Radiografía del sector agropecuario: 2023, otro año de retroceso

Ciudad de Panamá, Panamá/Radiografía. Con un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) que no logra superar el 3%, un descontrol en el incremento del gusano barrenador del ganado, el naufragio de una posible  revisión del TPC, pérdidas millonarias por las protestas antimina, y el ministro del ramo querellado penalmente por supuesta violencia de género y abuso de autoridad, terminó el sector agropecuario el 2023.

Aunado a esto, no faltaron las protestas de los productores de cebolla, arroz y tomate, entre otros, exigiendo el pago de los subsidios pactados, amén de la prácticamente desaparición en las estanterías del arroz de primera, así como la fallida compra millonaria por parte del gobierno de jamones para Navidad, aunado a un relajamiento en las normas fitosanitarias, el nulo establecimiento de los agroparques y los amagos por prohibir la importación de cebolla.

Consultado sobre el desarrollo del sector en el año que recién terminó, el ministro consejero para asuntos agropecuarios, Carlos Salcedo, señaló que el estimado del segundo trimestre del Producto Interno Bruto Agropecuario reflejó una disminución en términos absolutos de 6 millones de dólares, si se compara con el desempeño del 2022.

Estos datos preliminares de Instituto Nacional de Estadística y Censo “algunos especialistas los estiman conservadores, aún si reflejan valores de solo un trimestre”, afirmó.

En enero pasado, Salcedo dijo a este medio que “ya se nos acabó el tiempo. Nosotros identificamos los proyectos, por ejes estratégicos de política de Estado, el que viene le toca hacerlo. Se nos acabó (el tiempo). Así de simple”.

El funcionario se refería a la ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), que los productores conocen como la ley del “PADE...spués”, sancionada por el presidente Laurentino Cortizo en enero de 2023, y que según sus promotores “dará estabilidad al sector agropecuario por los próximos 25 años”.

Pero, contrario a la pretendida estabilidad, la administración Cortizo no implementó en 2023 la agenda complementaria, que destinaba unos 150 millones de dólares para supuestamente poner el agro a competir con el producto importado derivado del Tratado de Promoción Comercial (TPC), manifestó Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP).

Para el rubro que Guevara representa, la carne de cerdo, El TPC establece que este 2024 la desgravación arancelaria baja de 23% a 15.5%, por lo que apelan a la implementación del reglamento técnico de la calidad del cerdo.

Este reglamento representa la parte legal que permite paliar en algo las importaciones, sostuvo el productor, aunque manifestó que las importaciones en sí no son el problema, sino la falta de institucionalidad para hacer cumplir las leyes, pues lo que llega al país es carne de cerdo congelada que al descongelarla se vende como fresca, en detrimento de la producción nacional.

“A pesar de que tenemos una lucha desde el 2021 no existe la certeza de que el gobierno antes de finalizar nombrará los comités para poner en vigencia este reglamento técnico y darle trámite ante la Organización Mundial del Comercio, para tener una lucha más leal contra las importaciones de carnes congeladas procedentes de Estados Unidos y Canadá”, indicó Guevara.

“Tenemos un sector virgen, descuidado y olvidado por los gobiernos”, comentó por su parte el ganadero Ricardo Morcillo, aunque el ministro consejero Carlos Salcedo aseguró que pese a la pandemia el sector primario de la economía “estuvo a la altura de la política desarrollada por el Presidente Laurentino Cortizo C. y su equipo”.

Rodolfo Adames, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), sostuvo que a pesar de los costos elevadísimos en subsidios, que son cientos de millones de dólares al año, el sector agropecuario “sigue cayendo en picada, no sube la loma”.

Agregó que cada vez cuesta más mantener al sector, sin que se respeten los tratados internacionales que el país tiene firmado. A manera de ejemplo, dijo que ahora si se trae un contenedor con carne de res hay que pedirle permiso a la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), mientras que por el arroz te están cobrando un subsidio de 25 centavos.

“Este tipo de situaciones se continúa dando, a pesar de que han demostrado que no benefician al sector, no benefician al consumidor y muy por el contrario propician las alzas de precios y la escasez”, apuntó.

Adames se preguntó por cuánto tiempo más los gobiernos se negarán a quitarse la venda de los ojos y aceptarán que han fallado, que se han equivocado en sus políticas agropecuarias.

“En estos últimos 5 años, cuando el gobierno ha dado más subsidios al sector, los porcentajes de pérdidas de cosecha y de rendimiento se han caído, han sido los peores, cuando lo que se necesita es semillas, tecnología, educación, escuelas agropecuarias”, afirmó.

Mientras tanto, durante el año pasado el sector avícola cerró con un crecimiento de 4%, parecido al obtenido durante el 2022, aseguró Luis Carlos Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip).

Agregó que obviamente los sucesos de finales de octubre y principios de noviembre, durante las protestas antimina,  golpearon duramente a la industria, ya que en más de un mes prácticamente no se vendió casi nada de productos avícolas en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Castroverde indicó que para este 2024 la avicultura no está ajena a las preocupaciones y a la incertidumbre derivada de una posible desaceleración de la economía.

Esto, añadió, afectará el consumo, sumado a otras situaciones relacionadas como tasas de desempleo mayores, aumento de costos laborales, de las tasas de intereses bancarios, incremento de los combustibles, energía eléctrica, todos convergiendo en el fenómeno inflacionario y, desde luego, el “problema monumental” de la Caja de Seguro Social.

“Estaremos pendientes este año de las propuestas de gobierno que presenten los candidatos presidenciales, con énfasis en sus compromisos en apoyo al agro y desde luego seguiremos insistiendo con el actual gobierno y el que venga sobre la necesidad de adoptar medidas negociadas o unilaterales frente a los impactos negativos de la desgravación arancelaria contemplada en el TPC con los Estados Unidos”, aseguró.

En agosto pasado el presidente Cortizo se comprometió con los productores a encabezar personalmente una reunión con el Secretario de Agricultura y con el jefe de la Oficina Comercial de Estados Unidos para la revisión de cinco rubros sensitivos pactados en el TPC (carne, pollo, cerdo, arroz y lácteos), encuentro que hasta el momento no se ha concretado.

Voceros del gobierno estadounidense han reiterado en múltiples ocasiones que lo que Panamá debe hacer es potenciar el tratado y no buscar su revisión y menos una renegociación.

Por su parte, preguntado sobre el desarrollo del sector ganadero en 2023, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Ovidio Saavedra, dijo que fue un año de “muchas vicisitudes”, toda vez que vino el “descontrol del gusano barrenador” del ganado, que por 20 años estuvo bajo control.

A esto se le sumó las protestas de octubre y noviembre que afectaron sobre todo al sector lechero, a tal grado que cinco lecherías cerraron sus puertas, mientras que en los mataderos se dejaron de sacrificar alrededor de 2,500 reses, y la subasta ganadera redujo sus operaciones en un 30%.

Saavedra adujo que también aumentaron los casos de rabia bovina y que al final del año “se dio nuevamente un decreto que incluye algunos cortes de carne en el control de precios, lo que significa unos 35 dólares menos por res que deja de percibir el productor”.

Números más, números menos, dijo que a lo largo de este control de precios el sector ganadero ha dejado de percibir unos 150 millones de dólares “que nadie ha podido resarcir”.

En tanto, en las postrimería del 2023, el 19 de diciembre, el sector se vio sacudido por una querella penal interpuesta por Yarelis Martínez, en ese entonces directora de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), en contra del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, por supuesta violencia de género y abuso de autoridad.

Valderrama, quien en medio de manotazos confesó en febrero que había violado la ley para favorecer a un sector de los productores, declaró en su momento que prefería dejar el tema de Martínez en manos de los tribunales y que ellos decidan. El año terminó y nada se conoce al respecto.