Importaciones agrícolas: entre huelgas y restricciones

Ciudad de Panamá, Panamá/Otra raya. La mayoría de los trámites para importar productos agropecuarios al país están detenidos, debido a una huelga parcial de brazos caídos que mantienen los profesionales de las ciencias agropecuarias, quienes reclaman un incremento en su escala salarial.

La mejora salarial está contemplada en la Ley 11 del 12 de abril de 1982, que establece que cada 5 años se debe dar un alza en los salarios de agrónomos, ingenieros forestales, bachilleres y peritos agropecuarios, técnicos forestales y técnicos agropecuarios especializados.

En diferentes áreas de la administración pública estos profesionales son los encargados de procesar los trámites para que los importadores puedan traer sus productos.

Consultados, representantes de varias empresas agropecuarias dedicadas a importar semillas de pasto mejorado desde Brasil, por ejemplo, dijeron que llevan dos semanas sin poder cumplir con los procesos para enviar las órdenes, para que en esa nación se les despache el producto, acarreándoles cuantiosas pérdidas económicas.

Melquiades Mojica, del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, confirmó que hasta el momento el paro está deteniendo los procesos de trámites para productos agrícolas que circulen, entren o salgan del país, además de afectar la gestión dentro de los procesos de los productores agrícolas.

Explicó que todo esto se debe al reclamo salarial solicitado, que debió hacerse efectivo en enero, por lo que actualmente las autoridades están violando lo establecido en la Ley 11 del 12 de abril de 1982.

El directivo de los ingenieros agrónomos agregó que luego de un estudio el Consejo Técnico Nacional de Agricultura, entidad encargada de otorgar la idoneidad de estos profesionales, propuso para el quinquenio 2024-2028 un incremento salarial de19.88%.

Pero el gobierno, a través del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, “nos propuso incrementos inicialmente del 5% y de allí lo ha ido escalonando, siendo la última propuesta del 8%, lo que dista mucho del 19.88%”.

Ante esta situación, los gremios de profesionales de las ciencias agropecuarias sugirieron esta semana que un 50% de la propuesta que plantean se las pague este gobierno y que el resto lo haga la próxima administración.

Para tratar de lograrlo, mañana lunes 26 de febrero se reunirán nuevamente con las autoridades agropecuarias para insistir en un acuerdo, o de lo contrario indicaron que marcharán hacia la Asamblea Nacional.

En medio de este conflicto, los importadores de productos agropecuarios señalan que cada vez más en su postrimería la administración de Laurentino Cortizo, en aparente contubernio con algunas asociaciones de productores, ha estrechado la labor de traer mercancías al país, bajo el argumento de “blindar al productor nacional”.

Uno de estos casos, informó una fuente empresarial, es el de la cebolla, que a pesar de tener una exclusión técnica, que indica que todo el que pague el arancel puede traerla, le han colocado una cuota de importación que aparentemente se distribuye a discrecionalidad.

 Igualmente, “ahora ya no se puede, por ejemplo, traer cerdo procesado. Ahora hay que esperar a que te asignen una cuota de importación”, agregó el informante, que vaticinó que este año habrá una escasez de estos productos si no se echa para atrás la medida, “pues no se contempló el alto consumo que se da a finales de año”.

El empresario, quien por razones obvias solicitó la reserva de su nombre, se refería al recién aprobado Decreto de Gabinete No.4 de 10 de enero del año en curso, donde se adoptan medidas “de control a la importación y comercialización de productos de cerdo, originario y procedente de cualquier origen”.

Para este 2024 el decreto establece un volumen total de importación de 8,791 toneladas métricas anuales, con un crecimiento anual del 6% para los años siguientes, dentro de los cuales se incluye el volumen total de los contingentes arancelarios anuales puestos a disposición según los diversos acuerdos comerciales internacionales vigentes.

Actualmente, el arancel de importación de la carne de cerdo bajó del 23.3% a 15.5%, producto de la desgravación arancelaria pactada en el Tratado de Promoción Comercial firmado en 2007 entre Panamá y Estados Unidos, y que entró en vigencia en octubre de 2012.

Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP), apunta a que el decreto solo es un “paliativo”, ya que es totalmente demandable, toda vez que existe un tratado comercial que está por encima de cualquier decreto ejecutivo.

“Este es un salvavidas en medio del mar, que no nos va a llevar a buen puerto, pues estamos lejos de la playa”, dijo en tono figurativo, ya que los porcicultores  a lo que apuestan ante las importaciones es a la aplicación del reglamento técnico de la calidad del cerdo, “que es lo que en realidad nos pone en igualdad de condiciones para competir con un producto congelado”.

Otra fuente consultada sostuvo que con la aprobación el año pasado de leyes como la de la Política Agroalimentaria de Estado (PADE), conocida popularmente entre los productores como la ley del “PADE…spués”, además de dos decretos sobre normativa de la carne y el tema del Codex Alimentario, se afecta en gran medida al sector importador.

Consultado al respecto, Rodolfo Adames, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), manifestó que las autoridades consideran que estas son medidas que el país podía tomar para la protección del sector agropecuario, refiriéndose específicamente al sector productor de cerdo, “pero nosotros consideramos que son más obstáculos para las importaciones”.

Con esta acción gubernamental, “sentimos que se incumplen los principios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y pareciera que Panamá no solicitó la autorización de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, puntualizó Adames.

Ante estos señalamientos, no se pudo obtener respuestas de las autoridades.