Noticiero Estelar
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La discusión del paquete de reformas electorales en la Comisión de Gobierno generó fricción entre los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que se retiraron del debate y los diputados independientes con los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, Molirena y Cambio Democrático que eliminaron propuestas e introdujeron una serie de modificaciones que a todas luces representaban un retroceso en el ejercicio electoral.
La situación caló en la sociedad civil que se organizó a nivel nacional para manifestarse en contra de las modificaciones y exigir una discusión transparente, equitativa y que buscara los mejores beneficios para el país, lo que provocó la suspensión del debate mientras se revisa lo aprobado en el primer y segundo paquete de reformas en una mesa técnica.
Sin embargo, Aurelio Barría, de la Cruzada Civilista, señaló que esta mesa “es una farsa”, donde negociarán para tratar de mantener e imponer las mismas reformas que introdujeron y que son un retroceso.
“Esa mesa técnica sencillamente es una pérdida de tiempo”, aseguró Barría, señalando que lo que buscan es dilatar el proceso, entretener a los ciudadanos y no revocar las medidas introducidas.
La eliminación del informe de ingresos y gastos de los candidatos, la reducción del tiempo con el que cuentan los independientes para la recolección de firmas, y la eliminación de las facultades del Tribunal Electoral para convocar, reglamentar y fiscalizar los eventos internos de los partidos, pero a cambio financiarlos fueron algunas de las modificaciones introducidas que, según el TE, representan un completo retroceso al Código Electoral. ¿Por qué los diputados quieren cambiar estas normas que no tienen una década de vigencia?
Para Cristian Ábrego, de la Fundación Conciencia Ciudadana, estas no son más que otros goles que quieren meter los diputados que buscan que nadie fiscalice sus elecciones internas para elegir de a dedo la estructura del partido y sus candidatos, esconder la información del uso de los fondos públicos y que le tienen pavor de los candidatos independientes porque les pueden arrebatar sus curules.
“Es básicamente ir hacia atrás en términos de transparencia y un retroceso electoral. Es un contrasentido e incongruente con lo que tiene que ser un funcionario”, manifestó Ábrego sobre la intención de ocultar el uso de los fondos públicos y asegurando que las normas actuales y las propuestas presentadas ponen en riesgo la reelección de los diputados.
Barría coincide con Ábrego al señalar que están evitando que haya una fiscalización, control y rendición de cuentas al Tribunal Electoral, recordando que ha habido separación del cargo de personas que no cumplen con esta norma. Además, manifiesta que quieren disminuir las posibilidades de nuevos candidatos dentro de sus propios partidos y que los independientes tengan iguales condiciones en los próximos comicios.
“Estas medidas están hechas para su conveniencia e interés de permanecer y continuar reelectos en los circuitos electorales donde ellos han aportado grandes montos de clientelismo, planillas, y control sobre la población aprobando vales”, destacó Barría.
Por su parte el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado, señaló que antes de que la institución interviniera en estos eventos, era frecuente que las diferentes facciones de los partidos trataran de tener ventajas en los comicios o de imponer condiciones desventajosas y negar derechos a sus opositores. “Hoy, casi todos los partidos tienen a la cabeza un diputado que, naturalmente, querrá hacer dentro de su partido, lo que le resulte más conveniente, sin la molesta injerencia de un ente independiente de los intereses del respectivo partido”.
La modificación sobre la candidatura independiente establece que estos contarán con tres meses para la recolección de firma cuando inicie el proceso electoral, mientras que la actual norma concede un año previo para este ejercicio, lo que pondría en desventaja a aquellos que quieran participar del torneo electoral por la libre postulación.
“Hemos visto que estas personas, algunas de ellas tienen perfiles que buscan cambiar el status quo
Otra de las propuestas que fue eliminada era la facultad del Tribunal Electoral para reglamentar la aplicación de las causales de nulidad según las inscripciones fuesen manuales o con validación biométrica; y por el contrario se excluye su aplicación a las iniciativas ciudadanas para la revocatoria de mandato de los funcionarios electos.
Ábrego dijo que esto responde a que quienes están en el poder no quieren soltarlo, por lo que quieren obstaculizar el proceso de revocatoria de mandato para que sea más complicado de lograr, obligando a que se salga a recolectar firmas casa por casa para que el TE las apruebe y no las invalide, mientras que la tecnología representa una amenaza para ellos, ya que sería más fácil y rápido el proceso.
La gran deuda que dejaban los diputados de la Comisión de Gobierno a la población es la reducción del financiamiento público y el fuero penal electoral. En cuanto a la primera, pese a la realidad económica que atraviesa el país y que deberá enfrentar en los siguientes años, los diputados pretendían aumentar el subsidio electoral.
Barría considera que esto se debe a que quieren tener muchos más recursos en la campaña preelectoral para la elección de la oferta electoral dentro de sus colectivos y los fondos adicionales.
Mientras que Márquez Amado fue más crítico al decir que: "todos los partidos reciben esos dineros y los están utilizando para fines distintos de los previstos en las leyes y en los motivos que determinaron su establecimiento, pues con frecuencia van a dar al patrimonio personal de individuos, cuando su propósito era estrictamente que se destinaran al adiestramiento y capacitación política de sus miembros en materias relativas al conocimiento de la estructura y organización del Estado".
Sobre el fuero electoral penal, Barría argumenta que los blinda durante el torneo para que no puedan ser investigados, arrestados, ni condenados, y esto es algo con lo que no cuentan los otros candidatos e incluso lo extienden a la Junta Directiva del Partido, asesores y personas que están en campaña para protegerlos de cualquier irregularidad que cometan.
"Lo querían para tener todas las condiciones de impunidad para poder cometer faltas que inclusive pueden ser penas administrativas que tienen que ser atendidas por el Ministerio Público", sostuvo Barría.
Los diputados introdujeron un artículo donde se prohíbe la participación de candidatos a puesto de elección en actos de inauguración de obras públicas, con excepción de quienes ostentan un puesto.
Sobre estas modificaciones introducidas y aprobadas que están en contra sentido con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, Barría dijo que tanto la Junta Directiva de los Partidos, abogados y diputados quieren desconocer estos fallos para tener la ventaja de participar en actos públicos como la inauguración de obras, queriendo demostrar a la comunidad que se han dado a través de ellos.
Márquez Amado subrayó que "todas estas cosas son bien conocidas por el Tribunal Electoral desde hace mucho tiempo, pero ha sido incapaz de llamar la atención de los ciudadanos sobre estas irregularidades ni ha hecho propuestas que contribuyan eficazmente a combatir el mayor defecto de nuestros procesos electorales que es el clientelismo".
Luego de la reunión de los magistrados con los diputados de la Comisión de Gobierno, se acordó establecer una mesa técnica para el análisis desde cero del paquete de reformas y las modificaciones introducidas, lo que no ha sido bien recibido por parte de la sociedad civil que pide que se debata con base en las propuestas ya consensuadas durante todo un año.