¿Quiénes deberán enfrentar la justicia por el caso New Business?

Fue el exdiputado Panameñista Jorge Iván Arrocha que, durante el periodo de incidencia del 31 de enero del 2017, solicitó a las autoridades del Ministerio Público investigar las supuestas irregularidades en la compra de la Editorial Panamá América (Epasa). Las pesquisas comenzaron y el caso fue bautizado como New Business.

Luego de los señalamientos del diputado Arrocha, el Secretario General de la Asamblea Nacional de ese entonces informó a las autoridades y a partir de lo que se conoció como una “referida noticia criminal” se iniciaron las primeras investigaciones el 6 de marzo del 2017.

Según consta en la vista fiscal, “se logró identificar que la compra de las acciones de la Editora Panamá América S.A. se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron 18 personas jurídicas y 4 personas naturales, las que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de $43,912,828.94 en la cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited”.

En el trabajo de seguimiento y triangulación se descubrió que una parte del dinero recolectado para la compra del mencionado medio de comunicación en diciembre del 2010 proviene de fondos públicos desembolsados a favor de empresas contratistas que resultados beneficiadas con licitaciones estatales ese mismo año.

Las empresas que se mencionan en este proceso son:

Transcaribe Trading S.A. que tenía un contrato con el Ministerio de Obras Públicas para el “Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Ensanche de la Autopista Arraiján – La Chorrera”.

Excavaciones del Istmo S.A. que tenía un contrato con el Ministerio de Obras Públicas para la “Rehabilitación de Caminos en Panamá Oeste”.

Constructora Corcione y Asociados S.A. que tenía un contrato con la Asamblea Nacional por la “Confección y aprobación de planes finales, construcción y dotación de equipo electromecánico del nuevo edificio de oficinas de la Asamblea Nacional”.

Lyric Electronic LTD que mantenía contrato con el Inadeh para la “Implementación de un centro de formación de simulación y entrenamiento interactivo para operadores de buses”.

Se lee en el documento que “los desembolsos de dinero que el Estado realizó a favor de estos contratistas, para la ejecución de los proyectos de infraestructura pública previamente indicados arriba, fueron investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, en la modalidad de diferentes formas de peculado, constituyéndose la actividad ilícita precedente del delito de blanqueo de capitales investigado por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada”.

El 17 de marzo del 2021, luego de 3 años de investigación, se pidió el llamamiento a juicio de los supuestos involucrados por la presunta comisión de delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

Las personas que deberán enfrentar la justicia son:

Ricardo Alberto Martinelli Berrocal

David Marco Ochy Diez

Daniel Miguel Ochy Diez

Gonzálo Germán Gómez Wong

Gabriel Btesh Btesh

Nicolás Iván Corcione Pérez Balladares

José Carlos Corcione Pérez Balladares

Iván Rafael Clare Arias

Chapuseaux

Aaron Ramón Mizrachi Malca

Valentín Martínez Vásquez

Mike Btesh Btesh

Danny David Cohen Mugrabi.