¿Acabará la 'Ley de Medicamentos' con el no hay en las farmacias del Seguro Social?

Ciudad de Panamá/La falta de medicamentos en las instalaciones de salud pública ha sido un problema constante de casi todas las administraciones, quienes más sufren esta situación son los que no tienen los recursos económicos necesarios para lograr una atención en el sistema de salud privado.

El “no hay”, es la frecuente queja de los pacientes que buscan algún tipo de medicamento o servicio en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) o del Ministerio de Salud. Los miles de asegurados que no pueden costear un servicio de salud privado se han tenido casi que acostumbrar a la atención que se brinda en el servicio de salud pública.

La situación se agrava aún más para quienes tienen enfermedades crónicas o diagnósticos complejos que requieren de fármacos más costosos y difíciles de adquirir.

Recientemente, el Ejecutivo aprobó la reglamentación de la nueva Ley de Medicamentos, una medida que, en la “teoría”, facilitará la adquisición y disposición de medicamentos en el sistema de salud pública.  

"Con respecto a los medicamentos, siempre no hay, no hay, tengo seis meses buscando el bromuro de ipratropio, y lo he tenido que comprar porque en el Seguro nunca hay", dice Zobeida Guillén, una persona jubilada que lleva años en el sistema de salud y ve que cada vez desmejora su calidad de servicio, no solo en los medicamentos, sino también en lo administrativo y la atención al paciente.

La promesa del Ejecutivo es que con dicha ley, estarían acando una problemática existente desde hace décadas.

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Ahora, ¿cuál es el paso que sigue?

Emma Pinzón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, explicó que la nueva ley de medicamentos se divide en dos secciones, una normativa y una de adquisición, ambas ya reglamentadas. Sin embargo, la parte de adquisición de medicamentos, otros productos para la salud humana, insumos de salud, dispositivos y equipos médicos empezará a regir a partir del 24 de agosto del año en curso.

Uno de los principales instrumentos que establece la Ley 419 del 1 de febrero de 2024, es el mecanismo de ‘compra conjunta’ entre la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa), con el cual se buscaría reducir los tiempos de compra, lo que resultaría en un abastecimiento de medicamentos más eficaz. Acabar con el “no hay” en medicamentos e insumos forma parte de los objetivos de dicha ley. También se busca transparentar la adquisición de insumos, ya que todos los actos de compra se publicarían a través del portal PanamaCompra.

Por su parte, los pacientes con enfermedades raras, ven con esperanza su reglamentación, pues su vida depende del oportuno abastecimiento de medicamentos para quienes tienes diagnósticos complicados.

Así lo indica Juana Pérez de la Asociación Unidos por la Miastenia Gravis Panamá, quien espera que la ley permita que existan medicamentos de acceso público para todos los pacientes, que en muchos casos no tienen los recursos para adquirirlos en el sistema privado.

"Hay enfermedades que los medicamentos no se traen aquí, y son muy costosos, entonces, eso es lo que se busca que el Minsa, le pueda dar la apertura para que las personas puedan tener acceso, porque hay enfermedades que son muy muy caras, el medicamento no está en Panamá y hay que traerlo de afuera", señaló.

En ese orden de días, Pinzón indicó que, en el día de ayer se publicó el segundo acto de compra conjunta, conformado de unos 250 reglones aproximadamente. La primera compra conjunta se habría realizado en agosto pasado, cuando la norma aún era un decreto.

Han comprado todos los renglones de la Caja por este nuevo método que es el que los pacientes estamos apoyando”, aseguró.

A juicio de Pinzón, la correcta implementación de la ley de medicamentos dependerá de la buena voluntad de los funcionarios que influyen en el proceso, pues considera que es una “buena ley”, pero, incluso, en su reglamentación, quedaron algunos vacíos que no fueron abordados para evitar que el “juega vivo” acabe con las buenas intenciones que quedaron plasmadas para que los pacientes puedan obtener sus medicinas.

Se quitaron tantos pasos burocráticos, ahora todo se hace en línea. La ley tiene muchas cosas buenas, pero va a depender siempre de la agilidad con la que los funcionarios la hagan cumplir”, precisó Pinzón.

'Farmacias solidarias'

La nueva ley de medicamentos incluye el concepto de “Farmacias Solidarias”, al igual que establece el Sistema Nacional de Negociación de Precios de Medicamentos de Panamá (Sinprem). Todo, con el objetivo de disminuir el precio de los medicamentos e insumos para los usuarios.

Sobre este tema, Pinzón indicó que, es un concepto de orden “opcional y no obligatorio”, las farmacias que se inscriban para adquirir medicamentos al mismo precio del Estado tienen un porcentaje de ganancia establecido en la reglamentación, es decir, que en la teoría no podrían comprar a bajo precio y vender a un alto precio.

Sin embargo, advirtió que existen algunas situaciones que no quedaron plasmadas en la reglamentación que podrían contribuir al “juega vivo” en la comercialización de medicamentos. Uno de estas, sería la falta de señalización en los medicamentos de venta solidaria.

Pedimos que se incluyera que las cajas vengan señalizadas, que no se pueda vender suelto, para evitar el juega vivo, porque todo el que pueda rebuscarse lo va a hacer, pero eso no quedó en la reglamentación”,

Recalcó que, solicitó en reiteradas ocasiones que las cajas vinieras señalizadas porque de lo contrario, se correría el riesgo de que vendieran el medicamento al mismo precio, violando así la norma.

Puso de ejemplo el caso del precio de la “amlodipina”, un médico utilizado para tratar la hipertensión, cuyo precio unitario en farmacias privadas está en 0.73 centavos, pero, si se llega a adquirir a través de la “farmacia solidaria” podría costar hasta 0.10 centavos.

La diferencia es tan grande, que puede haber una distorsión en los precios, sino se hila fino”.

En ese contexto, sugiere que, al no quedar en la reglamentación, corresponderá al Minsa publicar los precios solidarios para que los usuarios puedan solicitar el precio que corresponda, y no haya ningún tipo de negociado.

También indicó que le corresponderá a la población y a la Autoridad para la Protección de Defensa de Consumidores (Acodeco), asumir su responsabilidad para mantener la vigilancia con estas empresas.