El fallo de casi cuatro años que no se publicó en Gaceta; Procuraduría investiga

Ciudad de Panamá/La Procuraduría de la Administración investiga por qué el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la Ley 9 todavía no ha sido publicado en Gaceta Oficial y está a punto de cumplir cuatro años desde que se emitió la decisión de los magistrados.

El 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declaró inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, firmada entre el Estado Panameño y Petaquilla Minerals, y sobre la cual se fundamentaban las operaciones de la minera Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum.

El fallo, que llegó casi 10 años después, fue notificado a las partes —el Centro de Incidencia Ambiental CIAM y Minera Panamá— en septiembre de 2018, pero, a casi cuatro años de emitido, el mismo no se ha publicado en Gaceta Oficial. Esto sin explicación alguna por parte del gobierno pasado ni de su sucesor.

A través de la nota SQ-199-21, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, le pidió un informe “a la mayor brevedad posible” a Yexenia Ruiz, Subdirectora General de la Gaceta Oficial —que está bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia— en el cual indique si la Corte Suprema les remitió dicho fallo para su publicación.

La acción del Procurador se da como producto de una denuncia que presentó el abogado Ernesto Cedeño el 13 de diciembre, en la cual este le pide que investigue la omisión. La denuncia no ha sido admitida todavía, confirmó Cedeño, para quien lo correcto hubiese sido que la Procuraduría admitiera su denuncia y luego enviara el oficio a la Gaceta Oficial.

Marcel Salamín, exintegrante de la comisión gubernamental que inició como negociadora y terminó como asesor, criticó la no publicación del fallo por parte del gobierno, algo que dijo es “obligatorio y que no le compete al Ejecutivo decidir cuándo se publica o no, porque ejerce un veto de facto sobre otro poder del Estado, y por lo tanto viola la Constitución”. Salamín anunció su renuncia a la comisión el pasado 20 de agosto en el programa Mesa de Periodistas, donde también dijo que había solicitado la publicación para poder equilibrar en la mesa la necesidad de negociar un nuevo contrato y no hacer más de lo mismo.

La Gaceta Oficial nació el 11 de noviembre de 1903 como medio informativo del gobierno. A partir del 3 de julio de 2006, todas las publicaciones se hacen digitalmente a través de su sitio web www.gacetaoficia.gob.pa.

Allí deben publicarse las normas y los actos reformatorios de la Constitución Política de la República, las leyes, los decretos con valor de ley y los decretos y resoluciones expedidos por el Consejo de Gabinete o por el Órgano Ejecutivo. También las resoluciones, resueltos, acuerdos, tratados y los convenios y cualquier otro acto normativo, reglamentario o que contenga actos definitivos de interés general; avisos, contratos y cualquier instrumentos o acto cuya publicación ordene expresamente la ley, especifican en su sitio oficial.

First Quantum, en su último informe a inversionistas, les actualizó diciéndoles que tras la inadmisibilidad de varios recursos que presentaron posteriormente al fallo de inconstitucionalidad, este entraría en efecto después de ser publicado en la Gaceta Oficial; y que “entendían que la Corte había declarado ilegal el contrato mas no así la concesión, y que por ello no veían afectadas sus operaciones”. Es la misma versión que sostuvo el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela y que retomó la administración de Laurentino Cortizo.

Para Cedeño, todo fallo debe publicarse, pero “su publicación no limita la obligatoriedad de acatar el fallo…que está en firme y ejecutoriado” Aunque admite que hay una corriente que piensa que si no se publica no se aplica, y advierte que, si esa es la corriente que está siguiendo el Ejecutivo, entonces “por supuesto que está desobedeciendo la filosofía del fallo y violando la Constitución”.

La abogada Susana Serracín, quien es fiscal de la Asociación de Derecho Ambiental y presidenta e la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) piensa que desde un inicio el Estado panameño ha tomado decisiones muy cuestionables desde el punto de vista legal.

Serracín quien demandó el contrato Ley 9 en 2009 en representación de CIAM en ese momento, esbozó que “eso inició muy mal y ahora que la Corte falla tantos años después, la empresa llevaba años extrayendo materiales en la zona”. Considera, además, que los gobernantes están buscando cualquier ventana para que la empresa siga operando ilegalmente, dándole ventaja al no publicar el fallo y sentándose en una mesa “que no representa a nadie” para adelantar negociaciones “totalmente al margen de la ley” y en perjuicio del pueblo panameño.

El asunto es bastante complejo, porque a través de los años quienes han tomado las decisiones están pensando en beneficiar compañías extranjeras que, como en sus países no pueden hacer esas cosas, buscan países débiles, con políticos que se puedan doblegar, para hacerlas aquí, explicó la jurista. “Lo que mal empieza mal acaba”, auguró.