El futuro de la mina: una encrucijada nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de la aprobación por la Asamblea Nacional de una moratoria minera y con la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo pronto en relación al contrato-ley con Minera Panamá, surge el debate sobre cómo atender el tema de la mina de cobre en Donoso. ¿Qué dice la nueva ley de moratoria? Y ¿Qué opciones tiene Panamá una vez la Corte falle? Veamos.

Tambaleo existencial

¿Alguna vez se han asomado por encima de la barandilla de un balcón y sentido un mareante vértigo alrededor de la aprehensión de caerse?

Pues una parte del país experimentó un vértigo similar cuando la Asamblea Nacional anunció que estaría incluyendo la derogatoria del contrato-ley con Minera Panamá dentro de un proyecto de moratoria minera.

Tal derogatoria, de haber sido aprobada, habría sido considerada una terminación unilateral del contrato-ley, empujando a Panamá por un barranco donde la nación tendría que ir a un proceso internacional con las probabilidades inclinadas en su contra.

Como explicó el excanciller Jorge Ritter en el programa Mesa de Periodistas el pasado jueves, 2 de noviembre, la derogatoria habría sido “quitarle a Panamá los instrumentos para poder pelear” en un proceso de arbitraje internacional.

“Cuando se va a un arbitraje internacional, se va a decir: ¿por qué considera que Panamá le causó un perjuicio a la minera? ¿La respuesta cuál es? Porque no cumplió un contrato. Pero si lo que dice Panamá es: ese contrato no se puede cumplir porque era inconstitucional como ya lo definió la Corte Suprema de Justicia —no digo que eso sea la herramienta para ganarlo de todas maneras pero ciertamente es mucho más duro y tienes muchas más herramientas”.

“Tiene mucha más fuerza tu argumento [con un fallo de inconstitucionalidad] que tu digas, [en cambio,] yo aprobé un contrato en tres días […] y dos semanas después nosotros nos arrepentimos y decidimos que ya el contrato no iba”.

Un contrato que ha sido aprobado por ley con una empresa no puede ser derogado unilateralmente por una de las partes. Eso es así de sencillo"

Al final, tal argumento imperó y la Asamblea retractó la derogatoria incluida en el proyecto de moratoria. Tal proyecto fue aprobado en tercer debate el pasado viernes, 3 de noviembre, y sancionado por el presidente Laurentino Cortizo el mismo día.

Pausa minera

Tal proyecto —en su versión aprobada en tercer debate— consta de cinco artículos.

El primero “declara una moratoria por plazo indefinido al otorgamiento de concesiones para la realización de actividades de exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional”.

La razón por la cual es una moratoria y no una prohibición total es porque la Constitución faculta la explotación minera en su artículo 257 y la ley no puede conculcar de forma absoluta la capacidad del Estado de otorgar derechos mineros.

El segundo artículo del proyecto restringe al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de “otorgar concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos” en el país, por lo que “rechazará de plano toda nueva solicitud presentada para obtener dichas concesiones”.

No solo eso. 

Con la aprobación del proyecto “quedarán rechazadas todas las solicitudes en trámite para la obtención de concesiones” mineras, ordenándose el archivo de las mismas.

Y el proyecto establece que “ninguna concesión de exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos será renovada o prorrogada a partir de la promulgación” de la ley.

Al cierre de la semana pasada, el portal digital del MICI reconocía la existencia —al menos en papel— de 15 concesiones mineras y 103 solicitudes de concesión.

Según el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) —que interpuso la primera demanda de inconstitucionalidad al contrato— de las 15 concesiones mineras existentes, cuatro están vencidas, siete se encuentran pendientes de que el MICI les otorgue una prórroga de su concesión —incluyendo Cerro Quema en la provincia de Los Santos— y dos ya no son viables por prohibiciones específicas de minería en áreas ribereñas.

De acuerdo con el CIAM, las únicas dos concesiones vigentes son aquellas de Petaquilla Gold y Minera Panamá.

Pero como el contrato original de Petaquilla Gold fue precisamente el contrato que fue declarado inconstitucional, la única concesión válida operativa sería aquella de Minera Panamá, con su contrato hoy bajo revisión por la Corte Suprema de Justicia.

Tanto el Procurador de la Administración como el Procurador de la Nación han indicado —en el espacio de apenas días— que el texto de este nuevo contrato-ley sería inconstitucional.

Queda la pregunta de cómo es posible que un contrato que fuera tan rápidamente identificado como inconstitucional por ambas de las procuradurías nacionales fue aprobado tan velozmente por dos de los poderes del Estado.

Futuro y la mina

Si —de acuerdo con el CIAM— el único interés minero vigente es aquel de Minera Panamá y este contrato hoy corre el riesgo de ser inconstitucional, ¿Qué se puede hacer con la realidad fáctica de la mina en el corto, mediano y largo plazo?

Las opciones y opiniones no han faltado.

En un extremo de la curva, algunos economistas han sugerido que Panamá se aproveche del desplome del precio de la acción de First Quantum Minerals —cotizándose a $12 en los mercados extra-bursátiles luego de un máximo de $35— para comprar la empresa minera.

Para referencia, la capitalización de mercado en Canadá de First Quantum está por alrededor de los doce mil millones de dólares canadienses —cerca de nueve mil millones de dólares estadounidenses.

Se calcula que una posible compensación de Panamá a la empresa minera esté por esa magnitud, por lo que comprar la empresa de antemano incluso podría resultar rentable.

Pero esa es la opción más improbable.

No obstante, el desplome de la acción de First Quantum quizás sí sería incentivo suficiente para que la empresa se acerque nuevamente a la mesa de negociación, lo cual llevaría otra vez a un proceso de diálogo con la misma.

Según cifras de la propia empresa los ingresos brutos de la mina de cobre en Donoso ascienden a $2,233 millones, 42% de sus ingresos brutos totales. Los costos de venta para Panamá están por $940 millones y tienen aquí una ganancia operativa de $830 millones.

Quedaría la pregunta de si el gobierno cuenta con suficiente legitimidad en su postura de negociación para poder presentar un nuevo contrato ante la Asamblea Nacional y la faz de la Nación.

Luego está la posibilidad de un arbitraje.

En ese escenario, la empresa demandaría al país ante entidades arbitrales internacionales buscando compensación por la pérdida de su interés minero.

Economistas de la plaza han sugerido distintas cifras para el monto de esa compensación, que van cerca de los $7 mil millones por lo bajo a más de $20 mil millones en algunos cálculos.

El valor esperado de una posible compensación quizás está más cerca de los $10 mil millones, considerando los ingresos a futuro de la mina además de parte de la inversión existente.

El proceso arbitral sería largo y difícil.

Panamá probablemente haría batalla contra los argumentos de la mina, más aún con un fallo de inconstitucionalidad respaldando su posición.

El economista y exministro Fernando Aramburú Porras calculó —en el programa Mesa de Periodistas del pasado jueves, 2 de noviembre— que en el caso de darse un conflicto arbitral, el mismo duraría cinco a seis años.

“Vamos a ir con un fallo de la corte, vamos a ir con una evaluación del daño ambiental, vamos a ir con una auditoría de los libros para ver si es verdad la cifra que nos presentan”.

“Esto [sería] una pelea de desgaste”.

En tal caso, existe una posibilidad de que Panamá tenga que pagar a mediano o largo plazo algún tipo de compensación a la mina.

De ocurrir, hay que cuidar que tal flujo no impacte el resto de las finanzas públicas ya que, según el economista, podría restringir “el gasto en proyectos, sobre todo en inversión, que es necesario, en escuelas, centros de salud, carreteras”.

Pero, la empresa está bajo mucha presión financiera. Y quién sabe si está dispuesta a perseguir un arbitraje cuando una negociación quizás le resultaría más conveniente.

También existe la posibilidad de reemplazar a la mina con otra empresa.

“La segunda alternativa es que Panamá busque otro socio y haga la licitación como lo manda la ley. Y busquemos un socio realmente que nos reconozca nuestra participación en base, por ejemplo, a una empresa mixta que podría operar en un 50-50 o 49-2-49 por 20 años, no más”.

El modelo 49-2-49 se refiere a una participación accionaria donde una empresa privada y el Estado son socios equitativos con 49% del capital emitido cada uno y un grupo distinto —usualmente los empleados de la empresa— son dueños del 2%, dándoles capacidad de variar el equilibrio del poder.

Pero, de tener que compensar a la mina, ¿Cómo se aísla el golpe?

Responde el economista: “Básicamente se aísla haciendo que las utilidades que genere la minera en un periodo de diez a quince años, manejada por el gobierno, una empresa mixta o un operador, sea destinado al pago de lo que sea que tengamos que pagarle en indemnización”.

“Se hace una figura como la que se hizo con los corredores. La deuda de los corredores y de Tocumen no es deuda de la República, no afecta la calificación de riesgo y no afecta el flujo de gobierno”.

“Eso va a estar en el balance de situación del gobierno. Cada vez que las casas calificadoras o los inversionistas vean a Panamá, allí bajito en letra chiquita va a decir: Panamá tiene un arbitraje con la minera”.

“Y si no hay que pagarle nada y ganamos el caso, pues aleluya. Eso le entra al Fondo de Ahorro de Panamá”.

Pero irse a las cuerdas con la mina debe ser una decisión consciente, agrega Aramburú Porras.

“La población tiene que escoger: si no se opera esa mina por un periodo lo suficientemente largo para pagar esa cantidad o estamos pensando que vamos a ganar este caso, entonces, el gobierno va a tener que asumir ese contingente y vamos a tener un impacto muy fuerte en la economía”.

Y ya del otro lado de la curva de probabilidad existe la opción de cerrar la mina.

“Tenemos que tener —en tercera opción— un plan de cierre ordenado. Ya esto le tocará al próximo gobierno. Hay que ver que dicen los candidatos y evaluar a los candidatos en base a lo que propongan”, explica Aramburú Porras.

“Un plan de cierre pero ordenado, que mitigue el impacto ambiental. Porque no se puede cerrar una mina de la noche a la mañana. Toma entre cinco a diez años. Ahí hay cinco mil hectáreas deforestadas […] hay equipo, maquinaria, un puerto, una planta eléctrica”.

“[Habría] que contratar a los expertos. Podría ser esta misma empresa u otra que haga ese cierre [y] que se mitigue el daño ambiental, el daño social y el daño económico”.

Y también queda la pregunta de precisamente cómo la población hará tal decisión y si mediará el debate minero a través del próximo torneo electoral.

Día a día

Mientras tanto, la mina de cobre en Donoso sigue en operación ya que, al día de hoy, tiene un contrato-ley que le ampara.

En un reporte del diario financiero Bloomberg del pasado jueves, 2 de noviembre, “una persona cercana a la empresa” indicó que “First Quantum Minerals espera continuar operando una gigante mina de cobre en Panamá”.

Para referencia, los yacimientos disponibles totales de cobre en la mina en Donoso se calculan en alrededor de 20 millones de toneladas métricas, lo cual equivale a la producción mundial anual de cobre. La mina espera extraer alrededor de 300 mil toneladas métricas de cobre al año. Chile, el gran líder minero del cobre, produce seis millones de toneladas métricas del metal al año.

Hasta que la Corte Suprema de Justicia no falle el contrato, no sabremos qué sucederá. Incluso con el fallo bajo su hombro, tampoco sabemos qué hará el Gobierno Nacional con el mismo.

¿Renegociará con la mina? ¿Buscará un nuevo operador? ¿Se irá a un arbitraje? ¿Pateará la lata a la próxima administración?

El país se mantiene en vilo a lo que suceda y la incertidumbre —aunada a cierres prolongados que han detenido la operatividad normal de la economía— tan solo sigue revolviendo el panorama.