Finaliza la investigación de Odebrecht, el caso está lejos de concluir

La investigación del caso Odebrecht, el escándalo más grande de corrupción de Latinoamérica y del que formaron parte tres administraciones de gobierno en Panamá, finaliza este 14 de octubre para dar por concluida esta primera etapa del proceso penal.

La Fiscalía Especial Anticorrupción en Panamá, dirigió la investigación, ahora trabaja para entregar la vista fiscal: un resumen extenso del caso donde se sustenta con pruebas y documentos la vinculación de los más de 90 imputados y las solicitudes de llamamiento a juicio o sobreseimientos.

Ha sido un largo camino que aún está lejos de concluir. La investigación — que inició el 29 de septiembre de 2015 tras una denuncia del excontralor Alvin Weeden— ha tenido obstáculos y retrasos por recursos legales interpuestos por los involucrados y la propia fiscalía.

Los tribunales de justicia le concedieron a la fiscalía, dos prórrogas para continuar las investigaciones, la primera por un año adicional y la última de 5 meses y 8 días, cuyo plazo vence precisamente hoy miércoles.

La fiscalía ha recibido 127 asistencias judiciales internacionales de Brasil, Estados Unidos, Suiza, Barbados, México, Mozambique y Andorra.

La constructora Odebrecht obtuvo millonarios contratos en los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

Un día adicional por cada 50 páginas

Cumplido el plazo, la fiscalía no podrá realizar ningún acto o diligencia investigativa. Ahora su deber es elaborar la vista fiscal, para lo que no hay un periodo definido de tiempo.

El expediente tiene más de mil 150 tomos, y la fiscalía aún sigue foliando (ordenando por números) todas las páginas.

Una experta en asuntos legales consultada por TVN Noticias, y que pidió reserva de su nombre, manifestó que cada tomo de un expediente consta de 500 páginas aproximadamente.

El artículo 520 del Código Judicial, establece que la fiscalía tiene un día adicional por cada 50 páginas, para elaborar la vista fiscal.

Según la experta cuando son investigaciones grandes y de alto perfil, existe un equipo de varios fiscales y se dividen el trabajo investigativo por temas.

A medida que van avanzando — indicó la experta — cada uno va haciendo un resumen de sus temas, y al final de las diligencias, se recopilan todos los resúmenes para hacer la vista fiscal.

De ser esta la dinámica, se estima que a final del año 2020, podrían estar entregando el expediente del caso Odebrecht al juzgado con la vista fiscal.

Cuando la fiscalía envíe el expediente con la vista fiscal, será recibido en el Juzgado Tercero Liquidador Penal a cargo de Baloisa Marquínez, debido a que el Juzgado Duodécimo Penal que llevaba el caso Odebrecht, fue cerrado como parte de la transición al Sistema Penal Acusatorio.

Se espera que una vez, el caso Odebrecht ingrese a ese juzgado, los abogados defensores interpongan recursos legales para anular diligencias, declaraciones y pruebas que afecten a sus defendidos.

Esto será así, porque el expediente estuvo muchos meses bajo reserva y los juristas desconocen algunas pruebas y diligencias que ha recabado la fiscalía.

Ante este escenario, pasarán muchos días y años para que se celebre la audiencia preliminar, el juicio y se dicte una condena.

Varela y Martinelli entre los vinculados

Hace poco, el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, informó que hay más de 90 imputados por delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.

Entre los vinculados están los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, los exministros exministros José Domingo Arias, Federico Suárez, Frank De Lima, Demetrio Papadimitriu, Jaime Ford y Carlos Dubois.

Además, están vinculados los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, actualmente detenidos en Guatemala a petición de Estados Unidos, que pidió su extradición para juzgarlos, entre otros delitos, por blanqueo de capitales.

Multa a Odebrecht de $220 millones y 9 condenas

Durante esta fase de investigación, la Fiscalía ha pactado 14 acuerdos de colaboración eficaz y de pena con igual número de imputados.

El primer acuerdo se firmó con la misma Constructora Odebrecht el 26 de julio de 2017, que establece una multa de $220 millones a pagar en 12 años.

En ese entonces, la procuradora Kenia Porcell explicó que se tomó como base la cifra que dijo Odebrecht al Departamento de Justicia de Estados Unidos: 59 millones de dólares pagados en sobornos a Panamá. A esa cifra se le aplicó poco más del doble, para sumar 120 millones y se le adiciona 100 millones por utilizar el sistema bancario panameño, para totalizar los 220 millones de dólares.

En audiencia pública celebrada el 9 de noviembre de 2017, el Juzgado Duodécimo Penal, aprobó el pacto que también incluyó tres acuerdos de colaboración eficaz a los directivos de Odebrecht André Rabello, Olivio Rodrigues y Luis Eduardo Da Rocha Soares.

Como parte del acuerdo de colaboración eficaz, los tres directivos de Odebrecht deben dar información y ser testigos en un futuro juicio, y a cambio la fiscalía se compromete a no investigarlos, por lo que no irán a la cárcel.

Gabriel Alvarado Far y Fernando Migliaccio Da Silva, también firmaron acuerdos de colaboración eficaz.

Se dieron 9 condenas a prisión por acuerdos de pena. La ley establece en que los acuerdos de pena y colaboración eficaz, la fiscalía y los imputados pactan las condiciones: tanto la condena, los bienes a devolver, la entrega de información y testimonios en juicio.

El Juzgado, en una audiencia, sólo verifica que no hubo presiones o actos de corrupción al momento de firmar el acuerdo, y acto seguido procede a aprobarlo sin modificar o alterar la condena ni las condiciones pactadas entre fiscalía y acusado.

De los nueve condenados, solo Raúl Saint Malo cumple su sentencia en la cárcel. El resto se benefició de reemplazos de pena por multa o trabajo comunitario.

‘Combatimos la corrupción selectivamente’

Para Hermel Rodríguez, del grupo Limpiemos Panamá, el caso Odebrecht es el escándalo de corrupción más grande en la historia de Latinoamérica, y en Panamá operó con su esquema de corrupción en 3 gobiernos liderados por los 3 partidos políticos más importantes.

“Ha sido una oportunidad de oro para que la justicia de un giro de timón y finalmente los que han atracado el erario por décadas, queden tras las rejas. En varios países de Latinoamérica, desde Presidentes hasta ministros, jueces, alcaldes han enfrentado la justicia por este sonado caso”, dijo.

Aunque advierte que en Panamá esta oportunidad está a punto de esfumarse por tecnicismos y falta de voluntad. “Seguimos combatiendo la corrupción selectivamente y eso nos va a mantener anclados en el subdesarrollo en materia legal y económica”, señaló.

Para el expresidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNA), Alfonso Fraguela, el caso Odebrecht esta poniendo a prueba la confianza en la administración de justicia Panameña por parte de la comunidad nacional e internacional, quienes han visto en otras latitudes una respuesta oportuna y con resultados claros contra muchas personas que se vieron relacionadas al esquema de negocio.

“Panamá, irradió confianza al principio de las investigaciones sobre los actos delictivos investigados, pero por alguna razón, todo quedó en unas investigaciones cuestionadas y en acuerdos homologados, donde supuestamente devolverían al país una serie de dineros a plazos que aún desconocemos si los mismos se cumplirán o caerán en insolvencia que impida enfrentar esos acuerdos”, dijo Fraguela.

Según el jurista, “Odebrecht ha provocado la condena de muchos funcionarios de otros paises que han quedado en la cárcel, mientras que aquí todo parece indicar que se esta sometiendo a una reválida la justicia criolla o del patio".

Advirtió que tanto los fiscales y jueces deben ejercer su trabajo sin falencias ni debilidades. “El rol legal del Ministerio Público es llevar adelante la acción penal en interés de la sociedad, y para ello debe conformar los expedientes con las pruebas que sean irrefutables y que lleven a los jueces o magistrados sancionar a los responsables, basados en las pruebas presentadas y a la sana critica”, indicó.

Por su parte, Rosendo Miranda, abogado del exministro de Obras Públicas, Federico “Pepe” Suárez, espera que los tribunales de justicia evalúen el expediente y otorguen decisiones legales que corresponden, para los que no estén vinculados a actos delictivos.

“Vincularon a la gente hasta por tomarse un café con los directivos de algunas empresas. La única evidencia es que estuvieron juntos”, manifestó Miranda.

Según Miranda, en la vista fiscal es que se verá verdaderamente las pruebas existentes contra cada uno de los involucrados. “Deben revelar las evidencias que vinculan a cada uno en particular, porque este expediente se mantuvo mucho tiempo bajo reserva. Ahora vamos a saber por qué se acusa a cada imputado”, dijo.

Mientras que Euldarín Asprilla, defensor legal del exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas Carlos Ho, manifestó que no hubo voluntad de buscar toda la verdad, porque hay muchos implicados que quedaron fuera de la investigación.

“Hubo acciones para tapar cosas, la administración pasada (de la procuradora Kenia Porcell) no quiso investigar y se llegó a un acuerdo con Odebrecht, que fue nefasto para el país”, indicó Asprilla.

Asprilla estimó que debido a que el expediente estuvo mucho tiempo bajo reserva, los abogados desconocen por qué se acusa a los imputados y ahora es que se interpondrán muchos recursos legales.

“Se ha violado la Constitución y los tratados internacionales, este caso podrían ser declarado nulo por el pésimo acuerdo con Odebrecht y porque se taparon a muchos culpables”, expresó.