Las letras chicas del contrato minero: ¿En qué y quiénes podían gastar los millones que pagó la mina?

Ciudad de Panamá/Luego que el presidente de la República José Raúl Mulino revelara que el gobierno pasado [el de Laurentino Cortizo] gastó los $562.8 millones que había pagado la mina en concepto de regalías e impuestos, el abogado ambientalista Harley Mitchell puso sobre la mesa las consecuencias de un posible incumplimiento en el uso de los fondos del pago que recibió el Estado de la empresa Minera Panamá por la concesión de explotación mineral de las 12,955.1 hectáreas, ubicadas en el distrito de Donoso.

“Los $500 millones de la mina fueron utilizados en el gobierno anterior, no en nuestro gobierno”, aseguró el mandatario en la conferencia de prensa del jueves 22 de agosto.

La empresa Minera Panamá pagó, en noviembre de 2023, la suma de $562,840,543.59 millones correspondiente a las obligaciones fiscales de los periodos comprendidos entre diciembre 2021 y octubre 2023.

Además, se le pagó al Ministerio de Ambiente y los municipios de Donoso y Omar Torrijos Herrera, la suma de $4,284,512 millones que correspondían al “pago de uso de agua, canon superficial y derechos de uso y servidumbre”.

Puede leer: ¿No están en una cuenta? $500 millones de la mina fueron utilizados por gobierno de Cortizo, asegura Mulino

Cabe recordar que el contrato ley de 2023 estuvo vigente durante un mes, y luego fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por lo cual, se deja en entredicho que queda pendiente el pago de noviembre 2023, pues para diciembre de ese mismo año las operaciones en la empresa ya se encontraban paralizadas producto de la orden del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en cumplimiento del fallo de la CSJ.  

Se suponía, según lo dicho por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que en aquel momento era dirigido por el ministro Héctor Alexander, que dicho pago se encontraba en una cuenta de acceso restringido.

"Por instrucciones del Presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, al Ministerio de Economía y Finanzas, las sumas de dinero recibidas a la fecha, producto de las obligaciones establecidas en el contrato ley, no podrán ser utilizadas y se mantendrán en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá", informó el MEF en noviembre de 2023.

Sin embargo, hoy, nueves meses después, Mulino ha asegurado que dichos fondos fueron utilizados en la gestión anterior. 

Mitchell recordó que, durante el tiempo en que se sancionó el contrato [octubre 2023] y el tiempo en que la Corte emitió el fallo de inconstitucionalidad, "el contrato estaba vigente, y estaba vigente con obligaciones para el Estado panameño y también para la empresa".

Añadió que a la contraprestación de la empresa correspondía, en ese momento, aquellos $500 millones de dólares.

Sin embargo, en aquel momento el presidente de la República [Laurentino Cortizo] "no dijo que el pago se iba a distribuir como decía el contrato ley".

¿Qué decía el contrato sobre el uso de este dinero?

En la cláusula trigésima novena del contrato se habla sobre el uso de fondos.

En el punto "a)" se establecía que el 50% de los fondos del contrato de concesión, serían destinados al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) "para su sostenibilidad".

“Esta transferencia se hará directamente al régimen IVM o a través del Fideicomiso IVM administrado fiduciariamente por el Banco Nacional de Panamá, creado por la Ley 51 de 2005, según sea requerido año a año”, señala el contrato. 

Otro 25%, explicó el abogado, iba para un fideicomiso denominado "Conquista del Atlántico", el cual sería manejado por diputados, alcaldes y representantes del distrito de Donoso y Omar Torrijos Herrera en Colón, y el distrito de La Pintada en Coclé. De estos fondos, el 95% debía ser destinado a proyectos de inversión y hasta un 5% para funcionamiento.

La inversión debía ir a proyectos de electrificación, potabilizadoras, carreteras, puentes zarzos, centros de salud, Caipis, escuelas, deportes y hasta un programa de becas en el exterior para la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Es decir, eso se iba a convertir en descentralización 3", indicó Mitchell.

Sin embargo, este detalle "no fue dado al pueblo panameño; muy por el contrario, el presidente [Cortizo] manifestó que lo iba a colocar en una especie de bóveda. Meses después nos enteraríamos por también boca del mismo presidente de que aquellas cantidades de dinero se habían gastado en quehaceres de la administración pública", agregó el abogado.

Como segundo punto, en el uso de fondos de la cláusula antes mencionada, se establecía que el 20% del pago sería utilizado para el aumento de los jubilados a 350.00 dólares (para quienes recibían menos de $350 mensuales), sin embargo, esto tampoco nunca se llegó a concretar.

El otro 5% restante “se destinará para la construcción, desarrollo y funcionamiento del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente con el objetivo de actualizar la teoría y práctica de la enseñanza en las aulas a los mejores niveles de la región”, indica el contrato-ley, declarado inconstitucional.

Como conclusión, de esta serie de datos, es una decepción debido a que por todos lados que lo mires es ilegal, porque este contrato tuvo vigencia de un mes", aseguró el abogado.

Para el abogado, es una pena que el dinero se diluyera en las arcas del Estado, porque "ese pago no valió las vidas que se sacrificaron durante ese tiempo, no valió toda la destrucción económica que ocurrió".

A su juicio jurídico, esta empresa, al estar regulada por un Código Minero, "no debió tener nunca, ni aspirar a un contrato ley", no obstante, aseguró que "lo escogió para tener mayores ventajas que se le prometió en esos momentos".

Arbitrajes

De acuerdo con Mitchell, la colección de actos arbitrarios por parte del gobierno panameño son elementos de convencimiento para un árbitro de la posible mala fe del Estado anfitrión de la inversión de la empresa minera.

"Si la empresa está obligada en un contrato, que duró un mes, pero que existió, en pagar unos $500 millones de dólares, y el receptor de los fondos no cumple con lo pactado con la empresa, por supuesto que este elemento se convierte en un coleccionable preciado para ellos, al momento de un arbitraje, porque pudiera interpretarse a este árbitro que el gobierno panameño no fue justo con la empresa y no cumplió en la medida que sí cumplió la empresa", explicó.

Según la información que ha proporcionado el MICI, hasta el momento solo existe una demanda de arbitraje comercial y el resto son intenciones de arbitraje.

Lamentablemente, dentro del arbitraje, todo esto deja mal la seriedad de quienes dirigen el Estado, y existe el potencial, si no se corrige este tipo de actitudes, de que todos los panameños paguemos los platos rotos de la empresa", advirtió Mitchell.

¿Qué implican estas acciones?

Mitchell aseguró que, si se incumple un tema que es ley, no solo ya entre las partes, sino ante el propio Estado panameño, tiene que haber consecuencias jurídicas. "Consecuencias a las que la empresa se puede oponer", expresó.

Desde su punto de vista, las consecuencias serían económicas, y la responsabilidad recaería sobre el presidente y los ministros que dispusieron de los fondos del contrato. "Aquí creo que la responsabilidad sería del presidente y los ministros que tengan que ver con la disposición económica de los bienes y servicios que entran al Estado", añadió.

Para Mitchel, todo se trató de una ilusión y ahora, es imperativo conocer en qué fueron utilizados dichos fondos.

Lo que deja pensar es que el gobierno quería recibir el dinero y la distribución que se supone que iba a ser, era una ilusión para poder acaramelar a la gente, para que de alguna manera apoyara este contrato", indicó.

Mitchell espera que el nuevo contralor de la República, Anel "Bolo" Flores, cumpla su palabra, y en conjunto con el resto de las instituciones públicas puedan "rastrear cada uno de aquellos dólares que pertenecen al pueblo panameño".

Al mismo tiempo, consideró que, si se utilizaron dichos fondos, fue como el "padre de familia más irresponsable de la región".

Esta situación de este contrato es tan escabrosa que aún ocho meses después están surgiendo estas nuevas preguntas, dada la inexplicable acción de los gobernantes pasados”, puntualizó el abogado.