'Observador particular aduanero' enfrenta a avicultores y porcicultores con los ganaderos

Ciudad de Panamá, Panamá/La no inclusión de un “observador particular aduanero” en el proyecto de ley 924 que crea la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria llevó a los avicultores y porcicultores a pedirle al Ejecutivo que vete parcialmente esta norma, mientras que los ganaderos afirman que dicha figura trastoca la iniciativa de equiparar sus normas para poder exportar a Estados Unidos.

Los ganaderos sostienen que al tener a particulares vigilando las actuaciones de los funcionarios de la nueva Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria “automáticamente” se da al traste con la equivalencia en la cual trabajan desde hace dos años.

Además, señalan que se deja en evidencia “la desconfianza en las actuaciones, la disciplina, la honradez y el profesionalismo de los inspectores” del citado organismo.

Uno de los aspectos más importantes a evaluar dentro del proceso de equivalencia, explicaron, es la institucionalidad del servicio de inspección, tarea que debe ser asumida por la recién creada dirección.

Detallan que esta entidad debe ser responsable de la administración del sistema, de dictar las normas y de garantizar su cumplimiento y sancionar a los infractores para garantizar la vida y salud de los consumidores en Panamá y en los países hacia donde se dirigen las exportaciones cárnicas.

Destacan que en ninguno de los tres debates que se le dieron al proyecto de ley 924 en la Asamblea Nacional se trató el tema del “observador particular aduanero”.

Pero, Luis Carlos Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip), aseguró que no ve ninguna relación entre la figura del “observador particular aduanero” con la equivalencia sanitaria que pregonan los ganaderos, ya que este no sería un funcionario, ni tendría poder de decisión, pues solo sería un mero observador.

Ante este señalamiento, Euclides Diaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) ripostó manifestando que “lo que nos han indicado los especialistas en trámites de certificación de países para exportar huevo y carnes a Estados Unidos ante el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria es que los particulares no deben intervenir en las labores propias de las autoridades sanitarias, porque vician el sistema”.

Al respecto, Castroverde apuntó que el “observador particular aduanero” tiene que ver es con mecanismos de control que el país soberanamente puede establecer para garantizar qué es lo que se importa y si se cumple con las normas, “que es el espíritu y el objetivo de incluir esto en la Ley de Política Agroalimentaria de Estados (Pade)”.

Y es precisamente esta norma, conocida como la ley del “Pade…spués”, la que en su artículo 20 crea la figura del “observador particular aduanero”, que será propuesto en una terna por los gremios y asociaciones, y que será designado por el Ejecutivo.

Quien sea designado tendrá la facultad de observar la debida aplicación de los procedimientos de aforo físico y documental de todos los regímenes aduaneros en materia fito y zoosanitario de productos agroalimentarios, reportando lo que considere anomalías a la autoridad competente.

La Autoridad Nacional de Aduanas, de acuerdo con la ley del Pade, permitirá el ingreso del “observador particular aduanero” a las operaciones de importación de productos agroalimentarios en todos los puestos de control, previa solicitud formal ante el administrador regional de la correspondiente zona aduanera.

“Nuestra objeción fundamentalmente al solicitar el veto parcial del proyecto de ley 924 es porque efectivamente se eliminó la figura del observador aduanero y además de eso se establecieron algunos temas que a nuestro juicio van en contra y desconocen y mediatizan normas claras del Pade, respecto a los temas de los recintos aduaneros y del observador”, reiteró Castroverde.

No obstante, para Díaz es claro que la ley del Pade y el proyecto de ley 924 que crea la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, y que está para la sanción del presidente Laurentino Cortizo, “son dos instrumentos jurídicos distintos”.

Añadió que el proyecto de ley 924 en ninguno de los textos discutidos en la Asamblea Nacional analizó la figura del observador particular y tampoco aludió a la ley del Pade, “por lo que no sabemos a qué obedece la solicitud de veto” de los avicultores y porcicultores.

En este aspecto, Castroverde insistió en que lo único que aporta la nueva figura es transparencia, confiabilidad y a que se tenga la confianza de que se verifique lo que entra el país, por lo que eliminarlo es “mediatizar los controles”.

Dijo que esta es una figura que funciona perfectamente en los puertos colombianos, lo cual pudo ser comprobado por una delegación de ganaderos, avicultores y porcicultores que visitó el hermano país en diciembre de 2022.

Consultado sobre el tema, Carlos Pitty, presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor), gremio que también pide el veto parcial del proyecto de ley 924, prefirió no hacer comentarios.

Estas escaramuzas entre avicultores, porcicultores y ganaderos solo es el preludio de las contradicciones que le deja como herencia al sector agropecuario la administración Cortizo con la ley del Pade, “que en muchos aspectos pasa incluso por encima de leyes ya establecidas”, estimó una fuente gubernamental que prefirió el anonimato.