Proyectos anticorrupción como barcos a la deriva en la Asamblea Nacional

Las medidas anticorrupción que se prometieron durante la campaña electoral quedaron solo en papel y palabra, puesto que, hasta el momento, los resultados de la Asamblea Nacional en el debate y aprobación de los pocos proyectos presentados son muy pobres, al igual que las iniciativas provenientes por parte del Ejecutivo.

El compromiso de discutir el proyecto que modifica el reglamento interno del Órgano Legislativo, que hizo el actual presidente del hemiciclo, Crispiano Adames, se quedó en el discurso de un 1 de julio cuando los llamados "padres de la patria", lo eligieron como la nueva cabeza del Órgano y conformaron la Junta Directiva, pero de cumplir y aprobar la iniciativa nada.

Hasta el momento, la Asamblea solo le ha dado visto bueno a la Ley de Conflicto de Intereses, pero existe una lista de almenos cinco proyectos que siguen esperando cuajar en el pleno o se sancionadas por el Presidente.

• El proyecto 195 que adopta medidas de protección y regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las autoridades delitos contra la administración pública. Está pendiente del segundo debate desde el 14 de enero del 2021.
• El proyecto 514 imprescriptibilidad de los delitos en la administración pública. Aprobado en tercer debate.
• Proyecto 625 de extinción de dominio, regresado a la subcomisión el 26 de abril del 2022.
• Proyecto 96 que modifica el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Se encuentra pendiente de segundo debate desde septiembre del 2021.

Mientras tanto, la sociedad civil espera mayores controles y herramientas para combatir la corrupción.

Discusiones estancadas

La diputada de Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas, reconoce que hay muchos temas pendientes de gran importancia que la sociedad espera que sean discutidos para mejorar la gestión de transparencia, no solo dentro de la gestión pública sino como proyección nacional e internacional.

En cuanto al proyecto de extinción de dominio, que parece tener grandes obstáculos dentro de este recinto, Rosas señaló que es importante evitar que el crimen organizado penetre las estructuras de poder, por lo que hizo un llamado a la Asamblea a aprovechar los últimos meses de gestión para promover los proyectos que la ciudadanía espera sean discutidos.

“La ciudadanía está esperando que se debata sobre temas de corrupción, rendición de cuentas y penetración del crimen organizado en las estructuras de poder”, manifestó.

A la Asamblea le queda un año y cuatro meses para culminar su gestión, en el que podrían llevar a sometimiento estas iniciativas, pero, en ese periodo los diputados también estarán ocupados con la actividad política que se generará en los próximos meses, sobre todo aquellos que pretenden estar cinco años más en una curul.

No obstante, Rosas aseguró que no se tratará de una cuestión de tiempo, sino de voluntad, por lo que considera que, si los diputados están enfocados en dejar una gestión positiva para el país, entonces encontrarán la voluntad y el tiempo para hacerlo.

Por su parte, Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin), manifestó que “es frustrante” ver como todos utilizan el discurso anticorrupción en sus campañas políticas, pero a la hora que asumen el cargo se olvidan de sus promesas, e incluso los pactos firmados durante campaña.

Destacó que, los proyectos más apremiantes que no han prosperado en la Asamblea son el de extinción de dominio y el de protección para quienes denuncian temas de corrupción.

“Hoy en día estamos siendo perseguidos por el sistema judicial a través de querellas por calumnia e injuria, delitos ambiguos o demandas civiles por cientos de miles de dólares que, el único objetivo que tienen ni siquiera es cobrar, sino amedrentar”, — Annette Planells - Movin

Planells recordó como los dos presidentes de la Asamblea, Marcos Castillero y Crispiano Adames, se comprometieron con el proyecto que modifica el reglamento interno del órgano, no obstante, no se aprueba y, “los diputados siguen haciendo lo que les da la gana dentro y fuera de la Asamblea”.

Considera que, si de los diputados depende la aprobación de estos proyectos, no va a suceder, por lo que son los ciudadanos quienes deben ejercer presión para que cumplan con su rol.

En cuanto al proyecto de Ley 625 que adopta la extinción de dominio de bienes ilícitos, presentado en 2021, dijo que es urgente para quitarle los activos, no solo a los narcotraficantes, sino a las personas que producto de la corrupción se enriquecen.

“Todos los ciudadanos somos testigos de que entran al gobierno y no tienen más nunca que volver a trabajar”, expresó.

En este sentido, durante los últimos años se han dado señalamientos directos contra algunos miembros de partidos políticos y la supuesta infiltración del narcotráfico en los partidos políticos, sin embargo, son comentarios que quedan en el aire.

A esto Planells indicó que la ciudadanía es testigo del despilfarro de dinero de algunos diputados, preguntándose de dónde sacan esos recursos.

“Cómo estas personas que ganan 5,000 dólares llegan a tener mansiones, yates, fincas, llegan a usar aviones privados para viajar, regalar bicicletas, si el salario de la Asamblea no da para eso”, cuestionó.

Concluyó diciendo que:

“es evidente que hay dineros del narcotráfico penetrando no solamente la Asamblea, sino los partidos políticos y eso es un gran peligro para la democracia. Una vez que el crimen organizado se instala en la política de un país es muy difícil sacarla”.

Mala calificación anticorrupción

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción para el año 2022, Panamá está en la posición 101 de 180 con calificación de 36/100, siendo 0 la calificación más baja, 100 la más alta y 43 la media de la región.

Desde el 2012, año en que Panamá ingresó a la medición, la calificación obtenida no cambia, ya que según el informe siempre oscila entre 34 y 36, lo que deja en evidencia los débiles esfuerzos para acabar con la corrupción, no de esta administración, sino de todas.