Cambio de mando: inicia la era de Gómez y Villalaz en las Procuradurías de Panamá

Panamá/A partir de enero, Panamá inicia una nueva etapa en dos de sus instituciones más críticas para la justicia y la administración pública: la Procuraduría de la Nación y la Procuraduría de la Administración. Luis Carlos Manuel Gómez Rudy y Grettel Villalaz de Allen asumen estos cargos clave, sucediendo a Javier Carraballo y Rigoberto González, respectivamente, en un contexto de grandes expectativas y desafíos.

Expectativas y controversias

Gómez Rudy, designado como Procurador de la Nación, llega al cargo con un historial que ha generado tanto apoyo como críticas. Con experiencia en casos mediáticos como Finmeccanica y Blue Apple, ha sido abogado del presidente José Raúl Mulino y asesor en diversas instituciones clave, incluyendo el Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación.

Su sólida formación académica incluye un doctorado en Derecho Constitucional, maestrías en Derecho Marítimo y Gerencia de Transporte Multimodal, y posgrados en Derecho Penal y Administración de Empresas. Sin embargo, su cercanía con figuras del Ejecutivo ha levantado dudas en todos los sectores del país sobre su independencia, críticas que el presidente Mulino disipó al señalar que no nombraría a "un enemigo" en un puesto tan importante.

La Procuraduría de la Nación, encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y perseguir a los responsables de delitos y faltas, recae ahora en sus manos. La opinión pública espera que Gómez Rudy adopte un enfoque firme y transparente, abordando los casos pendientes con la eficiencia que el sistema demanda, sobre todo de aquellos donde figuras caras cercanas a la actual administración de gobierno.

Por su parte, Grettel Villalaz de Allen asume como Procuradora de la Administración con una carrera destacada en la administración pública. Su trayectoria incluye roles como viceministra de Obras Públicas, asesora legal en el Ministerio de Economía y Finanzas, y directora de Asesoría Legal en múltiples instituciones gubernamentales. Además, ha representado a Panamá en importantes instancias administrativas y fue una de las figuras clave en la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Villalaz de Allen tiene como misión principal defender los intereses del Estado, promover el cumplimiento de las leyes y garantizar que los funcionarios públicos cumplan cabalmente con sus deberes. Su liderazgo será fundamental para renovar la percepción ciudadana sobre la “justicia administrativa” .

La despedida

Este lunes, funcionarios de la Procuraduría de la Administración homenajearon a Rigoberto González, figura consideradas por mucho como un ejemplo, de servidor público.

Mientras que Caraballo hizo un video en el que agradeció a los funcionarios de la Procuraduría de la Nación y aseguró que bajo su dirección “recuperamos la imagen y credibilidad del Ministerio Público y la confianza ciudadana”, destacó. Haga click aquí para ver el video .

¿Qué dice el plan estratégico de Mulino sobre la justicia?

Sin precisar ni detallar cuáles leyes cambiará ni cómo lo hará, el mandatario, en su plan estratégico 2025-2029 —base para guiar su gestión—, plantea para un sistema de justicia al servicio de la verdad:

• Reformar el sistema penitenciario y adecuar los centros de reclusión, para facilitar que los detenidos, además de cumplir sus condenas con dignidad, se reinserten socialmente y se reduzca la reincidencia. Esto debe complementarse con programas de rehabilitación y apoyo comunitario, con el fin de transformar vidas y contribuir a una sociedad más segura y cohesionada.
• Fortalecer el sistema judicial velando por su independencia y en favor de los derechos ciudadanos. Es importante constituir una sala de garantías constitucionales y una oficina de administración judicial que aporte a la eficiencia y transparencia del sector.
• Cambiar y mejorar la ley de Justicia, para que sea realmente un auxiliar eficaz del sistema judicial.
• Emprender reformas legislativas y constitucionales que lleven a la modernización del marco legal existente, adaptándolo a las necesidades actuales y afianzando el Estado de derecho.

El ojo ciudadano

Ambos procuradores enfrentan un período de 10 años que promete ser decisivo para la justicia panameña. Según Javier Ordinola, analista político, los ciudadanos esperan que ambos cumplan con las altas expectativas que conllevan sus cargos. “Ojalá hagan un buen papel y cumplan su rol. Deben rodearse de un equipo de abogados expertos en la materia para garantizar resultados efectivos”, señaló Ordinola.

Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en su momento, destacó la importancia de la integridad, solvencia ética y eficacia de quienes ocupen estos puestos. “Debemos cambiar la percepción de que la justicia no funciona y generar cambios tangibles para que los ciudadanos confíen en el sistema”, afirmó Castillo.

Lea aquí el Plan Estratégico: