El futuro de la Justicia Comunitaria de Paz: ¿Deberían separarse de la jurisdicción municipal?

Panamá/Que el Órgano Judicial o la Autoridad Nacional de Descentralización sean las instancias que tengan bajo su mando las casas comunitarias de justicia de paz son las opciones que están sobre la mesa en el debate sobre la reforma a la justicia comunitaria de paz.

Desde que se puso en marcha la Ley 16 del 17 de junio de 2016, que instituye la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá, las quejas no han cesado. La principal se centra en sacar las casas de paz de la jurisdicción municipal.

La insatisfacción proviene de los municipios, de los propios jueces y de los ciudadanos. Los primeros aseguran que no tienen los recursos para mantener las casas de justicia de paz.

Por su parte, los jueces de paz claman por no estar bajo el paraguas de la jurisdicción municipal, argumentando que no se les toma en cuenta y que no disponen de elementos básicos, como papelería e impresoras. Además, los ciudadanos aún desconocen qué casos abordan los jueces de paz.

Solo en 2021, estaban activas unas 473 casas de paz en los 679 corregimientos. Sin embargo, con la creación de nuevos corregimientos y la elección de 701 representantes en los comicios del pasado 5 de mayo, se espera que aumenten las casas de justicia de paz en el país. Mientras que, actualmente hay ocho centros de mediación.

En los últimos 10 años, se han presentado una serie de modificaciones en el Legislativo para reformar la Ley 16, pero a la fecha, no se han logrado avances significativos.

En 2022, la entonces ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, presentó a la Asamblea una propuesta que cambiaba en su totalidad la normativa. En ese momento, el ministerio no consideraba viable que las casas de paz pasaran al Órgano Judicial.

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Entre los principales cambios planteados, consensuados en ese entonces con todos los sectores involucrados, se encontraban la aplicación de nuevos requisitos para ser juez comunitario y secretario. Además, se modificaban las competencias de los jueces y alcaldes, y se cambiaba la estructura de las Comisiones Técnicas Distritales para que solo atendieran quejas de carácter ético.

También se limitaba la competencia de los jueces de paz a conocer las pensiones de alimentos únicamente en aquellos municipios donde no hubiera juzgados de familia, entre otras acciones. Asimismo, se reemplazaba la obligación de tener un mediador comunitario por cada casa de paz por un mínimo de tres mediadores por cada municipio, reduciendo así el presupuesto municipal en nombramientos de este personal.

No obstante, las faltas disciplinarias de los jueces seguían estando en manos de los municipios.

Los jueces de paz, que son el reemplazo de los corregidores, acumulan numerosas quejas contra la normativa. Al menos así lo manifestó Neisa Pérez Osorio, jueza de paz de la región de Chitré, quien ante el Pleno Legislativo enumeró una serie de falencias de la norma, especialmente de carácter presupuestario, la falta de herramientas y la necesidad de que los nombramientos no se realicen por razones políticas.

Estamos tratando de ver cómo mejoramos las cosas para poder dar una mejor atención y una justicia efectiva. La actual ley no nos da las herramientas para trabajar”, expresó.

Igualmente se quejan que los ciudadanos recurren a las casa de paz con problemas que no están en manos de ellos. La Ley 16 señala que los jueces de paz son la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren la paz y la convivencia pacífica en los corregimientos.

Incluso, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, también ha señalado que la ley requiere una reforma. “Creemos que hay que darles más fuerza a los jueces de paz y analizar quiénes serán sus jefes y quién les dará el presupuesto. Ellos no pueden estar a merced de la política. Creo que la justicia comunitaria de paz, que es nuestra base para la paz del país, podría estar, por ejemplo, en manos de las gobernaciones”, ha dicho públicamente.

Las propuestas

Al menos tres propuestas han sido presentadas en el Pleno Legislativo de la Asamblea y cada una buscan cambios diferentes. a dicha normativa. La del panameñista Jorge Herrera traslada todas las competencias de las casas comunitarias al Órgano Judicial.

La impulsada por la diputada Yarelis Rodríguez pretende derogar la Ley 16 y establecer que la Autoridad Nacional de Descentralización sea el brazo ejecutor de la justicia comunitaria. La AND deberá crear una Dirección de Justicia Comunitaria que garantizará la administración de recursos y la supervisión de obras en beneficio de la justicia comunitaria.

“Los jueces comunitarios podrán solicitar directamente a la AND el presupuesto necesario para el funcionamiento de sus despachos”, se lee en la propuesta. Además, contempla “la construcción de centros comunitarios carcelarios de custodia, rehabilitación y albergue para infractores de la ley comunitaria, personas en riesgo social y con adicciones, con el objetivo de su rehabilitación y resocialización”.

Sin tratar de cambiar la jurisdicción de la justicia de paz, la iniciativa del diputado Jhonathan Vega, de la bancada independiente Vamos, persigue otros objetivos, como mejorar la formación de los jueces de paz, implementar mecanismos de seguimiento y evaluación, garantizar el acceso efectivo a la justicia y fortalecer la coordinación de las instituciones involucradas.

¿Qué dice la actual ministra?

La idea de reformar la Ley 16 también es vista con buenos ojos por la actual ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien ha manifestado su compromiso con la modificación de dicha norma.

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Montalvo ha señalado que ya revisó la propuesta presentada por el gobierno anterior, pero que tampoco llena los vacíos de las demandas de los ciudadanos, que son los más afectados por la falta de respuesta de este sistema.

Explicó en TVN Noticias que están evaluando cómo certificar a los mediadores, ya que no puede ser cualquiera, sino que deben manejar la cultura de paz. Pero antes de abordar los cambios a la normativa, la ministra ha dicho que se enfocarán en las juntas técnicas distritales.

Precisamente, en medio de la pandemia de Covid-19, se desintegraron las Comisiones Técnicas Distritales —ad honorem—, encargadas de hacer el estudio inicial del perfil de los jueces de paz para recomendar y calificar a los postulados, y que también debían recibir las denuncias de los ciudadanos que se sintieran afectados por la actuación ilegal, faltas de ética, moral o judicial de los jueces de paz. Por ejemplo, la Comisión Técnica Distrital de la capital se desintegró por completo.

Consulte aquí las tres propuestas de ley: