Panamá ha otorgado 199,112 hectáreas en concesiones mineras
Se espera que la minería aporte 6% del Producto Interno Bruto.
Unas 143,075 hectáreas corresponden a concesiones para extraer minerales no metálicos.
International Government Forum (IGF) en diciembre de 2020 publicó un informe titulado “Marco de Políticas Mineras en Panamá”.
Un total de 199,112 hectáreas alrededor del país han sido concesionadas para proyectos mineros, según cifras oficiales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) actualizadas hasta abril de 2021. Esto equivale al largo de 19.9 millones de estadios Rommel Fernández colocados uno al lado de otro.
Unas 143,075 hectáreas corresponden a concesiones para extraer minerales no metálicos, mientras que 56,037 son para la extracción de metales.
El Gobierno Nacional tomó grandes acciones en las últimas semanas sobre temas mineros. El 13 de mayo aparecen publicadas 3 resoluciones del MICI en Gaceta Oficial. Una de ellas (con fecha original del 22 de julio de 2015) le retira la concesión de Mina Molejón a Petaquilla Gold citando incumplimiento en pagos, abandono de operaciones y falta de medidas de protección ambiental. Las otras dos resoluciones añaden más de 25 mil hectáreas al régimen de concesiones mineras en las provincias de Coclé y Colón.
Este martes 18 de mayo, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, reveló que la empresa Broadway Mineral ha presentado una propuesta para invertir 200 millones de dólares en Mina Molejón.
“La empresa Broadway también proyecta invertir 250 millones de balboas en la construcción de una Refinería, en la cual el Estado panameño tendrá participación accionaria de 50%. Esta refinería dará servicios a las distintas concesiones de oro y plata en Panamá y de la región, apalancándose en la posición geográfica e infraestructura logística”, detalla un comunicado del MICI.
El Ministro asegura que la minería es un pilar fundamental del Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024. Por ello, este mes se inició un diálogo entre el MICI y el Banco Interamericano de Desarrollo. Una semana después, añadieron las 25 mil hectáreas al régimen de concesiones.
El Gobierno Nacional ha dejado claro su postura sobre el futuro minero del país, aunque casos como el de Petaquilla Gold han costado millones de dólares al estado solo en contención de daños y para proteger la salud humana y medio ambiente. Dos millones de dólares se tuvieron que gastar de emergencia en 2016 para bombear el agua acumulada en tinas y se estima que costará 30 millones de dólares sanear el área por completo.
Panamá se inscribió en el International Government Forum (IGF), que en diciembre de 2020 publicó un informe titulado “Marco de Políticas Mineras en Panamá”.
Se espera que la minería aporte 6% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, sin una visión o política minera con un plan de desarrollo minero consistente que dé una dirección a la gestión gubernamental del sector, las metas presidenciales serán difíciles de alcanzar”, apunta el informe.
“El marco legal se encuentra desactualizado. Por ejemplo, el Código de Recursos Minerales debe modificarse en base a los estándares y mejores prácticas internacionales. Asimismo, falta legislación y regulación específica minera en materia ambiental, de seguridad, cierre y post cierre de minas y minería artesanal y en pequeña escala”, explica el informe.
El IGF apunta otras debilidades claves:
“No existe mención al cierre de minas, post cierre y su garantía financiera en la legislación a pesar de existir tres casos de cierres conflictivos en el país en los últimos años. Faltan competencias para la fiscalización impositiva y aduanera en las concesiones por contratos como por ley. La distribución de impuestos recaudados es poco transparente. A pesar de tener una cantidad pequeña de minería ilegal, en comparación con otros países, el Gobierno no ejerce control sobre este sector, siendo que estas operaciones ilegales son propensas a prácticas inaceptables como el trabajo infantil, la inmigración ilegal y los impactos negativos al medio ambiente”, concluye.
Entre las fortalezas apunta que la distribución de los beneficios financieros tiene fines específicos para el desarrollo de comunidades aledañas a los proyectos, la promoción de empleo a ciudadanos panameños y la participación de grupos originarios.
“Los pueblos indígenas pueden decidir si aceptan o no los proyectos mineros en sus territorios ya que la legislación panameña, fundamentada por la Constitución, los faculta como gobiernos autónomos, aún cuando esta norma de la República establezca que los recursos minerales son propiedad del Estado. Independientemente del tipo de territorio, los derechos de los pueblos indígenas igualmente son considerados para la aceptación de proyectos mineros”.