Financiando la salud de Panamá: CSS y MINSA piden cambios al presupuesto
Ciudad de Panamá, Panamá/El pasado viernes fue aprobado en primer debate el proyecto de ley de presupuesto para 2024, cerrando así en la Asamblea Nacional la etapa de las vistas presupuestarias, donde las distintas entidades acuden a la Comisión de Presupuesto para justificar su gasto actual y —en algunos casos— pedir más dinero. En las últimas vistas, asistieron las dos entidades que atienden la salud del país: la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa). ¿Están recibiendo el dinero que piden? ¿Qué se comentó sobre el caso del fentanilo? ¿Cómo quedaron sus números? Veamos.
Hasta las vistas
El proceso de las vistas presupuestarias inició la semana del lunes, 21 de agosto, hace 48 días. A la fecha, ya asistieron los ministerios más grandes del país y parte importante de todas las instituciones descentralizadas.
En ediciones anteriores de esta columna hemos perfilado, entre otros, al Ministerio de Ambiente, el Tribunal Electoral y el Ministerio de Educación, que enfrenta el reto de determinar cómo y dónde asignar más de mil millones en inversión nueva. Se prevé que la mayor parte será en infraestructura, lo cual se estima será un flujo importante para la industria de la construcción.
A través del proceso han surgido temas y patrones recurrentes, entre ellos, el estado deteriorado de los edificios públicos del país —incluyendo la icónica Escuela Normal de Santiago— junto a un rezago en la capacidad de proveer servicios a la población y el reto aún presente de compensar algunos de los retrasos de ejecución causados por los cierres de la pandemia.
Varios de los diputados miembros de la comisión discutieron la posibilidad de devolver el proyecto de presupuesto al Ejecutivo, inconformes con la distribución de recursos a sus circuitos, pero el texto fue aprobado en primer debate al cierre de la semana pasada.
Vale la pena notar que el diputado Juan Diego Vásquez alertó en días recientes que la comisión se estaría reuniendo fuera del ojo público con el objetivo de modificar al alza las cifras ya discutidas.
De haberse modificado el texto, aún no se ha circulado esta posible nueva versión.
Caja de sorpresas
El director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, representó a la entidad ante la comisión. Su presentación se centró alrededor de una solicitud para reestructurar su presupuesto según fue asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Para 2024, la Caja tendrá un presupuesto de más de siete mil millones de dólares, el más grande de todo el Estado. Su plan es financiar la mitad a través de las cuotas que recibe.
Para referencia, hoy día, la Caja recibe en cuotas una magnitud alrededor de los tres mil millones de dólares anuales. Obtiene, adicional, $300 millones en aportes y una cantidad similar como resultado de sus inversiones financieras.
De los $7,200 millones que manejará la Caja en 2024, su presupuesto destinará $2,300 millones a su funcionamiento, $2,500 millones al pago de prestaciones económicas y otros $2,300 millones en inversiones. El faltante en la suma queda en el redondeo.
El funcionamiento de la CSS es masivo. Cada año, gasta una magnitud de $1,200 millones en servicios personales —salarios y similares.
¿Y para qué funciona la Caja?
Cada año, la entidad maneja una cartera de más de medio millón de casos de pensiones, ya llegando a los 600 mil.
Además, la entidad procesa más de ocho millones de consultas —eso es alrededor de veinte mil al día— llevando a cabo por encima de 70 mil cirugías y dispensando un volumen de alrededor de 15 millones de unidades de medicamentos.
Considerando que el MEF le concedió a la CSS un aumento de casi $300 millones en su presupuesto en relación al año anterior, ¿Cuál era el reclamo de Lau?
Respuesta: la distribución.
Lau explicó que aunque el MEF no le había reducido el monto del presupuesto, quitó de la cuenta de gasto corriente para dar a la de inversiones.
“Aún cuando se le respeta a la Caja de Seguro Social el volumen total solicitado de $7,200 millones, debemos observar que por alguna circunstancia que no terminamos de entender, ha habido una redistribución a lo que nosotros propusimos con relación a lo que es recomendado por el MEF y destacar que en materia de gastos corrientes hay una disminución de $280 millones, lo cual va a impactar básicamente en los gastos de funcionamiento, sobre todo en los servicios no personales”, dijo Lau.
El director general explicó que la reducción golpearía cosas tan sencillas como la provisión de batas y ropa de cama para los pacientes hasta temas más complejos como la construcción de la Ciudad de la Salud. El presupuesto de esta obra para 2024 cayó de los $147 millones solicitados por la CSS a $93 millones recomendados por el MEF.
Además de la Ciudad de la Salud, la Caja de Seguro Social está desarrollando una policlínica en Aguadulce la cual lleva 72% de avance, una en Penonomé con 66% de avance y otra en Antón con 15%.
El hospital de Almirante, en tierra firme de Bocas del Toro, recién fue completado. Consiste de tres edificios de un piso y dos edificios de dos pisos.
Para referencia, el costo de un hospital de ciudad está en la magnitud de las decenas de millones de dólares, con tan solo la planificación inicial costando alrededor de cinco millones de dólares.
Salud para todos
Por su lado, los diputados de la comisión elevaron un número importante de reclamos ante Lau sobre el desarrollo de nueva infraestructura hospitalaria.
También, cuestionaron la capacidad de planificación de la entidad, particularmente en relación al déficit ya presente del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte.
“Nosotros de manera responsable tenemos que dar una solución y usted que ha estado siempre en este sistema, que siempre ha pertenecido al tema de la salud como miembro y como médico, definitivamente debe programar, en estos siete meses que quedan, un equipo que haga un trabajo, que haga un plan estratégico [para la Caja] ya sea para el próximo gobierno o que usted lo deje planteado ante la sociedad y ante los panameños", le dijo la diputada Yanibel Ábrego.
“Pero ya”, agregó “esto no requiere más una curita [o] que nos inventemos que vamos a sacar un préstamo”.
Lau mantuvo su cara de póker. Apelando a los diálogos sobre la Caja de Seguro Social y los medicamentos, respondió que ya las ruedas estaban girando para ofrecer soluciones, aunque no precisó cuáles ni cuándo las daría.
“Es una crisis que sabíamos que iba a darse desde el 2005 […] es una crisis anunciada y ya aquí se han hecho las diferentes consideraciones de por qué no se abordó”, explicó.
Además, el director dijo que la entidad necesitaría una “oxigenación” —refiriéndose a una provisión extraordinaria de liquidez— añadiendo que pronto presentaría un informe completo sobre el tema con hallazgos propios comparados a aquellos de la Organización Internacional del Trabajo.
Los diputados no se mostraron satisfechos y continuaron cuestionando a Lau sobre distintas falencias de la entidad. Por ejemplo, la provisión de nuevos centros de hemodiálisis o la falta de ambulancias. El director general respondió, sobre lo primero, que ya estaban en construcción nuevos centros, y sobre lo segundo, que ya se estaba esperando el refrendo de la Contraloría para comprar 50 nuevas ambulancias.
La otra queja fue el alto costo de los medicamentos.
Sobre esto, Lau exaltó el programa Medicsol, argumentando que la iniciativa “es un paliativo para que el paciente no suspenda su tratamiento”.
Dio el ejemplo de una medicina para la hipertensión que, por más que la CSS la podría comprar a un centavo la tableta, no logra abastecerse de ella. El precio de mercado en Panamá ronda los 35 centavos, pero con el programa Medicsol, las personas lo pueden obtener a 15 centavos.
No obstante, los diputados expresaban un fuerte escepticismo ante Lau, reportando historias de pacientes en sus circuitos que tenían que vender cosas de su hogar para poder recibir atención médica, por una falta de capacidad de la CSS, o que tenían que pedir ayuda para subir su silla de ruedas por las escaleras de un centro hospitalario por no funcionar el ascensor. Y así.
Fentanilo
La diputada Ábrego preguntó específicamente por el caso del fentanilo, que gira en torno al presunto robo de ampollas de esta peligrosa sustancia de las reservas de la entidad.
Lau explicó que habían cosas que no podía compartir aún ya que era una investigación en proceso y que incluso la misma se había ampliado para incluir diligencias en las provincias centrales del país.
Sí compartió algunos elementos.
Dijo que las recetas de sustancias controladas como el fentanilo se hacen en un papel especial. Durante la pandemia, debido a la fuerte presión sobre el sistema administrativo, se habrían relajado informalmente los controles de receta para evitar que la falta de papeles especiales detuviera el flujo de medicamentos.
Actores mal intencionados se habrían aprovechado de tal relajación para conseguir recetas por más ampollas que las necesarias, quedándose con la diferencia.
A pesar de que la entidad tiene controles de inventario —aunque no digitales— toma tiempo para que los médicos devuelvan las ampollas que no utilizaron, por lo que usualmente hay una diferencia temporal entre la cantidad recetada y la utilizada, lo cual habría servido para ocultar la trama.
Lau indicó que ya se habían hecho las correcciones necesarias y que la entidad se estaba asesorando con terceros expertos para evitar que se repitiera el incidente. Destacó que —ya pronto— la entidad espera tener un sistema digital de inventario.
Historia de dos entidades
Por cuestión de espacio, no podremos repasar la vista del Ministerio de Salud con el mismo nivel de detalle que le dimos a la Caja, pero quizás no sea necesario.
Las historias son muy similares: un líder institucional llega a pedir un cambio en su presupuesto, argumentando que es necesario para no reducir el nivel de atención de salud, y es recibido por los diputados de la comisión con un rosario de penas que aquejan a la población tan solo para responder el primero que —ya pronto— vienen bajando las soluciones requeridas.
En el caso de Luis Sucre, ministro de Salud, el cambio radica en la reducción de su presupuesto solicitado por el MEF, que dejó su cifra recomendada en $2,700 millones luego de que el Minsa pidiera alrededor de cuatro mil millones de dólares.
Sucre —similar a Lau— indicó que tal recorte impactaría las “necesidades reales” del sistema de salud, reduciendo a la mitad el presupuesto solicitado de inversión y por tres cuartos el de equipamiento de las instalaciones de salud.
Los funcionarios que acompañaron a Sucre detallaron la premura causada por el recorte. “No se podrá garantizar la cobertura de servicios de salud las veinticuatro horas,” dijo uno de los técnicos. “No se podrán realizar los pagos de turno”.
En respuesta —igual a Lau— Sucre recibió un listado larguísimo por los diputados de hospitales con baja calidad de atención, construcciones paralizadas y quejas sobre la falta de medicamentos.
La respuesta de Sucre también hizo eco de la de Lau: ya vienen las soluciones.
Coda
De hecho, si algo, la similitud de ambas vistas quizás concede algo de fuerza al argumento de que las dos entidades deben ser unificadas, idea que ha circulado informalmente como una posible solución a los retos que enfrenta el sector público de salud del país.
No obstante, con estas vistas, la ciudadanía queda a la expectativa no solo de la pronta apertura de hospitales, policlínicas, centros especializados y la Ciudad de la Salud, sino también de algún tipo de propuesta sobre el creciente déficit multimillonario de la entidad más grande del país.