Rechazo, amenazas al medio ambiente y conflicto de interés en mina de Remance

Otro proyecto minero se perfila en la agenda del gobierno actual, el cual no parece escatimar en velocidad para implementar el extractivismo como la nueva panacea del crecimiento. Esta vez se trata del proyecto aurífero Remance, cuya concesión posee la empresa Greenfield Resources Inc.

El proyecto no escapa de controversias. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa en un foro público en La Gorda, en San Francisco de Veraguas en días pasados –como exige la ley– está lleno de vacíos y no reúne los criterios mínimos para ser aprobados según varias organizaciones ambientales y dirigentes de las comunidades afectadas.

Además, una resolución emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en enero de 2021 que da continuidad a la concesión que Greenfield Resources Inc obtuvo originalmente en 2011, da cuenta de incongruencias y un posible conflicto de interés.

De acuerdo a datos del Registro Público, la sociedad Greenfield Resources Inc fue inscrita en enero de 2011 por la firma Ackerman, Rognoni y Calenkeris.

A través del contrato No. 12 del 27 de junio de 2012, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) le otorga derechos exclusivos de exploración de minerales metálicos, entre ellos el oro, en un área de 2,400 hectáreas ubicada en los corregimientos de Remance, San Juan y San José, en el distrito de San Francisco, en la provincia de Veraguas. El contrato expiró en 2016. Acto seguido, el MICI – ya bajo el mando del expresidente Juan Carlos Varela – canceló el contrato mediante la resolución número 79 del 26 de junio de 2018.

Una vez instalado el nuevo gobierno de Laurentino Cortizo, el MICI se aboca a “reorganizar el sector minero” y en febrero de 2021 publica la resolución número 10 en Gaceta Oficial 29220 donde no solo revoca la cancelación del contrato original de exploración de Greenfield Resources sino que avanza a incorporar la zona en cuestión dentro del inventario minero y autoriza a la empresa a “continuar con la solicitud de extracción mineral” que “presentó oportunamente en 2014” y que fue “omitida” cuando el gobierno predecesor canceló el contrato de exploración. Entre un gobierno y otro, pasaron de la exploración cancelada a la extracción de un solo plumazo.

Consultados sobre el caso, el MICI reiteró que “la empresa Greenfields presentó la solicitud para la concesión de extracción en tiempo oportuno” y que “no se había procesado debido a una falla en el procedimiento administrativo relacionado a los expedientes de las solicitudes para las concesiones mineras, que hizo la Dirección Nacional de Recursos Minerales en la fecha que se presentó la solicitud de extracción”. Y en la contestación para este reportaje, el MICI anexó la solicitud de extracción en cuyo cuerpo no detalla la fecha sino que está firmada por Carlo Guillermo Rognoni Arias “a la fecha de su presentación”, aunque el sello de recepción está fechado al 10 de abril de 2014.

Por otro lado, la nueva resolución que revive las intenciones de Greenfield Resources por reabrir la mina de Remance está fechada el 10 de enero de 2021 pero fue publicada en Gaceta un mes después, el día 17 de febrero específicamente.

Lo curioso es que la firma de abogados Ackerman, Rognoni y Calenkeris (Arcal Panamá) , cuyo socio fundador es el hoy viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni –el mismo que firmó la solicitud de extracción “omitida” en 2014– , renunció a fungir como agente residente de la empresa en diciembre de 2020, tan solo un mes antes de recibir el beneplácito del MICI para “continuar con el trámite de solicitud de concesión de extracción”.

El puesto de agente residente fue asumido entonces por Evaristo Domínguez, quien ostenta, además, los cargos de presidente, director y suscriptor de la sociedad desde sus inicios. Domínguez fue asociado de Arcal desde 2007, y Rognoni confirmó que éste abrió la sociedad. Pero, según el hoy viceministro, Domínguez “dejó de ser abogado en la oficina y se llevó a sus clientes…nosotros renunciamos como agentes (de Greenfield Resources) en 2020. Recalcó también que quedamos en buenos términos, pero “no tenemos ninguna relación”.

Sin embargo, el perfil de Linkedin de Domínguez muestra que trabaja desde 2007 en Arcal “hasta la actualidad”. Además, su nombre y correo con el dominio arcalpanama.com aparecen como contacto en el EIA que presentó la empresa Greenfield Services ante el Ministerio de Ambiente.

No se pudo ubicar a Domínguez en ninguno de los teléfonos proveídos por las fuentes.

Todo esto ocurrió mientras Rognoni – socio fundador de la firma que inscribió la empresa originalmente – ocupa un alto cargo en el gabinete de Cortizo. Aunque no queda claro quiénes son los dueños de la empresa por la falta de un registro de beneficiario final, y de las contradicciones en la relación “laboral” entre la firma y el abogado que heredó la residencia legal de la sociedad.

Al ser consultados sobre un posible conflicto de interés, el MICI solo contestó que “no se ha reactivado ninguna concesión minera a la empresa. Actualmente la situación real es que la empresa tiene en trámite una solicitud de concesión para extracción de minerales metálicos (oro) que debe cumplir con todos los requisitos requeridos por el Código de Recursos Minerales y la Ley General de Ambiente para poder obtener el contrato de extracción minera”

“Dudosa procedencia”

Olmedo Carrasquilla, del grupo en Defensa del Río Santamaría que aglutina varias organizaciones que se oponen a la mina de Remance, expresó lo siguiente: “No sabemos a ciencia cierta quién está detrás” al tiempo que calificó el decreto que reaviva la concesión como uno “de dudosa procedencia”, ya que “pone en vigencia la concesión sin participación ciudadana ni divulgación” cuando “se sabe que hay criterios técnicos y legales”. Explicó que muchas veces los accionistas ponen en oferta las concesiones, las revenden, las negocian o las ponen en la bolsa de valores convirtiéndolas en un instrumento de especulación financiera.

Carrasquilla también apuntó a un manejo político y una división en el sector gubernamental entre un grupo “que sí apoya que se explote esta mina” y otro sector que “no es accionista”.

Meses después de la luz verde a la empresa, en junio de 2021, el MICI “aclaró” en un comunicado que la reactivación de la concesión se dio tras identificar “una falla de procedimiento al haberla cancelado, alegando su vencimiento, sin que hubiesen presentado una solicitud de prórroga”. A renglón seguido dicen en el comunicado que “la empresa sí presentó en tiempo oportuno una solicitud de extracción, misma que fue tramitada por error como un expediente aparte”. Rematan el final del párrafo con que “esta corrección aplicada a lo actuado se basa en el debido proceso y se realiza para evitar demandas internacionales”.

De acuerdo al listado de concesiones mineras actualizado al 30 de marzo de 2022, Greenfield Resources mantiene dos licencias de exploración para oro y otros metales en Veraguas. La primera en Remance, San Juan y San José que comprende 2,400 hectáreas, y la segunda para Calovébora y Santa Fé de Veraguas que comprende 2,993 hectáreas. Ambas están sustentadas en contratos de 2012 que vencieron en 2016 y 2017, respectivamente, y no reflejan una solicitud de prórroga en su estatus como sí lo reflejan las otras concesiones en el listado.

Vacíos en el EIA

Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) analizó las falencias del EIA y solicitó al Ministerio de Ambiente su rechazo con base en que el proyecto pone en riesgo la cuenca del Río Santa María, de la que se abastecen al menos 75,000 personas en tres provincias distintas. Además de que el EIA “no analiza qué hacer en caso de derrame ni cómo corregir el daño”, tampoco aborda “los potenciales impactos causados por desechos de roca y residuos generados por la actividad minera, la generación de drenaje ácido ni medidas ante la posible liberación de mercurio, arsénico y otros metales pesados”.

Entre otras falencias del estudio que detectó CIAM están la omisión de posibles afectaciones y daños a la salud por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, del aire y la carencia de estudios suficientes que validen la seguridad de la mina. “El EIA no cumple los criterios mínimos necesarios para proyectos de su envergadura” concluyen.

Sobre este punto, el MICI se limitó a decir que “de no cumplir con dichos requisitos es menester de la autoridad competente rechazar el EIA”. Se trató de contactar a la empresa varias veces y sin éxito a través de los números que aparecen como contacto en el EIA. De igual forma también se trató de obtener una versión por parte del Ministerio de Ambiente, pero resultó imposible.

Mina pondría en peligro la cuenca del río Santa María

Lilian Guevara, directora ejecutiva del CIAM, se refirió al foro público del pasado lunes como un ejercicio “casi de manera cosmética”. Aunque elogió la alta, documentada y activa participación de las comunidades en rechazo a la minería y en específico al EIA de este proyecto, por otro lado criticó la elección del tiempo y el lugar por parte de la empresa, que al realizarlo en una comunidad donde sólo se puede llegar en 4x4 y con un aviso con tan poco tiempo de anticipación, compromete la transparencia del ejercicio.

Sobre las falencias, la empresa repetía que “no hay evidencia” de contaminación o del impacto en la salud de la gente, algo que refutaron tanto las comunidades como las organizaciones aglutinadas en el Grupo en Defensa del Río Santamaría.

Una vez venza el plazo para enviar los alegatos de oposición, MiAmbiente recibirá un informe de la regional de Veraguas y deberá pronunciarse. De cualquier forma, insiste Carrasquilla, los “veragüenses se oponen a la minería porque ya lo hemos vivido en el 80 y el 90”.

Se refiere al cierre de la misma mina que hoy quiere reabrirse y su abandono en la década del 90 tras el desplome del precio del oro. En aquel entonces dejó también una deuda – nunca saldada – de desastres ambientales en la región, así como la promesa de un desarrollo que nunca llegó.