Lo (poco) que se sabe del nuevo contrato minero

Panamá/Una historia llena de contradicciones. Así se explica el recorrido del Contrato Ley 9, que casi una década después de haberse demandado, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.

El fallo marcó el inicio de un capítulo que aún no termina de escribirse en Panamá, con una sucesión de tramas que dejarían perplejo a cualquier amante del surrealismo. Y es que los hechos posteriores al fallo –y que aún siguen revelándose- tienen una alta carga de suspenso, luchas de poder, intrigas, medias verdades y contradicciones, que aunque serían ingredientes perfectos en una novela, no aportan más que desconfianza en la población ante una realidad de gran magnitud como es la concesión minera en cuestión.

El gobierno anterior de Juan Carlos Varela permitió la continuidad de la actividad minera a pesar del fallo de inconstitucionalidad. Pretendió “regularizar” la actividad enviando un contrato idéntico a la Asamblea en el ocaso de su mandato, pero la balanza política le jugó en contra y los diputados rechazaron el contrato, dejando el “asunto por resolver” al entrante gobierno de Cortizo.

Cuando el Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Cortizo y Carrizo toman el poder en julio de 2019, prometen una “renegociación” con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum y operadora de Cobre Panamá, la mina que justo había empezado a exportar concentrado de cobre en junio de ese mismo año. 

Cortizo formó un comité de asesores y funcionarios para negociar con la empresa. Luego llegó la pandemia. Las negociaciones se hicieron a puerta cerrada. Aparte de escuetos comunicados oficiales, lo más concreto que trascendió sobre estas negociaciones pasó a mediados de 2021, cuando el veterano perredista y economista Marcel Salamín, quien fue parte de la comisión asesora, renunció denunciando en una entrevista en el programa Mesa de Periodistas, que “se dejó entrever que había una propuesta pre elaborada desde hace algún tiempo” en esa mesa, además de otras irregularidades en el proceso.

Salamín también criticó en esa entrevista la no publicación en Gaceta Oficial del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, algo que ocurrió finalmente –y tras muchas presiones– en diciembre de 2021, cuatro años después de haberse emitido. 

Solo días después, en enero de 2022, el presidente Cortizo anunciaba al país que las negociaciones habían culminado. Que la empresa haría un aporte “mínimo” de 375 millones al año y que parte de los fondos irían al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, que las regalías “aumentarían” al 12% de las ganancias brutas –en el contrato anterior eran el 2% de las ventas brutas– permitiéndole a la minera descontar su costo operativo antes de tasar las regalías con la nueva ecuación. Y como los “costos operativos” son variables y reportados por la misma empresa, tal aumento porcentual puede quedar diluido en cantidades de dinero proporcionalmente menores en la práctica.    

Desde ese momento, Cortizo anunció que el Ministerio de Comercio e Industrias redactaría el nuevo contrato que recogería todas las negociaciones y cláusulas –hasta ahora ninguna hecha pública– que la empresa había acordado con el gobierno. Sin embargo, esta última semana, Cortizo fue contradicho por un funcionario de su propio gabinete: el viceministro de Comercio Interior e Industrias, Omar Montilla, dijo en TVN que aun “todos los temas se están analizando en la mesa”, incluyendo el porcentaje de regalías que debe pagar la empresa por la extracción.

Hasta el cierre de esta edición, Minera Panamá no contestó al cuestionario enviado para este reportaje, en donde se les preguntó lo siguiente:

1. ¿En qué fase están las negociaciones del nuevo contrato minero con el gobierno panameño? 

2. Favor detallar qué aspectos faltan por concretar y cuáles son específicamente los puntos en que no hay coincidencia? 

3. ¿Cuál es el monto adicional que pagarán al Estado panameño después de las negociaciones? ¿Hay acuerdo en este punto?

4. Algún otro comentario o información adicional que quieran aportar a la opinión pública panameña. 

 Sin embargo, de acuerdo al diario La Prensa, que citó a la empresa minera, ésta confirmó que la redacción del nuevo contrato “está en marcha” y que “continúan negociándose las protecciones solicitadas por la empresa desde el 17 de enero del presente año cuando vencía el plazo establecido por el Gobierno Nacional para dar respuesta al régimen económico propuesto”.

Si todo estaba negociado según el presidente, y solo faltaba cumplir con las formalidades de la redacción del nuevo contrato, la consulta pública y su aprobación por parte de la Asamblea, cabe preguntarse: ¿qué pasó en el camino?

Definitivamente que ahora en octubre Panamá no es el mismo país que era a principios de año. Ha corrido mucha agua debajo del puente desde entonces, incluyendo protestas inéditas y estremecedoras. También parece que el polo de poder oficial se inclina casi totalmente hacia los diputados, quienes están al final de la cadena de esta historia y son los que aprobarán o desaprobarán cualquier contrato.

Y es precisamente en la Asamblea donde aparentemente se está soltando el nudo de la supuesta negociación concluida que anunció Cortizo en enero. Las claves podrían estar en el Anteproyecto de Ley 031, fechado a julio de este año y propuesto por los diputados Jairo Salazar, Ariel Alba, Mariano López, Eugenio Bernal, Arquesio Arias y Javier Sucre, en el cual establecen un pago retroactivo de regalías de entre 12% y 16% de las ganancias brutas “por los dineros que el Estado panameño dejó de percibir, por los años 2017, 2018,2019 y 2020, por los acuerdos de cámara y el tráfico de influencias, presentamos el presente anteproyecto de ley, para resarcir aunque sea económicamente, lo que se le debe al Estado panameño por la explotación minera de la empresa Minera Panamá, S.A., (Cobre Panamá)”, según la exposición de motivos firmada por el diputado oficialista Jairo Salazar.

Un mes después, en agosto, Salazar volvió a presentar ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea otro anteproyecto: se trata del 059 que deroga la Ley 9 de 1997 y pide “la suspensión de cualquier actividad económica y laboral por parte de la empresa Minera Petaquilla S.A, ahora denominada Minera Panamá, S.A”, argumentando en su exposición de motivos que “el fallo por el cual se declara la inconstitucionalidad fue publicado en Gaceta Oficial N° 29439 el miércoles 22 de diciembre de 2021, por lo cual debió entrar en vigencia en esa misma fecha dejando sin efecto el Contrato de la Minera con el Estado, sin embargo, han transcurrido ocho meses y la misma se mantiene ejerciendo operaciones en la mina, extrayendo de manera ilegal los recursos minerales, propiedad del Estado y de todos los panameños”.

Los anteproyectos, que al momento de esta publicación estaban en etapa preliminar en la sección de seguimiento de la página web de la Asamblea, demuestran que no todo estaba dicho entre el gobierno y la empresa cuando Cortizo anunció -con bombos y platillos- la culminación de las negociaciones. Quizás apenas (re)comienzan.

Vicios de origen 

María Gabriela Dutari, abogada del Centro de Incidencia Ambiental, reseña al menos dos situaciones graves en todo este proceso de negociación: el primero es que “se está repitiendo el mismo proceso que hace décadas llevó que se aprobara un contrato inconstitucional…se están siguiendo los mismos pasos que condujeron a la aprobación del contrato ley 9 de 1997”. Dutari se refiere a la contratación “de a dedo” que se otorgó en ese entonces a Petaquilla, sin concurso de oferentes, algo que se repetiría con este “nuevo contrato y completo desdén con el fallo de la Corte”.

En efecto, de acuerdo al mismo anteproyecto de Salazar, éste cita el fallo de la Corte fundado “por incumplir los principios básicos de contratación pública, y por no representar los mejores intereses para el Estado, argumentado que el mismo era ajeno al bienestar social y al interés público, ya que en este tipo de concesiones siempre debe prevalecer y ser protegido el interés de la mayoría”.

Otro precedente grave que señala la jurista del CIAM es la opacidad de todo el proceso: “se está manipulando seriamente a la población, porque hay mucha contradicción entre lo que dicen altos funcionarios del gobierno, un largo periodo de tiempo en el que no pasa nada, procesos anómalos de negociación y falta de información, todo lo que redunda en una falta de respeto con el pueblo”, aparte de repetir los mismos vicios de origen que obligaron a la Corte a declarar inconstitucional el contrato original.

El organismo pronunció en su momento la posibilidad de interponer un recurso de desacato una vez se apruebe el nuevo contrato, porque la Asamblea estaría aprobando nuevamente un contrato que no pasó por un proceso de concurrencia, incumpliendo el fallo de la Corte.

Joana Abrego, gerente legal del CIAM, dijo por su parte que en efecto, como parte del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, interpondrían una solicitud de desacato en cuanto el nuevo contrato sea presentado a la Asamblea.