Ley de PADE aviva viejos conflictos en el agro panameño

Ciudad de Panamá, Panamá/Laberinto. En eso se ha convertido para los importadores la recién aprobada ley que establece la Política Agroalimentaria del Estado (PADE), toda vez que les prohíbe utilizar cualquier infraestructura estatal para el almacenamiento, acopio, procesamiento y comercialización de productos agroalimentarios que no se cultiven en el país.

La medida no aplica para los productos que benefician al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que en el papel importa arroz, producto que en realidad es traído al país por los molineros, quienes luego de procesarlo se lo venden a esta entidad gubernamental, explicó una fuente del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que pidió reserva de su nombre.

El informante detalló que en donde sí aplica la normativa de la llamada por los productores ley del “PADE...spués”, es en los centros poscosecha, pues estos deben ser solamente para recibir las cosechas que vienen de los campos nacionales, por lo que están ubicados precisamente en las zonas de producción.

Pero cuando vas al Merca Panamá, dijo a manera de ejemplo, ya ese es un punto de comercialización para los consumidores, por lo que este tiene el derecho de tener a su disposición productos agroalimentarios frescos y de calidad que garanticen la verdadera seguridad alimentaria.

“Un país que año tras año es deficitario en la producción de la mayoría de los productos agrícolas de mayor consumo, no puede darse el lujo de ponerle trabas a las importaciones”, comentó Pedro Acosta Insturaín, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa).

La función del gobierno, añadió, es garantizarle a la población un libre acceso a todos los productos agropecuarios, sean estos nacionales o importados, sobre todo ahora que Panamá tiene firmados varios tratados de libre comercio, con los que hay que cumplir.

El PADE, al parecer, obvia que los tratados tienen rango constitucional, que los ubica por encima de las leyes nacionales.

La prohibición ya afectó a un remanente de cebolla, producto de un contingente obligatorio del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, bajo la figura primero llegado, primero servido, documento que establece que una vez los productos llegan al país, cumpliendo con las normas vigentes y pagando sus respectivos aranceles, quedan nacionalizados.

De acuerdo con el TPC, que entró en vigor el 31 de octubre de 2012, los productos o bienes originarios son aquellos que cumplen con la regla de origen estipulada en el acuerdo, y que por ende pueden ser calificados como “productos originarios”.

“Aquí no estamos para interpretar las leyes, pues el único que puede hacerlo es la Corte Suprema de Justicia”, afirmó el ministro consejero de Desarrollo Agropecuario, Carlos Salcedo, alegando que el almacenamiento de esos productos solo redunda en provecho de quienes los comercializan, pues “se benefician de frigoríficos con energía eléctrica subsidiada y de una infraestructura del pueblo panameño”.

Aclaró que la única manera en que esos productos puedan ser almacenados en un local estatal es cuando entren por desabastecimiento, o por una decisión que tome la respectiva cadena agroalimentaria.

Parecidas palabras a las expresadas por Salcedo a este medio las hizo llegar 13 horas más tarde, vía celular, quien se identifica como Arturo Garrido Alexandróp en un escrito titulado “Estimados contribuyentes”, donde afirma que esta  ley fue creada para brindar seguridad jurídica a los productores nacionales, y finaliza solicitando “apoyo en esta causa vital para nuestra soberanía alimentaria”.

Pero, la medida de no permitir el almacenamiento, acopio, procesamiento y comercialización de productos importados en infraestructuras estatales es vista con recelo por la Asociación de Comerciantes e Importadores de los Mercados Nacionales de Panamá.

Este gremio asegura que “en las últimas semanas hemos observado un constante asedio y persecución por parte de ciertos grupos organizados con el apoyo de ciertas autoridades, manejando asuntos relacionados al comercio internacional de una manera que parece impedir el desarrollo de las actividades del sector privado y sobre todo del suministro a la población panameña”.

Tan solo este 4 de julio la Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas (Acpta), fiel defensora junto al ministro consejero de la ley del PADE, envió una misiva a la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, quejándose de lo que catalogan como “prácticas cuestionables que algunos embarcadores de los Estados Unidos de América están llevando a cabo en relación a las fechas de cosecha de las cebollas provenientes de Arizona”.

La misiva, que lleva la firma de Leonardo Martínez, sostiene que "parece ser que dichos embarcadores están colocando fechas de cosecha dudosas con el objetivo de aparentar que estas cebollas cumplen con los requisitos de caducidad establecidos por Panamá".

La Acpta asegura que una de las anomalías fue encontrada en unas cebollas notificadas por Ventas Agrícola Peña, S.A. a la Agencia Panameña de Alimentos.

Sebastián Peña, de la citada empresa, fue localizado para conocer su versión, pero después de indicar que estaba manejando, posteriormente no contestó las repetidas llamadas que se le hicieron a su celular.

De acuerdo con el ministro consejero Carlos Salcedo, muchas veces en el “juega vivo” los importadores “camuflajean, como en efecto se ha demostrado”, envases de productos nacionales conteniendo productos importados, “e incluso sin cumplir la norma Copanit, que establece la periodicidad entre la cosecha y el consumo de 120 días”.

No obstante, otra fuente oficial, que por razones obvias pidió no ser identificado, afirmó que esta situación entorpecerá sin dudas el comercio entre Panamá y Estados Unidos, en el marco del TPC.

Al referirse a la cebolla, afirmó que la misma entró con todo en regla y que la acción de las autoridades, “en contubernio con los productores de Tierras Altas es una violación a todos los procedimientos, y de hecho lo están haciendo”.

La Asociación de Comerciantes e Importadores de los Mercados Nacionales de Panamá alega que las prohibiciones se han dado de manera verbal, sin presentar la documentación pertinente, “por parte de ciertas acciones e interpretación de leyes”, lo que “nos hace pensar que estamos ante la manipulación de actividades del aparato público con el pretexto de complacer  a un grupo reducido de individuos”.

“Luego de haber conversado con algunos de nuestros proveedores queremos manifestar que existe una fuerte duda en la futura realización de importaciones de ciertos alimentos de origen Estados Unidos y sobre todo ante acciones que representan pérdidas económicas”, aduce la asociación de comerciantes.

Por su parte, en su misiva a la embajadora de Estados Unidos en Panamá, los miembros de Acpta la instan a tomar las medidas necesarias para investigar lo que consideran anomalías, “y emprenda las acciones pertinentes a fin de garantizar que los embarcadores de cebollas de Arizona cumplan con los estándares establecidos”.