Una mirada al primer trimestre económico de Panamá: PIB, deuda y contrato minero

Ciudad de Panamá, Panamá/El cierre de marzo —y del primer trimestre del año— vio suceder cuatro eventos importantes en las finanzas públicas del país: la revelación del producto interno bruto (PIB) de 2022, la venta de más de mil millones de dólares de deuda pública en los mercados internacionales, una nota por parte de la casa calificadora Fitch sobre la reducción del déficit fiscal y el inicio de las consultas públicas por parte del Gobierno Nacional sobre su contrato con Minera Panamá, con una supuesta versión digital ya circulando a través de las redes sociales, la cual ofrecería luces sobre los términos del acuerdo.

Producto Interno Bruto (PIB)

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) reveló que el PIB nacional aumentó por un décimo durante el 2022, creciendo el valor de la productividad del país por más de $7 mil millones hasta llegar a los $73 mil millones. El crecimiento en el 2021 había sido de un extraordinario 15%, pero esto después de que la economía se contrajera en casi un sexto durante la pandemia del covid-19. A esa tasa de contracción, habría que crecer al 25% para recuperar la posición anterior.

El crecimiento estuvo empujado por la aún corriente reapertura económica posterior a la pandemia, con la fracción del PIB en construcción creciendo por casi un quinto —18%— durante 2022, el comercio en general por un sexto —16%— y la manufactura, en particular, la producción de carne y la venta de cemento, en un veinteavo —5%. Una notable contracción: la educación, la cual se redujo en un 2% durante 2022, “producto de la migración de estudiantes del sector particular al oficial”, según la entidad.

La medición del PIB por el INEC ocurre poco después de un cambio notable: una revisión del año de referencia contra el cual calcula sus “medidas de volumen encadenadas”, un proceso que elimina el efecto de la inflación sobre los valores del PIB, para que el mismo mida cambios de producción y no solo el aumento de precios. Todavía para el Informe del Contralor de 2021, publicado en julio del año pasado, el año de referencia era 2007, y bajo esa medición, el PIB para 2021 era de $40 mil millones. Con el 2018 como año de referencia, el PIB para 2021 ahora es de $66 mil millones.

Las cifras del INEC ya incluyen su ajuste por la inflación, pero cambiando el año de referencia de regreso a 2007, el PIB al cierre del 2022 podría estar alrededor de los $45 mil millones. Un argumento a favor del cambio del año base tiene que ver con la volatilidad reciente de la tasa de inflación a nivel global y la necesidad de reflejar mejor la época presente, estando el 2007 más allá en el pasado que la crisis financiera de 2008. No obstante, el cambio reciente del año de referencia favoreció la visual de los números del país —como también lo hizo el registro del valor del cobre que sale del país en la cuenta de exportaciones— aunque queda la pregunta de qué tanto esto refleja un correspondiente aumento de la productividad nacional actual.

Deuda

El 2023 inició, para la sorpresa de muchos en los mercados internacionales de deuda, con una alta demanda en el mercado de los llamados bonos SSA —soberanos, supranacionales y de agencia— siendo uno de los principales actores el gigante bancario Citi —dueños de Citibank, con operaciones en Panamá desde 1904— el cual estructuró la venta de más de €7 mil millones en bonos del Tesoro Italiano, la primera venta de ese país en el año, y otro tanto similar en bonos de varias agencias públicas financieras de Francia, además de Asia. La primera venta de bonos del año en este mercado, no obstante, fue del Banco de Inversión Europeo.

Dentro de este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas flotó —también para sorpresa de muchos en los mercados internacionales— dos series de bonos para financiar el presupuesto del año corriente. La primera serie, por mil millones de dólares estadounidenses, vence en 2054, año para el cual, hasta ahora, no había un vencimiento en la programación de deuda del Estado. Los bonos más cercanos son los de 2053, por $1.7 mil millones, y 2056, por $2.5 mil millones. La segunda serie, por $800 millones, es una reapertura de los bonos de 2035, cuyo saldo anterior era de $1.5 mil millones. Ambas series elevan la deuda nacional a alrededor de los $46 mil millones, de los cuales poco más de la mitad —$26 mil millones— están emitidos en bonos internacionales.

Vale notar el alto valor relativo de los cupones —el interés que paga cada bono— de 6.8% y 6.4%, respectivamente. Para referencia, en la venta reciente de bonos en enero, el bono de 2063 tenía un cupón de 4.5% y el de 2033, de 3.2%. No obstante, los valores de los intereses de los bonos de marzo son similares a aquellos de la venta del cierre de noviembre del año pasado.

De igual forma, el mercado pujante y el grado de inversión del país atrajeron a los inversionistas, con la demanda superando en más de cinco veces la oferta, impresionando a varias casas de inversión y cerrando el libro con varios cientos de compradores. 

Como referencia, los bonos panameños pagaban casi 9% en 1997 y alrededor de 7% en 2005, logrando el país obtener $2.5 mil millones a 2.25% en 2020. Y los cupones de los bonos italianos mencionados antes están entre el 2% y el 5%, similar al rango de tasas que paga Panamá a la deuda local.

Admoniciones

A pesar de todo esto, el grado de inversión fue puesto bajo la lupa por la casa calificadora Fitch, la cual dijo en un reciente comunicado este mes que “Panamá logró su objetivo de déficit fiscal para 2022 por factores circunstanciales, pero lograr objetivos cada vez más restrictivos será un reto debido a la ausencia de una clara estrategia de consolidación” —haciendo referencia al techo de límite del déficit fiscal, que fue de 4% del PIB para 2022 y que tendrá que estar por debajo de 2% antes del cierre del próximo año. Se desprende que un mayor valor del PIB amplía la capacidad relativa de endeudamiento del Estado.

Fitch agregó: “el uso de medidas one-off (de una sola vez) [por Panamá] para lograr sus objetivos fiscales continúa pesando sobre la credibilidad de su política fiscal”. Esto en referencia a dos acciones que aseguraron que el déficit fiscal nacional cerrara por debajo del 4% requerido: primero, el reajuste del año de referencia del PIB mencionado anteriormente. Y segundo, un canje de flujo de efectivo —en efecto, un crédito— con nada más que Citi. Continúa Fitch: “el beneficio de esto será temporal […] Sin el canje, gastos altos en intereses habrían mantenido el déficit por encima del objetivo, cerca de 4.5% del PIB. Y el gobierno no registró el canje como deuda”.

“La pausa de las autoridades de la publicación regular de sus parámetros fiscales a mediano plazo durante la pandemia y el uso de canjes de flujo de efectivo sugieren que la capacidad de lograr objetivos próximos se mantiene incierta”, dice la casa. Y no es la única estrategia notada: “Ingresos one-off de ventas de propiedades del gobierno al Canal de Panamá por $550 millones —0.73% del PIB— mejoraran el bancal fiscal en 2023”.

Mina

Fitch cierra su nota indicando que uno de los riesgos más grandes para Panamá ahora es su negociación con Minera Panamá, de cuyos aportes futuros dependería una parte notable de la liquidez del Tesoro Nacional —alrededor de un décimo de la necesidad de financiamiento de este año, la cual está por encima de los $4 mil millones.

De cara a esto, el Gobierno Nacional abrió un “proceso de información pública” y al cierre de la semana pasada se circuló una versión que sería el borrador finalizado del contrato negociado entre el Estado y la mina. El contrato aseguraría aportes anuales de $375 millones anuales al Tesoro Nacional —con $395 millones pagaderos dentro del primer mes después de publicarse el contrato en la Gaceta Oficial como finiquito por todo lo extraído antes de 2021— más, según la vice-alcaldesa Raisa Banfield, el texto ampliaría el área de la concesión siendo operada, por lo que el Tesoro Nacional podría estar recibiendo menos dólares por metro cuadrado cedido. Según el texto circulado, la mina recibiría un crédito fiscal por más de $700 millones, equivalente a casi dos de su aportes anuales.

El texto completo del contrato, además de sus complementos, tiene alrededor de 70 páginas. En esencia, otorga legitimidad a las operaciones de la mina a partir de diciembre de 2021 por un periodo de 20 años, con la garantía de ser la primera opción de una futura prórroga. No solo obtiene la mina el derecho de explotar los recursos minerales de casi 130 mil kilómetros cuadrados, sino que también tiene la capacidad de desarrollar y urbanizar el área mediante la construcción de infraestructura, además de sitios como centros comerciales y centros de salud. El contrato también califica a la explotación minera como una actividad de “utilidad pública e interés social”, lo cual faculta al Gobierno Nacional a actuar retroactivamente.

Finalmente, el contrato también dotaría a una afiliada de la empresa —aún por constituirse– el derecho a una concesión para la explotación de oro, plata y molibdeno. La fianza por la concesión será de $70 millones. Y la mina podrá contratar hasta 15% de su personal del extranjero.