Los puntos que podrían estar asfixiando las finanzas de la administración Cortizo

Ciudad de Panamá/El pulso de la economía panameña languidece. El acumulado de los ingresos corrientes al primer trimestre de este año cayó en $97 millones, un 6,9% menos que en igual periodo del año pasado, según las cifras oficiales, mientras que la planilla gubernamental y los subsidios suben como la espuma, sin que se vislumbre una rápida y pronta mejoría.

Los ingresos corrientes empezaron a mostrar debilidad en 2020, cuando descendieron en $1,841 millones, un 22,5% menos que el año anterior, tendencia que se mantiene en un péndulo.

Agudizada por la pandemia, la radiografía de las finanzas públicas no es para nada alentadora: las últimas cifras oficiales del 2020 indican que los ingresos corrientes sumaron $6,612 millones versus gastos corrientes por $7,992 millones, amén de una planilla gubernamental que consume $4,441 millones, un aumento de 6.4% respecto al año anterior, y subsidios por $2,415 millones, un 36.5% más que en 2019.

A los gastos corrientes súmele “unos $200 millones en lo que va del año” producto de las leyes especiales, afirma el ministro de Economía y Finanzas. Héctor Alexander, quien a principios de 2021 informó que se requerían $5,971 millones para financiar el presupuesto, de los cuales se utilizarían $1,822 millones para amortizar la deuda.

Alexander, un tecnócrata que desde 1974 ha estado ligado a la política económica gubernamental, se ha dedicado en las últimas semanas a dar la voz de alerta en distintos foros , más no así las posibles soluciones, aunque economistas consultados señalan que esto no dependen de él, pues se trata de una “decisión política” que el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen debe tomar, pero “con mucho cuidado”.

“Este es un tema de política económica, donde los economistas solo hacen la recomendación”, sostiene Rolando Gordón, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

Las voces para que se amplíe la base impositiva como vía para salir de la crisis empiezan a escucharse, al igual que las que sugieren seguir pidiéndole dinero a las entidades crediticias internacionales, aunque Gordón se decanta por establecer un “impuesto solidario” a las grandes empresas, tal y como lo hizo Argentina.

Sostiene que en el país a las grandes empresas se les exonera por 20 años y que cuando empiezan a pagar impuestos estos no compensan las ganancias obtenidas, dando como ejemplo el caso de las actividades portuarias y de minería.

Para el economista, la crisis económica se agudiza porque el Gobierno no tiene una estrategia bien cimentada para generar empleos y aumentar la producción, amén de la falta de transparencia demostrada con los aproximadamente 10 mil millones en que ha endeudado al país para supuestamente paliar los efectos de la pandemia originada por el Coronavirus. De 2009 a 2020 la deuda pública se situó en $25,988 millones, o sea 236.8%.

Esto, en su opinión, hará que el pueblo no acepte pagar más impuestos para enfrentar la crisis.

Felipe Argote, economista, favorece la desaparición de la mayoría de los subsidios, que se han incrementado en los últimos años, como una medida para recuperar el ritmo económico. En 2018 por cada dólar que entraba a la economía se destinaban 18 centavos para subsidios, cifra que en 2019 subió a 20 centavos y en 2020 a 36 centavos y medio, según las estadísticas oficiales.

El Gobierno destina un poco más de $2,415 millones para subsidiar programas como el plan Panamá Solidario, Red de Oportunidades, Programa 120 a los 65, Ángel Guardián, programas de becas, subsidios al tanque de gas licuado de 25 libras, a la electricidad, metrobus, metro, fondo solidario de vivienda e intereses preferenciales, entre otros.

El comportamiento de la planilla y los subsidios no es sostenible…Los subsidios y la planilla le pusieron presión al ahorro”, reconoce el ministro Alexander, quien no duda en ocultar que “el Gobierno central tiene un problema financiero muy profundo”.

Desmontar la abultada planilla gubernamental es un proceso viable, pero que debe hacerse inteligentemente, apunta el exdecano de Economía, quien sugiere retirar paulatinamente a los jubilados del sistema y congelar sus plazas, siempre y cuando estas no sean de importancia para el país, como es el caso de la salud y la educación. En Panamá, más de 23 mil jubilados laboran en el aparato gubernamental.

El ministro Alexander asegura que la administración se encuentra racionalizando el gasto público, en rubros como viajes, compra de maquinarias, equipos, y en cuanto a la renegociación que se hizo de los alquileres que ocupan las entidades gubernamentales, en donde no se pagará más de $10 por metro cuadrado. Igualmente, adujo que se ha mejorado la recaudación, minimizando la evasión fiscal.

Sin dar mayores detalles sentenció que en cuanto a la racionalización del gasto “hay una labor que se va a ser sentir”.

Llamó a cerrar cuanto antes la brecha entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, que con la pandemia ha recrudecido. Hacerlo, manifestó, es importante porque representa el ahorro del país, aunque no es un ahorro que está en una cuenta bancaria, toda vez que son los recursos que se utilizan para invertir sin tener que endeudarse o endeudarse menos.

Alexander afirmó que esa capacidad de ahorro ha ido disminuyendo y ahora está en negativo. “Este es el peor de los mundos”, pues es una situación que no es sostenible, ni en los hogares, dijo ante la mesa de diálogo que analiza las alternativas de una salida a la crisis económica por la que atraviesa la Caja de Seguro Social.