Incendios forestales y tala ilegal: dos enemigos de las áreas protegidas en Panamá

Como todos los años cuando inicia la temporada seca uno de los grandes retos que enfrenta la naturaleza son los incendios forestales que se registran a lo largo y ancho del país, pero sus afectaciones no se limitan a un lote baldío, también las áreas protegidas se ven expuestas a este fenómeno que en su mayoría es provocado por la mano del hombre.

Durante los dos primeros meses del año se contabilizaron tres incendios en áreas protegidas de la provincia de Chiriquí y Veraguas, siendo esta última la provincia que más cobertura vegetal ha perdido durante los últimos 7 años, según el Diagnóstico de la Cobertura de Bosque y Otras Tierras Boscosas de la República de Panamá.

Para Helvecia Bonilla, jefa de Riesgos Ambientales del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en la provincia de Chiriquí, entre enero y febrero se dieron 7 incendios de masa vegetal, de esos uno fue en el área protegida en Tierras Altas, allí 83.70 hectáreas de gramíneas fueron afectadas; mientras que otras 219.92 hectáreas de gramíneas afectadas fueron fuera del área protegida, haciendo un total de 303.6 hectáreas afectadas.

En la provincia chiricana, en el mes de febrero se dieron 2 incendios cerca del Parque Nacional Volcá Barú en menos de seis días, esto puso a prueba la capacidad de respuesta tanto de los bomberos como de brigadas forestales y voluntarios que ejercen en el área. El último incendio requirió de más de seis horas en labor de extinción.

Bonilla también señaló que en la provincia de Veraguas se han dado ocho incendios forestales, dos de ellos en la Reserva Forestal La Yeguada, afectando 89.57 hectáreas. Además, otras 607.32 hectáreas entre bosque plantado, bosques secundarios rastrojos, y gramíneas también se han visto impactadas por estos incendios.

Deforestación aumenta

Además de las hectáreas de terreno afectadas por los incendios forestales, el país se enfrenta a la realidad de que personas deforestan con el objetivo de sembrar, criar ganado o establecer asentamientos informales, lo que ha aumentado durante el año de pandemia.

En la Dirección de Información Ambiental se indicó que la pandemia afectó los bosques, en tanto que las personas que habían migrado a la capital en busca de oportunidades se vieron obligados a retornar a las provincias por la falta de trabajo.

“La población que había emigrado a la ciudad con el deseo de obtener recursos económicos, se encontró por la pandemia con el desempleo o la falta de hogar, viéndose en la necesidad de volver a sus ciudades de origen, para dedicarse en tierras boscosas, a la agricultura, ganadería e invadiendo zonas para construir sus viviendas”, indicaron.

En Panamá, las provincias que más cobertura boscosa han perdido durante los últimos 7 años son Veraguas, Panamá y Darién, pero provincias como Colón y la Comarca Guna Yala, donde hubo pérdida boscosa, han presentado números favorables de recuperación de cobertura boscosa, esto tal vez responde a que las personas han generado conciencia referente al uso de sistemas sostenibles y de reforestación logrando revertirse en cifras positivas.

Meses anteriores en Darién se denunció la deforestación ilegal en áreas protegidas, donde, según informes del Ministerio de Ambiente, 180 hectáreas se habían perdido. En las investigaciones que llevaba adelante el Ministerio Público se señalaban a dos familias que supuestamente eran responsables de estos hechos.

Marcos Fidel Rueda, director Regional de MiAmbiente en Darién, confirmó a TVN-2.com que entre el 2020 y lo que va del 2021 se han atendido más de 15 denuncias en diferentes áreas de la provincia.

Una de las denuncias más reciente se dio a principio del mes de marzo, cuando se alertaba a las autoridades sobre la tala ilegal y parcelación en la zona del humedal de Tagualito en la comunidad de Gariché, en Darién. Aquí se impactaron 2 hectáreas de bosque primario y 10 hectáreas de tala de rastrojo y bosques secundarios.

Buscan aumentar las sanciones

Los delitos ambientales no se reducen a los efectos naturales de las quemas, las talas, o la contaminación, sus efectos van más allá y afectan al ser humano, ligando los efectos del cambio climático con los índices de pobreza, sin embargo, estas faltas van en aumento, tal vez porque las sanciones por cometer son débiles y pocas veces llega a la esfera legal.

Es por ello que ante la Asamblea Nacional se presentó el proyecto de ley 516, en el que se busca aumentar las penas relacionadas con delitos ambientales como el tráfico de flora y fauna silvestre, la explotación y contaminación de recursos naturales, cuando la actividad recaiga sobre áreas protegidas y se destruyen humedales entre otras cosas.

Esta importante iniciativa fue aprobada en primer debate el 11 de marzo y está a espera que se le dé continuidad a su discusión.

Otro de los esfuerzos que lleva adelante el Ministerio de Ambiente es fortalecer la capacidad adaptativa en áreas más vulnerables como las comarcas indígenas, mediante servicios de infraestructura básica que también cuente con parámetros de blindaje climático que sirva para empujar la economía local autosostenible y encaminadas a soluciones basadas en naturaleza integrando los ecosistemas, manifestó Ligia Castro, directora Nacional de Cambio Climático.

“Además se trabaja en la resiliencia al cambio climático del sector agropecuario de pequeños productores a través de la implementación de sistemas de cosecha de agua de lluvia, sistemas silvopastoriles y agroforestales de cuencas hidrográficas prioritarias en nuestro país. Dichos proyectos se están financiados por el Fondo de Adaptación, y se trabajan en conjunto con entidades nacionales relevantes”, concluyó.