Impacto de la deuda pública en Educación: ¿Estamos en peligro?

Ciudad de Panamá, Panamá/Según las instituciones financieras internacionales, además de las casas calificadoras de deuda, el aumento de la deuda nacional de Panamá —cuyo balance hoy día supera los $43,000 millones, cuando antes de la pandemia era de $31,000 millones— es pernicioso por al menos dos motivos.

Menos es más

Es pernicioso, primero, porque aunado a una fuertísima contracción del producto interno bruto (PIB) por casi un quinto durante la pandemia del COVID-19 —una de las más fuertes de la región— el saldo de la deuda ha pasado a valer alrededor del 70% de la productividad económica anual del país, esperando analistas de la plaza un retorno a alrededor del 60% en el mediano plazo.

Este nivel supera significativamente aquel experimentado por Panamá durante inicios de la década pasada, cuando el país consolidó su grado inversión y la relación entre la deuda y el PIB estaba por debajo del 50%.

Tal salto —del 40% a casi 70%— se vio justificado como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la pandemia del COVID-19 y sus secuelas económicas, pero, hoy día, estaría exponiendo aún más a Panamá, y sus servicios públicos, a los vaivenes volátiles de la economía global, impulsados por la guerra en Ucrania y la subsecuente decisión del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de contraer la masa monetaria de dólares, la cual pasó de $5 mil millones de millones antes de la pandemia, a más de $20 mil millones para el año corriente.

Si Panamá desarrolla una mayor dependencia de la deuda para operar su sector público, entonces una posible debilidad crediticia futura causada, en el lado doméstico, por el desastre financiero de la Caja de Seguro Social (CSS) o, en el lado internacional, por el alza de las tasas globales de interés para contener la inflación, podría poner en entredicho la capacidad del Gobierno Nacional de cumplir con sus programas de asistencia social. Esta situación desembocaría en lo que Moody’s ha optado por llamar “riesgo político”: inestabilidad social como aquella de las protestas de julio, solo que más prolongada.

Un sendero riesgoso

El segundo motivo por el cual el aumento de la deuda nacional de Panamá es pernicioso es porque estaría cimentando lo que tales organizaciones económicas y crediticias llaman “rigidez fiscal”. Ésta, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se compone de “restricciones institucionales que limitan la capacidad de modificar el nivel o estructura del presupuesto público en un plazo determinado”.

Tal inflexibilidad presupuestaria limita a mediano y largo plazo la capacidad de Panamá de responder a nuevas presiones de gasto, atender otras crisis como la pandemia y —quizás lo más relevante para estas organizaciones— pagar su letra anual, cuyo monto casi llega hasta los $5,000 millones en 2020, experimentando un aumento de 61% en los últimos cinco años completos.

Y a corto plazo, el impacto es quizás aún más severo. La rigidez fiscal también limita la cantidad de dinero que se puede dedicar a las inversiones públicas, las cuales, según estudios de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Parlamento del Reino Unido, la Universidad de Stanford y la Universidad Ludwig Maximilian de Munich, entre otras, aportan de forma importante al desarrollo económico de un país y a la mejoría de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Tal efecto ya se siente. Durante los cinco años antes de la pandemia, el monto anual de las inversiones públicas se mantuvo en alrededor de $3,000 millones anuales —5% del PIB para ese entonces— mientras que en los últimos tres años, incluyendo el corriente, las inversiones se mantienen en alrededor de $2,000 millones —3% del PIB actual.

La necesidad de aumentar la deuda y reducir el gasto en inversión podría tener algún razonamiento saliendo de una crisis sanitaria y económica como aquella causada por el virus SARS-CoV-2 —cuyas mutaciones aún siguen causando estragos en la salud global— pero al menos los expertos internacionales advierten contra tal política económica.

De hecho, según el Banco Mundial —del cual Panamá es miembro desde 1946— economías como la nuestra deberían estar considerando mantener, o mejor aún, aumentar las inversiones públicas, y en todo caso, no reducirlas.

“Alrededor del 40% de los ajustes fiscales en América Latina y el Caribe” reporta el Banco “vienen de la reducción de la inversión pública. Dado que estas inversiones no generan retornos sino en el futuro —a mediano y largo plazo— tales inversiones tienen un respaldo difuso. Por eso, tales recortes vienen acompañados de poca resistencia. No obstante, el gasto público tiene efectos no-lineales sobre el crecimiento. Más allá, América Latina y el Caribe ya tiene niveles muy bajos de inversión pública —alrededor de la mitad que aquellos en Asia del este y África sub-sahariana. Debido a todo esto, reducciones adicionales podrían de hecho tener impactos negativos muy grandes”.

No obstante estos hallazgos, el Gobierno Nacional optó por reducir la inversión e incrementar el rubro opuesto, aquel de gastos fijos, en particular, la planilla pública, cuyo aumento tanto en cantidad de funcionarios como en el monto de los salarios pagados ha sido notable.

Cuando en 2015, los funcionarios representaban un 11.5% de la fuerza laboral disponible del país, hoy día representan 12.5%, con cada punto porcentual equivaliendo a 20,000 personas. Y cuando en 2015, el salario promedio anual de un funcionario era de alrededor de $13,000, hoy día ronda los $19,000. Y mientras que en 2015, la planilla pública total equivalía a 5% del PIB, hoy día equivale a 8% del PIB.

El mejor retorno

¿En qué sí se debería invertir el dinero?

La respuesta ya no debe sorprender: educación, lo que significa aquí la provisión de los conocimientos y las capacidades necesarias para mantener productiva a la fuerza laboral de Panamá —más de dos millones de personas— en medio de la actual transformación de tecnología y sostenibilidad a nivel mundial.

El retorno ya ha sido calculado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por sus siglas en inglés), por cada dólar que invierte un país en educación, recibe entre $10 y $15, en crecimiento económico, en poco más de 10 años.

El valor de la educación también es reconocido por la población nacional, con la mesa única de diálogo de Penonomé —establecida luego del “riesgo político” de las protestas de julio— exigiendo al Gobierno Nacional un aumento en el gasto educativo para cumplir con el mínimo legal exigido de 6% del PIB.

Para referencia, según la base de datos públicos El Tabulario, el gasto público en educación hoy día es de poco menos del 5% del PIB, pero esta cifra incluye tanto el gasto corriente, que representa la mayor parte, y las inversiones, que son la menor.

La inversión educativa ha venido cayendo de un nivel de $500 millones durante la última década hasta los $450 millones hoy día. Mientras tanto, el gasto fijo en educación —impulsado principalmente por la planilla— ronda hoy los $2,171 millones, un aumento del 80% en relación a los últimos diez años.

Los cálculos

Un aumento del gasto educativo al 6% del PIB en dos años —la promesa del Gobierno Nacional a la mesa única— requerirá financiamiento adicional por alrededor de $800 millones en el mismo periodo de tiempo, movida que podría verse dificultada precisamente por la creciente rigidez fiscal.

Suponiendo que un cuarto del aumento anunciado —$200 millones— se vaya en inversión en vez de gastos fijos, la fórmula de Unesco estima retornos en crecimiento económico de alrededor de $2,500 millones en poco más de diez años, menos de lo necesario para cubrir el déficit anual del subsistema solidario de la Caja de Seguro Social para ese entonces.

Si la mitad del aumento anunciado se va a inversiones, se puede estimar un retorno en crecimiento económico al cierre de ese mismo periodo de $5,000 millones, cifra más cercana al valor del déficit del subsistema solidario en ese momento.

Cualquiera que sea el monto, lo cierto es que tal inversión educativa solo se torna más urgente, ya que, según cálculos del Banco Mundial, el tiempo que los estudiantes han pasado fuera de las aulas de clase por la pandemia probablemente les costará una reducción del 10% en el monto total de sus ingresos proyectados a futuro, no sólo reduciendo su calidad de vida personal, sino también quizás poniendo en mayor riesgo la estabilidad social nacional.