aris De Icaza ya no son diputados de la Asamblea Nacional.

Jairo Salazar

El 5 de mayo de 2020, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió dos denuncias penales presentadas en el 2019, por el entonces director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, contra el diputado Jairo “Bolota” Salazar por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y contra la fe pública.

La magistrada Ángela Russo fue la encargada de darle trámite a estas acciones penales y presentarla ante el Pleno. Como juez de garantías del proceso se designó a José Ayú Prado.

Jairo Salazar actualmente es miembro de la Asamblea Nacional.

Leandro Ávila

En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia admitió la denuncia interpuesta en contra del diputado del PRD, Leandro Ávila, por supuestas irregularidades en los contratos de la planilla 172 de la Asamblea Nacional.

Esta denuncia fue presentada el 20 de agosto de 2018 por el entonces contralor Federico Humbert, advirtiendo que entre 2015 y 2016 hubo presuntas irregularidades en los contratos por servicios profesionales que dio el diputado Ávila por un monto total de 12 mil 988 dólares con 5 centésimos.

En fallo del 5 de marzo de 2020, el pleno de la Corte, admitió la denuncia por considerar que las pruebas y documentos aportados por Humbert, reúnen los elementos de convicción mínimos para iniciar la investigación a Ávila, por delito contra la administración pública.

Olmedo Arrocha es el magistrado que ejerce las funciones de fiscal del caso y la magistrada María López es la jueza de garantías.

Leandro Ávila sigue como diputado de la República.

Arquesio Arias

Tras más de un año de investigación, el pasado 7 de abril, inicio el juicio oral contra el diputado Arquesio Arias. La denuncia contra el parlamentario fue admitida por el Pleno de la Corte en el 2019.

Arias fue imputado por delitos contra la libertad e integridad sexual, actos cometidos supuestamente contra dos jóvenes, cuando practicaba la medicina en el centro de salud Ustupu, en la Comarca Guna Yala.

En este caso, el Pleno de la Corte funciona como tribunal de juicio y el magistrado Olmedo Arrocha como fiscal.

Según las estimaciones de las partes, hay 50 testigos en este caso, que tendrán que declarar. Según fuentes judiciales, había más de 13 pruebas de peritos de Medicina Legal.

Arquesio Arias, actualmente diputado de la Asamblea Nacional, está bajo arresto domiciliario desde octubre de 2019.