Legalizar la tierra para la agricultura: Un tema pendiente

Ciudad de Panamá, Panamá/En la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) reposan más de 100 mil solicitudes de predios a la espera de ser titulados, afectando a una gran cantidad de productores agropecuarios que al no tener tituladas sus tierras se les dificulta el acceso al crédito.

Para tratar de subsanar en parte esta situación, existe una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para reforzar jurídicamente a la Anati, y así poder cumplir con la demanda de los productores, de acuerdo con Carlos Salcedo, ministro consejero de Desarrollo Agropecuario.

Aunque reconoció que el tema de los derechos posesorios causa “mucha preocupación” entre los productores, el funcionario aseguró que sustraer el tema de la Anati “puede colisionar” con el Código Agrario, con la propia entidad de tierras y con la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda.

Sensitivo, el tema de los derechos posesorios fue incluido dentro de la Política Agroalimentaria de Estado (PADE), que pretende establecer normas agroalimentarias durante los próximos 20 años, por la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), que señala que obtener este documento resulta oneroso, por diversas razones, por lo que muchas veces los productores desisten de conseguirlo.

Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Anagan, dijo que el tema fue introducido por el gremio que representa, pues era inconcebible que en una legislación referente a la producción agropecuaria no se contemplara el uso de la tierra.

Explicó que durante el análisis del proyecto de ley del PADE presentaron la creación de un título nuevo sobre la posesión de la tierra, pero que lo más sustancial, que era defender los derechos posesorios de los productores agropecuarios, fue eliminado.

Los ganaderos proponían que la Comisión de Reforma Agraria, tomando en cuenta la cantidad de tierras del solicitante que se dedique a la producción agraria, fijara los precios de venta de las tierras estatales que venda mediante los reglamentos de clasificación de tierras que adopte, pero el precio de venta a título oneroso no podría ser menor de 6 dólares por hectárea ni mayor a 12 dólares por hectárea, valor que serviría de base para la expropiación por incumplimiento de la función social de la sociedad.

De igual manera, solicitaban que la Anati ajustara su plan operativo y rindiera trimestralmente un informe de la labor de titulación al Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria del Estado.

Pese a estar supuestamente consensuados, el tema del derecho posesorio y del uso de materia prima para quienes le vendan alimentos al Estado prácticamente desaparecieron del proyecto, que ahora pasó a primer debate, aseguró Díaz.

Sobre este último punto, el secretario ejecutivo de la Anagan agregó que en los centros penitenciarios se estaba despachando comida salvadoreña, comprada y elaborada en esa nación centroamericana, por lo que se batalló para que la materia prima empleada por quienes le venden comida a las entidades estatales fuera 100% nacional, siempre y cuando no se produjera en el país.

Curiosamente, el espíritu del PADE garantiza el apoyo al productor agropecuario nacional “para que sea el protagonista de la seguridad y soberanía alimentaria del país, produciendo dentro del ejercicio pleno del derecho humano, alimentos en cantidad, calidad e inocuidad para la población”.

Díaz dijo que la Anagan había solicitado las actas que recogían las intervenciones de los distintos gremios ante dicha iniciativa, pero que no fue hasta hace unos días cuando les enviaron un documento “que dice ser el finiquito de la subcomisión y encontramos que hay unos lineamientos de los pilares del PADE, unos 65, donde hay muchos que no gozan del consenso de las partes”.

Preguntado sobre el estatus actual del PADE, el ministro consejero Carlos Salcedo adelantó que se está en la fase final del informe de la subcomisión creada por la Comisión Agropecuaria para entrar a analizar los 341 aportes que fueron posibles gracias al debate que se dio en este tema.

“Esto hay que homologarlo con el texto base y hoy martes se tendrá el informe de la subcomisión, que pudiese convertirse en la aprobación del primer debate, para pasar al segundo debate”, apuntó.

A dos años de terminar la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen surge en firme la Política Agroalimentaria de Estado, que según una nota del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, forma parte del plan estratégico del gobierno nacional 2019-2024, aprobada por el Gabinete Agropecuario el 17 de octubre de 2019, para la elaboración de los lineamientos de una política de Estado para el agro panameño.

Consultados, productores de diversos rubros coinciden en señalar que la propuesta del PADE genera algún tipo de esperanza en el sector agropecuario, aunque no obvian en señalar que en un país donde las políticas son cambiadas de acuerdo al interés de los gobiernos de turno, esta iniciativa a 20 años ojalá y no se convierta en una distracción, en una “cartita al Niño Dios”, mientras que los problemas en el agro continúan ahondándose.