Fuero penal electoral ¿el último eslabón para sellar la impunidad?

La Constitución panameña establece que “nadie tendrá fueros ni privilegios”. Aun así, desde el establecimiento del Código Electoral en 1983 se cubre con fuero penal a candidatos tanto para elecciones generales como para elecciones internas de los partidos políticos.

Habiendo nacido como un principio para salvaguardar a los candidatos del uso de mecanismos judiciales que entorpezcan su participación en procesos electorales, con los años la medida se ha convertido en un eslabón más para la impunidad judicial en el país, aseguran juristas.

Y es que aunque el Tribunal Electoral procesa en términos más o menos rápidos las solicitudes de levantamiento de fuero que recibe, una revisión de las últimas solicitudes y los procesos judiciales que las sustentan, dan cuenta de un uso indiscriminado de este privilegio para retrasar o bien evadir denuncias que van desde malversación de fondos públicos hasta violencia doméstica.

El polémico fallo del Tribunal Electoral que revirtió el levantamiento de fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli (2009 - 2014) para ser investigado en los casos Odebrecht y New Business marcó un antes y un después en la construcción de esa impunidad.

De acuerdo al jurista Carlos Herrera Morán, parte del equipo de querellantes en el caso Pinchazos, dicho fallo "alejado de la ley” pone en tela de duda “la pulcritud y la probidad del Tribunal Electoral, que tenía una confianza ganada entre los panameños, y máxime cuando estamos a dos año para unas elecciones”.

Herrera no escatima en lamentar que el fuero penal, una “institución que nació con propósitos nobles como el de proteger a candidatos de persecución política en elecciones generales”, ahora sea un “instrumento de impunidad”.

Lo más preocupante, resalta el abogado, es que el Tribunal Electoral se haya metido en temas fuera de su competencia, refiriéndose a la mención del principio de especialidad que según el fallo votado afirmativamente por los magistrados Heriberto Arauz y Alfredo Juncá, cubre al expresidente.

Herrera Morán descarta tal “espaldarazo que le ha dado el TE” a Martinelli recordando que éste principio no aplica al expresidente por haber salido del país en medio del proceso por el caso Pinchazos, algo que confirmó el gobierno estadounidense en varias ocasiones y el mismo tribunal de juicio. “Se extralimitaron en sus funciones y esto (el fallo) establece un régimen de impunidad y pavimenta las avenidas políticas para que (Martinelli) sea candidato en las próximas elecciones”, planteó.

Martinelli adquirió el fuero electoral en virtud de las elecciones internas que lleva adelante su partido Realizando Metas (RM) para las secretarías de la juventud y de la mujer.

El 23 de febrero el juzgado electoral levantó el fuero según la resolución 2-2022. La acción fue apelada por el equipo legal del expresidente quien logró convencer a dos de los tres magistrados electorales de sus pretensiones, saliendo favorecido en la decisión tomada por el pleno el 22 de marzo, donde mantuvo el fuero penal electoral.

De acuerdo al fallo apelativo, “hay una clara falta de motivación de la resolución recurrida (apelada) en cuanto a la omisión de valorar las argumentaciones del opositor y las pruebas que aporta, lo que sin duda viola el debido proceso”.

Por su parte, Eduardo Valdes Escoffery, quien salvó su voto, expresó en el fallo que las causas penales que se adelantan contra Martinelli tienen su origen en denuncias presentadas en los años 2015 (caso Odebrecht), y 2017 (caso New Business), es decir, “fueron iniciadas con años de antelación al proceso electoral interno convocado por el partido Realizando Metas, y cuando el partido ni siquiera existía”, además de que posee el fuero por ser presidente del partido y no por estar corriendo a ningún cargo dentro del mismo.

Valdés también rechazó el principio de especialidad que según los otros dos magistrados “le aplica” a Martinelli porque esa valoración “escapa de nuestras competencias”.

El fuero electoral resulta tan apetecible para evadir a la justicia que incluso quienes nunca han ejercido una carrera política puedan decidir – de la noche a la mañana – ingresar en ella para ser cubiertos por el fuero penal electoral.

Tal es el caso de Sara Montenegro, exabogada de Mossack Fonseca, quien renunció primero al buffete y luego se convirtió en abogada de su exempleador mientras consiguió el fuero electoral con una candidatura como diputada suplente en el hoy gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Sobre este caso, Carlos Barsallo, expresidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, cuestiona el sobreseimiento definitivo que le otorgó la Corte a Montenegro dentro de un expediente de más de 200 tomos, además de la movida de convertirse en abogada de su exempleador, con lo que consiguió proteger sus comunicaciones bajo el secreto profesional en medio de la investigación internacional desatada por los Panama Papers.

No hubo, en palabras de Barsallo, ni solución ética del propio sector de abogados, ni administrativa por parte del regulador de sujetos no financieros, ni política por parte del partido que la postuló, ni del TE, porque pudo correr y refugiarse en lo electoral no siendo conocida como política. “Todas las vías a la impunidad totalmente abiertas”, increpó.

El sobreseimiento de Montenegro tiene muchos paralelismos con el de Martinelli en el sentido de la instrumentalización del fuero penal como una herramienta de impunidad. Aunque según Barsallo, el caso de Martinelli tiene una importante diferencia y es la omisión de todos los otros delitos al momento de pedir su extradición a Estados Unidos. “Eso dice más de los investigadores que del investigado”. Y agrega que el dilema “al final es más falso que real. Ya no aplica ese principio, pero distrae y da excusas para agarrarse de lo que sea. Sobre que no aplica lo ha dicho los EEUU, el interesado inicial en su respeto”.

Ha habido varios intentos por eliminar el fuero penal electoral a través de los años. El último que reposa en la Asamblea Nacional es una iniciativa de la bancada de diputados independientes que no parece que encontrará asidero en las fuerzas de poder que controlan la Asamblea.

Mientras, el abogado querellante de los Pinchazos enfatiza que el sistema judicial panameño está en bancarrota. Siente que es como un gran mercado persa donde los fallos se negocian, se comercializan y se venden.