Molestia, confusión y amenazas de demanda por posible sanción a ley que obliga el uso de sillas infantiles

Panamá/De ser sancionada por el presidente José Raúl Mulino, la ley que haría obligatorio el uso de sillas de retención infantil en Panamá podría terminar en la Corte Suprema de Justicia. Gremios transportistas han advertido que presentarán demandas contra la normativa, al considerar que fue aprobada sin una consulta adecuada con todos los sectores sociales.

“Nosotros presentaremos las demandas correspondientes ante la esfera del derecho que corresponda, como Cámara Provincial de Transporte, porque consideramos que sí, es buena la ley, pero oye, con la consulta ciudadana correspondiente, que no solo mire al panameño de la clase media o alta, sino a todos”, señaló Omar López, presidente de la Cámara Provisional de Transporte de Panamá.

López denunció que la Asamblea Nacional aprobó la norma sin hacer las consultas necesarias con todos los sectores del país. “Aquí no se ha tomado en cuenta al panameño que ni siquiera tiene para echarle la gasolina al vehículo, a los que tienen tres y cuatro niños ¿cuántas sillas van a tener en su vehículo?”, cuestionó.

Aunque reconoció la importancia del tema —“la seguridad de los niños es muy importante”— también insistió en que la propuesta debía analizarse más a fondo. “Ahora la gente presume, en este momento, que lo que hay es un negociado, aunque no puede que sea así, pero la gente lo ve así porque no se dieron las consultas correspondientes”.

El dirigente aseguró que no se oponen por oponerse. “Entendemos que muchos ciudadanos no tienen cuidado con los niños. La gente tiene que tener cuidado con los niños, porque hay muchas personas que van en su vehículo y los niños van con la cabeza o las manos afuera, pero para pasar esa propuesta se tenía que hacer una ley que fuera poco a poco. No puedes obligar al panameño, tú tienes que enseñarle, educarlo para que vaya cogiendo conciencia y saber que al final el que va a llorar va a ser él, por si hay un accidente”.

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Confusión y descontento en redes sociales

La iniciativa, impulsada por la diputada de San Miguelito Yarelis Rodríguez, también ha generado descontento en redes sociales, donde muchos ciudadanos expresan preocupación por los costos de las sillas. Un video publicado por la diputada mostrando precios entre $30 y $70 fue el detonante de muchas críticas, a pesar de que Rodríguez afirmó que “no hay nada más valioso que la vida de un hijo”.

Uno de los comentarios más compartidos fue el del usuario @juansolorzano18, quien escribió en Instagram: “Tristemente está equivocada en su forma de pensar. Esto afectará al pueblo que la eligió, y este pensamiento me hace arrepentirme de haber votado por usted. Una cosa es hacer conciencia y otra exigir gastar al pueblo algo que debe quedar a la responsabilidad de cada uno. Esto solo hará que haya policías buscando más coimas y ya no se podrá dar el bote a un familiar que tenga niños, y ni se diga a los Uber o taxis”.

Otro usuario, en la red social X @LuisEBernalGar1, agregó: “¿Cuántos hijos tiene la diputada que prohijó esa ley? ¿A quién va dirigido el negocio de las sillas? (sic)”

Voces a favor de la medida

Sin embargo, no todos están en contra. Algunos ciudadanos defendieron la ley como un paso importante en la seguridad vial infantil. Anel Del Busto (@EduSegVial507) escribió: “Yo quiero verlos emputa’os cuando muera el hij@ menor del prim@, herman@, tía, amigo, compañero. Esta ley trata de salvar vidas. No es capricho de ningún diputado. Hay una fundación que defiende a los seres humanos para evitar más muertes en siniestros viales”.

Cabe recordar que este es el segundo intento de la Asamblea Nacional por aprobar una ley de este tipo. La primera propuesta fue presentada durante el periodo 2014–2019 por la entonces diputada independiente Ana Matilde Gómez, pero fue objetada por el expresidente Juan Carlos Varela.

¿Qué dice la propuesta?

La propuesta de ley, que ya está en manos del presidente Mulino, fue aprobada por unanimidad con 46 votos a favor. El Proyecto 52 establece que los niños y niñas con una estatura inferior a 135 centímetros deben viajar en el asiento trasero del vehículo y asegurados en una silla de retención infantil adecuada, lo cual, según estimaciones, podría aplicar hasta aproximadamente los 12 años.

Sin embargo, se aclara que esta norma no aplicará para taxis, colegiales, vehículos comerciales ni de emergencia o servicios esenciales, como ambulancias, bomberos y policía.

En cuanto a las sanciones, si el presidente la aprueba y la norma entra en vigencia, el incumplimiento conllevará una multa de $100. Si el conductor reincide, la multa aumentará a $200 en una segunda ocasión y a $500 en una tercera, además de la suspensión de la licencia de conducir en las dos últimas infracciones.