Presupuesto 2025: ¿Conflicto real o jugada estratégica entre el Ejecutivo y el Legislativo?

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hecho inusual está captando la atención ciudadana: el país aún no cuenta con un presupuesto aprobado para el año 2025.

A pesar de la habitual colaboración entre el Ejecutivo, en este caso, liderado por el presidente José Raúl Mulino, y la Asamblea Nacional, presidida por Dana Castañeda, ambos órganos no han logrado ponerse de acuerdo sobre el futuro financiero del país.

A menos de seis días hábiles para el cierre del periodo de sesiones ordinarias, el conflicto sobre el presupuesto sigue abierto, lo que ha generado dudas sobre si se trata de un desacuerdo genuino o una maniobra política cuidadosamente calculada.

Los diputados de la Comisión de Presupuesto han solicitado una segunda modificación al proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por Felipe Chapman.

Afirman que están discutiendo a contrarreloj porque el Ejecutivo entregó el presupuesto tarde, en octubre, incumpliendo con lo estipulado por el artículo 184 de la Constitución, que establece su presentación en el mes de agosto; y piden que se les convoque a sesiones extraordinarias para discutir el tema.

Esta situación contradice las declaraciones del presidente Mulino, quien había asegurado que no sería necesario convocar a sesiones extraordinarias para discutir el presupuesto.

Yo tengo una muy buena coordinación con la Asamblea, con el presidente de la Comisión de Presupuesto (...) ellos están estableciendo un calendario para poder aprobar el presupuesto de la nación antes del 31 de octubre”, dijo el Presidente en su momento.

A pesar de la tensión, Mulino ha mantenido un enfoque moderado: "El presupuesto va a ser conservador y se irá ajustando en el transcurso del próximo año", indicó antes de partir hacia Europa en su cuarto viaje oficial.

Incluso restó importancia a la retirada del proyecto inicial por parte de Chapman tras las objeciones de los diputados, asegurando que no fue un "caos".

Sin embargo, el mandatario expresó su desacuerdo con la asignación del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, argumentando que dicha cifra surgió de un diálogo desordenado en Penonomé hace dos años y que no es sostenible.

Reclamos desde la Asamblea

El tema educativo ha sido el principal motivo de las quejas por parte de los diputados. A pesar de que la ministra de Educación, Lucy Molinar, ha señalado que puede trabajar con el presupuesto asignado, los diputados insisten en que se deben incrementar los fondos para instituciones como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y las universidades. Exigen que se respete la ley que establece el 7% del PIB para el sector educativo.

Los diputados también han criticado los recortes a los gobiernos locales, que juegan un papel crucial en sus bases políticas.

Además, han solicitado que se incluya el subsidio del gas en el presupuesto.

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A raíz de estas demandas, la metodología de la discusión del presupuesto ha cambiado. Aunque inicialmente se había priorizado a los ministerios, ayer miércoles se decidió suspender las vistas de las entidades educativas y el MEF hasta que se realicen los ajustes solicitados.

Cabe recordar que tras los primeros cambios que el MEF le hizo al presupuesto se le aumentó $10 millones más al presupuesto de la Asamblea, que ascendía a $88.2 millones para el 2025.

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¿Qué pasará si no se logra un acuerdo?

Con el tiempo en contra, dos posibles escenarios constitucionales comienzan a tomar fuerza. Según el artículo 272, si no se aprueba el presupuesto antes del inicio del nuevo año fiscal, entrará en vigencia el proyecto presentado por el Ejecutivo. Es decir, el presentado por el ministro Chapman que, por ahora, asciende a $26,835.2 millones.

Por otro lado, el artículo 273 indica que, en caso de que la Asamblea rechace el presupuesto, se prorrogará automáticamente el del año anterior, que en este caso, el de 2024 que es de $30,690,395,220, "hasta que se apruebe el nuevo Presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto rechazado respecto al servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la Ley".

El destino del presupuesto 2025 sigue siendo incierto, dejando abierta la pregunta: ¿Estamos presenciando un conflicto real entre dos poderes del Estado o es una jugada estratégica ?