Fiscalía de Cuentas busca autonomía para investigar sin depender de la Contraloría

Ciudad de Panamá, Panamá/Con más de 30 denuncias sobre su escritorio, señalando que no encontró irregularidades en el despacho y que su designación fue un "plus" para la Fiscalía General de Cuentas, Jaime Barroso, quien lidera esa entidad, asegura que no la utilizará para perseguir a nadie, sino para buscar que se devuelvan al Estado los dineros producto de una lesión patrimonial.

En su momento, la designación de Barroso fue cuestionada por diputados y ciudadanos, debido a que venía de ejercer como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas, ente que validará ahora sus investigaciones como fiscal. Además, su nombre en la gestión pública ha estado vinculado al Partido Panameñista, donde militó por algún tiempo hasta 2019; fue el expresidente Juan Carlos Varela quien lo designó como magistrado suplente.

En una entrevista con TVN-2.com aseguró que tal como lo dijo en la Asamblea Nacional, tras su ratificación, él se declarará impedido antes los casos que conoció siendo magistrado, incluso señaló que su designación fue "beneficiosa" para la Fiscalía de Cuentas.

Yo creo que no ha habido tal cuestionamiento, porque el haber sido suplente de un magistrado del Tribunal de Cuentas me da incluso más idoneidad, toda vez que vengo del sistema, conozco el sistema, he trabajado en él y vengo a aplicar los conocimientos de la experiencia de cinco años como magistrado suplente y cuatro años como director de asesoría legal del Tribunal de Cuentas".

Enfatizó "creo que eso fue un plus para la Fiscalía de Cuentas traer a alguien que ya sabía del sistema; los fiscales anteriores vinieron de afuera. Yo creo que eso [su designación] fue beneficioso para la institución”.

Señaló que al ingresar al despacho, que le dejó Waleska Hormechea, no encontró nada que pudiese ser considerado una "irregularidad" y que se han mantenido haciendo las cosas buenas; y las que no, se han mejorado. Entre las cosas buenas, destacó el sistema que se aplica aquí para hacer las investigaciones. Además de que se mantiene "trabajando con el 80% de los funcionarios que han estado aquí".

Desde el 1 de agosto, cuando llegó al que hoy es su despacho, han ingresado 34 expedientes que ya, según el Fiscal se han iniciado investigación.

La Fiscalía General de Cuentas se creó con la Ley 67 de 2008, pero esta ley que tiene 15 años podría ser reforma; pues se adelanta una propuesta para modificarla.

Más autonomía y un alguacil ejecutor para el Tribunal

Precisamente, el Fiscal de Cuentas indicó que trabaja en conjunto con el Tribunal de Cuentas en una propuesta legislativa que impulse cambios a la jurisdicción de cuentas.

La propuesta, dijo, está bastante avanzada, ya que tomaron como base un proyecto trabajado en la administración pasada. Entre los cambios centrales está que la Fiscalía de Cuentas pueda iniciar investigaciones de oficio, sin depender de las auditorías de la Contraloría General de la República.

Creo que la ley de cuentas, que ya tiene 15 años y que fue hecha a la carrera porque se necesitaba instaurar el Tribunal, dejó por fuera algunas cosas y otras que el tiempo ha ido superando”, dijo.

Aseguró que es “muy importante que se le dé a la Fiscalía de Cuentas la oportunidad de que ellos puedan iniciar un proceso de manera oficiosa". "Nosotros en la actualidad dependemos de una auditoría de la Contraloría y, tal como dice la ley, el proceso se inicia con esa auditoría y los hallazgos que ellos hagan”, acotó.

El objetivo principal de la Fiscalía de Cuentas es hacer investigaciones de supuestas irregularidades que cometan servidores públicos o agentes de bienes en el manejo de fondos y bienes públicos, que lesionen el patrimonio del Estado. Mientras que el Tribunal de Cuentas, tiene como función juzgar a los funcionarios y a los particulares que incurran en irregularidades que afecten el patrimonio del Estado.

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Sin embargo, solo el martes, el contralor general de la República, Anel "Bolo" Flores, en una entrevista con TVN Noticias, manifestó que en el tiempo del excontralor Rubén Darío Carles (fallecido), considerado el mejor funcionario de esa entidad, existía un instrumento que hoy la Contraloría no tiene: la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (la famosa DRP):

“Eso le daba poder al contralor y a la Contraloría de cautivar, secuestrar bienes mal habidos antes de llegar al Ministerio Público. Esa facultad la perdimos. Después se convirtió en un Tribunal de Cuentas, que ustedes saben cómo operan, y la Fiscalía de Cuentas”, dijo.

Aseguró que al eliminar ese instrumento se le restó “efectividad a la Contraloría” e hizo un llamado a la Asamblea Nacional, señalando que: “Retomando esas prácticas, yo creo que podríamos hacer mucho mejor trabajo. Creo que el pueblo lo demanda”.

Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentassustituyeron la DRP, entidad que estuvo adscrita a la Contraloría y que fue creada con carácter provisional el 10 de febrero de 1990, tras el derrocamiento del régimen dictatorial que encabezó Manuel Antonio Noriega.

Para Barroso otro aspecto que requiere cambios es que la ejecución de los fallos o de las resoluciones finales dictadas por el Tribunal de Cuentas no dependa de la Dirección General de Ingresos (DGI), como pasa en la actualidad, considerando que ese proceso “ha sido un fracaso para la ejecución”.

“Desde que existimos, ninguna DGI ha logrado hacer los cobros que se les ha trasladado. Entonces, en el proyecto de modificaciones, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía proponen la figura de un alguacil ejecutor, para que el Tribunal ejecute sus propias resoluciones, como ocurre en todos los tribunales del país”.

“Esto ayudaría a que el Tribunal de Cuentas pueda caminar rápidamente”, acotó, señalando a su vez que la propuesta está “bastante adelantada”.

El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía habrían utilizado el borrador de proyecto preparado en la administración pasada. El funcionario considera urgente que la jurisdicción de cuentas sea actualizada.

“Hay muchas cosas en cuanto al procedimiento que están totalmente desfasadas y muchas cosas que chocan, que hemos encontrado a lo largo de estos 15 años y que estamos tratando de resolver dentro de esa modificación a la ley”, dijo.

En la administración pasada, la exfiscal Waleska Hormechea, antes de finalizar su gestión, señaló que varias auditorías quedaron desatendidas por parte de la Contraloría General de la República. En ese sentido, el nuevo fiscal indicó a TVN-2.com que, “estoy pendiente de una cita con el contralor [Anel Bolo Flores] para llevarle precisamente ese impulso, de esas auditorías que no se lograron realizar en la administración pasada por parte de la Contraloría”.

Sin problemas

Aseguró que no hay ningún choque entre la Contraloría y la Fiscalía de Cuentas: “la Contraloría es la que hace la auditoría. No hay ningún choque, ellos hacen la auditoría, se la envían al Tribunal de Cuentas y estos a la Fiscalía de Cuentas, que inicia la investigación”.

Además, tras la consulta de cuál sería el manejo que se le iba a dar a la Fiscalía, debido a los múltiples cuestionamientos hacia esa entidad, señaló que:

No voy a torcer la ley para beneficiar ni para perjudicar a nadie. Nosotros no somos un ente de perseguir a nadie, somos un ente que va a buscar que se devuelvan al Estado los dineros que hayan sido traspuestos u objeto de una lesión”.

Planteó que entre los objetivos de la Fiscalía está que el ciudadano y las autoridades comprendan la importancia de la jurisdicción de cuentas. Por ello, realizan capacitaciones en diferentes instituciones, así como en gobiernos locales.

Señaló que muchas veces el funcionario comete o participa en una lesión patrimonial por desconocimiento. El funcionario debe saber cuáles son sus facultades y deberes, porque el incumplimiento de estos puede llevarlo a sentarse en el banquillo ante la Fiscalía de Cuentas.