La historia de una víctima del dietilenglicol: 'me envenenaron y me abandonaron'

Ciudad de Panamá, Panamá/Celia Del Carmen Saurí es una educadora de 55 años de edad, “víctima inocente” del consumo de jarabes envenados de la Caja de Seguro Social (CSS), la tragedia de salud pública que sacudió al país a mediados de la primera década del año 2,000.

Saurí, casada y madre de dos hijos, paso de ser una maestra de grado dinámica y sonriente a una mujer atacada por dolores constantes. El ánimo lo conserva, pero en ocasiones el dolor la mantiene en cama por semanas enteras.

La educadora relata la forma como accedió al medicamento, los cambios que sufrió su cuerpo antes de descubrir lo que le ocurría y como sobrelleva los padecimientos que aparecen día con día. Su voz da la impresión de que esta llorando, aunque cuenta que no es así, sino otra consecuencia del daño que el veneno provocó en su organismo. “La lengua se me traba y los labios se me resecan”.

Saurí recuerda que tomó el expectorante sin azúcar en dos ocasiones: 2004 y 2006. En ese momento se atendía en policlínica de la CSS, Joaquín José Vallarino de Juan Díaz. Luego de consumirlo comenzó a sentirse mal. Entendía que algo no estaba bien en su organismo, pero no sabía qué era y los médicos tampoco podían explicárselo.

En estas condiciones paso varios años, el sistema nervioso era el más afectado y aunque se atendía con un neurólogo la mejoría no llegaba; al contrario los padecimientos aumentaban.

No obstante, un día de 2016 en momentos en que llevaba a su papá, también afectado con el consumo de las medicinas, a una consulta, se desmayó. El desvanecimiento llamó la atención de la doctora que atendía a su padre, quien le sugirió pedir su expediente médico para revisarlo.

Saurí siguió las indicaciones de la doctora, quien al revisar la documentación descubrió que desde 1994 padecía de diabetes y precisamente el expectorante sin azúcar era el medicamento que le recetaban a estos pacientes. Con esta información y la confirmación de las autoridades sanitarias sobre el envenenamiento masivo no le quedó ninguna duda.

Tener la certeza de lo que le estaba pasando no cambio las cosas. Su salud seguía mal y empeoraba. Su esposo, un profesor de química, también le ayudó a descubrir lo que ocurría.

Actualmente, cuando logra conseguir una cita en la CSS se atiende con el nefrólogo, el endocrino, el ortopeda, medicina interna, el urólogo, además del algólogo, cardiólogo, neurólogo, medicina familiar y asiste al Hospital del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la CSS. Para Saurí es difícil conseguir una cita con el neurólogo y el cardiólogo, aun en el sector privado.

El estado de indefensión y revictimización en que se encuentra Saurí no solo se refleja en la falta de acceso a los médicos, sino también en otros aspectos como es la adquisición de medicamentos, el derecho a la certificación para cobrar la indemnización, la falta de oportunidades para sus hijos, los cuales no pueden terminar la universidad por cuidarla y ayudarla.

El desabastecimiento de medicinas en la CSS afecta económicamente a Saurí, quien se ve obligada a disponer de parte de su salario o de la “escuálida” pensión que le reconoció el Estado para comprarlos. “Gastó 190 por quincena con el descuento de la tercera edad”.

Por si fuera poco el sufrimiento que le sembraron, su esposo, ayuda y compañero de toda la vida sufrió un derrame por lo que los gastos aumentaron y la justicia no llega a pesar de las reuniones que sostuvieron y sostienen con las autoridades sanitarias desde que estalló la situación; al contrario, la atención empeoró con el traslado del Centro Especializado de Toxicología (CET) de la policlínica Presidente Remón de calle 17 a policlínica Manuel Ferrer Valdés de calle 25, lugar donde tienen que hacer filas y esperar, porque no tienen una atención expedita, sino de acuerdo a la disponibilidad de los médicos.

Antecedentes de la tragedia

Para octubre de 2006 las autoridades sanitarias observaron que algo ocurría en las instalaciones médicas de la CSS. Los pacientes llegaban con problemas renales y neurológicos, la primera manifestación de una enfermedad, la cual en principio se conoció como síndrome de insuficiencia renal aguda.

Los responsables del sistema sanitario investigaban, mientras el miedo se apoderaba de los pacientes y del personal médico y administrativo. En el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, siempre lleno, los estacionamientos estaban vacíos, igual que los pasillos y las salas de espera. Los enfermos eran pacientes entre 40 años y 80 años de edad.

El ministro de Salud, Camilo Alleyne, en busca de conocer que ocurría pidió la colaboración de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta de Estados Unidos, cuyos investigadores descubrieron un “daño tóxico” en las muestras que analizaron.

La solicitud del ministro, quien recibió un reconocimiento por parte de la organización internacional, llevó a descubrir la intoxicación masiva con dietilenglicol, una sustancia química de uso industrial.

Los fármacos contaminados eran cuatro: expectorante sin azúcar, calamina loción, difenhidramina y pasta al agua. Estas medicinas, a la que una “población inocente” accedió, todavía los mantiene con dolencias que no pidieron.

 Una experiencia que le tocó vivir a Ricardo Acosta, un funcionario de la CSS de 61 años de edad quien confiesa que cada día se siente peor.

El calvario de Acosta comenzó a los 44 años de edad. Recuerda que tomó las medicinas porque estaba resfriado. Se acercó a la clínica de salud laboral de la institución donde le recetaron expectorante sin azúcar. Esto fue en el 2006. 

Uno de los primeros síntomas que notó luego de consumir el jarabe es un dolor fuerte en la parte de atrás de la cintura, desarrollo cuadros de alergia, en algunas ocasiones con rangos altísimos, cuando antes nunca las había padecido.

Su situación llevó al médico que lo trataba a hospitalizarlo por 36 horas, pero al salir no pudieron determinar qué le ocurría y lo refirieron al cardiólogo. Cuando le practicaron los exámenes descubrieron que tenía el corazón agrandado. Con este hallazgo llegó la hipertensión, aunque también tenía cuadros constantes de diarrea, insomnio y estrés

"Tengo expediente en cardiología que explica mi dolencia", relata Acosta, quién para ese tiempo el médico le prohibió hacer ejercicio o practicar algún deporte, uno de sus pasatiempos favoritos.

El deporte quedó atrás y ahora visita, cuándo tiene acceso, al cardiólogo, medicina interna, psicología anteriormente psiquiatría. También se atiende con medicina cardiovascular, neurología y gastro, porque padece dolor de estómago. El dolor en el pecho, las piernas, el mareo y su condición de persona con diabetes agudiza su situación de salud, la cual es difícil de mejorar sin medicinas y atención médica.

"La atención es horrible. La mayoría de los medicamentos que utilizo los compro. Antes nos atendían en el Centro Especializado de Toxicología que funcionaba en calle 17, pero ahora lo cambiaron para calle 25. Gasto $100 por quincena”, sostiene Acosta.

Al igual que Saurí, la educadora de 55 años, Acosta tiene dificultad para conseguir sus citas médicas y por esta causa  debe acudir a la práctica privada a buscar la atención que no encuentra en el sector público como son un cardiólogo, neurólogo, medicina interna y cardiovascular.

Acosta es uno de los afectados con el consumo de jarabes contaminados de la CSS que se encuentra certificado, pero considera que el apoyo no es suficiente porque lleva años esperando por una mejor atención, una mejor pensión y el apoyo solidario de las autoridades que fueron las que le sembraron el mal que cada día lo hace sentirse peor.

Una lucha de 17 años con pocas respuestas

El presidente del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, Gabriel Pascual, explica que este 17 de octubre se conmemoran los 17 años del envenenamiento masivo.

Pascual detalla que los primeros casos se dieron a conocer entre el 10 y el 12 de octubre de 2006, pero legalmente se instituyo el 17 del mismo mes como “Día de Reflexión y Meditación de las Víctimas del dietileneglycol”.

Agrega que se distribuyeron 120 mil envases, 110 mil recetas entre los años 2004 y 2006 y que el producto se adquirió durante la administración de Mireya Moscoso (1999-2004), pero el evento sanitario se destapa en el periodo de Martín Torrijos (2004-2009).

“17 años después, una nueva administración, no ha resuelto los problemas que los aquejan en materia de atención, medicamento y necesidades fundamentales”, indica Pascual.

Pascual expresa que incluso el tema de la mora en las certificaciones tal como lo contempla la ley y el aumento a la pensión que llevan años reclamando.

En este sentido, manifiesta que hasta el momento se reconocen de 1,020 personas que cobran la pensión más un aproximado de 400 personas que no lo hacen porque no están certificados, cada año mueren alrededor de 20 a 25 personas desde el 2,017, 2020 hasta la fecha. Según su cálculo mantienen una lista de 800 a mil personas fallecidas a nivel nacional

Por otro lado, el Centro Especializado de Toxicología lo trasladaron a calle 25 con la finalidad de que mejorara la atención, pero está subordinada a la dirección médica de la policlínica, por tanto no llena los requisitos de atención  oportuna y satisfactoria a las víctimas, explica Pascual.

En el aspecto judicial hubo condenas y los afectados y están a la espera de la resolución de las demandas del derecho que le asiste constitucionalmente, concluye.

Mientras, desde la CSS explican que el Centro Especial de Toxicología brinda atención integral a los pacientes presuntamente afectados por dietilenglicol en las áreas de medicina general y con especialidades como psiquiatría y psicología. De igual manera tienen la oportunidad de atenderse con el resto de las especialidades que se encuentran en la policlínica previa solicitud a través del formulario de referencia.

Contrario a la experiencia que relatan pacientes como Saurí y Acosta aseguran que tienen acceso al resto de los servicios técnicos y de salud que se ofrecen en la policlínica tales como farmacia, fisioterapia, laboratorio, radiología, servicio de urgencias entre otros.

“Es importante resaltar que los pacientes del CET se atienden en todas las unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social previa presentación de su carnet que los identifica y de igual manera se cuentan con 15 médicos de enlace en 7 provincias para brindar de igual manera la atención oportuna a estos pacientes”, indica, a través de un cuestionario la CSS.

En general se atienden alrededor de 200 a 300 pacientes en el CET a nivel metropolitano, sin embargo, los pacientes que se encuentran en el interior del país realizan sus atenciones en las distintas unidades de enlaces, aseguran.

En relación a las secuelas explican que las secuelas más comunes que en su momento inicial fueron detectadas son las complicaciones a nivel renal, las neuropatías y los daños cognitivos secundarios a el evento, pero es importante resaltar cada paciente se maneja de manera individual y el seguimiento propio se da acorde a sus secuelas a través de las distintas especialidades y subespecialidades para cada área (neurología, medicina física y rehabilitación).

La CSS  estima que un aproximado de 600 a 800 personas fallecieron desde el año 2006, sin embargo a pesar que la data se sigue actualizando paulatinamente, en ocasiones no se recibe la información por parte de los familiares que dan fe acerca del fallecimiento de algún paciente presuntamente afectado por dietilenglicol.

Los pacientes del CET tienen acceso a los medicamentos que se encuentran en el LOM de la Caja de Seguro Social y se les dispensa cada vez que sean requeridos previa recomendación a través de su prescripción médica.

 El desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional en algún momento afectó a todas las Unidades Ejecutoras de la Caja de Seguro Social en donde reciben atención los pacientes sin embargo en todo momento se ha gestionado para dar respuesta a las necesidades de los pacientes buscando no afectar su condición de salud.

 Todos los pacientes que en su momento presentaron al Centro su documento oficio del Ministerio Público que los identificaba como presuntamente afectados por Dietilenglicol reciben atención en el CET y en las distintas unidades de enlace y demás unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social previa presentación de su carnet que los identifica como tal, indistintamente de su estatus legal (pacientes certificados como positivos, pacientes en estudio o pacientes negativos o en reevaluación).