Irregularidades en las instituciones: el eterno problema de las transiciones, ¿Qué pueden hacer las autoridades?

Ciudad de Panamá/En las primeras dos semanas del nuevo periodo administrativo, han surgido múltiples escándalos que involucran a diversas juntas comunales, alcaldías y ministerios, revelando serias irregularidades y anomalías. La desaparición de información de los sistemas, estados financieros en números rojos, cargos "botellas", falta de datos contables, desaparición de inventario de bienes, pésimo estado estructural de instituciones y hasta la aparición de armas de fuego han sido la tónica de esta caótica segunda semana de gobierno.

Estos hallazgos han llevado a varios representantes, alcaldes y ministros a alzar la voz ante los medios de comunicación y sus redes sociales denunciando los hechos, a fin de poner en conocimiento a todos los ciudadanos. Algunos ya han presentado sus oficios ante el Ministerio Público, mientras otros continúan descubriendo más irregularidades.

En una reciente sesión del Consejo de Gabinete, el presidente de la República,José Raúl Mulino, informó sobre la directriz emitida a todas las autoridades para que, al detectar cualquier tipo de anomalía, informen inmediatamente a la autoridad competente.

"Ordeno informar al Ministerio Público sobre cualquier anomalía o irregularidad detectada en cada una de las instituciones del Estado. Esto no significa persecución política, sino apego a la ley y continuar con la gestión avanzando a pasos firmes para terminar obras”, precisó el mandatario.

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La abogada penalista Eyra Caballero expresó a TVN-2.comque estas situaciones reportadas en las juntas comunales constituyen delitos penales y no solo deben ser investigadas por el Ministerio Público, sino también por otras instituciones fiscalizadoras.

Solo en los casos donde se ha reportado pérdida de material digital con información como planillas, gastos, inversiones y demás, se constituye un delito electrónico”, explicó Caballero.

Según la abogada, la Contraloría General de la República, dirigida por Gerardo Solís, también debe interponer denuncias de manera oficiosa para que se investiguen los hechos reportados por los nuevos funcionarios de las entidades.

Estas nuevas autoridades, que asumen estos puestos, deben hacer las denuncias, todo debe ser denunciado”, precisó.

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Además, hizo un llamado a que las instituciones públicas cumplan su rol preventivo de fiscalización y vigilancia, porque “la ley hay que cumplirla, no se cuestiona, no se negocia”.

A juicio de Caballero, es momento de dar inicio a una nueva política que sea ejecutada de manera más transparente. “Al final del día, si nuestras autoridades interponen sus buenos oficios, debemos recibir apoyo directo de la Contraloría como ente fiscalizador”, recalcó.

La abogada espera que las nuevas autoridades cumplan con denunciar a quien sea necesario y que todo lo que llegue al Ministerio Público se investigue y se ejecute el debido proceso para que se puedan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, incluso si estos son exdiputados, exrepresentantes o exalcaldes.

Por este hecho, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) realizó una inspección en sitio este miércoles 10 de julio para verificar y confirmar lo denunciado por las autoridades municipales y comunales. Además, indicaron que la diligencia correspondió a una investigación oficiosa con base en los hechos conocidos en los últimos días.

¿A qué pena se enfrentaría quien resultase implicado?

Según el Código Penal que rige en nuestro país, el cual se encuentra disponible en la página web del Ministerio Público, las penas que podrían enfrentar los que resultasen implicados, si se imputan cargos por peculado, podrían ser penas que van desde los 4 hasta los 10 años de prisión, según el artículo 338 del Código Penal.

Este artículo establece: “El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Si la cuantía de lo apropiado supera los cien mil balboas (B/.100,000.00) o si los bienes estaban destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de ocho a quince años de prisión”.

Además, en el caso de las juntas comunales que han informado sobre la falta de información y destrucción digital de la misma, el artículo 363 establece que “quien sustraiga, suprima, destruya o altere algún instrumento, acta o documento que pertenezca o repose bajo la custodia de una oficina pública, será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si el autor fuera el mismo servidor público que por razón de sus funciones tenía la custodia de los instrumentos, las actas o los documentos, la sanción será de dos a cuatro años de prisión”.

Estos hechos han sacudido al país y se espera que con el cambio de administración las investigaciones avancen rápidamente para determinar las responsabilidades.