Los factores que ponen en riesgo el grado de inversión en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/En su más reciente reporte sobre Panamá, la casa calificadora S&P Global Ratings (S&P) —la cual el año pasado mantuvo el grado de inversión del país pero pronosticó una tendencia negativa— advierte del riesgo del “empeoramiento de las finanzas públicas dadas las rigideces fiscales y el posible debilitamiento inesperado de las históricamente fuertes tasas de crecimiento”.

Pero, ¿qué es la rigidez fiscal y cómo estaría afectando las finanzas nacionales?

El orden de los factores

La rigidez, o inflexibilidad, fiscal significa, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las “restricciones institucionales que limitan la capacidad de modificar el nivel o estructura del presupuesto público en un plazo determinado”. Esta definición incluye, entre otros elementos, la estrechez del recurso financiero disponible para nuevas ejecuciones presupuestarias del Gobierno Nacional, como, por ejemplo, financiar un programa de respuesta económica a una pandemia global, renegociar los términos de su deuda nacional o pagar el interés de créditos futuros.

Según el reporte de S&P, la inflexibilidad fiscal de Panamá es generada por varios factores. Un factor, por ejemplo, es el uso del dólar por el país, lo cual elimina la posibilidad del gobierno de pagar sus gastos mediante la creación de moneda, o intervenir del mismo modo en la economía nacional, la cual termina siguiendo, en parte, las tendencias proyectadas por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Otro factor de la inflexibilidad fiscal, también según S&P, sería la base tributaria limitada del país, un reflejo de los altos números de informalidad laboral, con alrededor de 800 mil personas en empleo informal, según números para el año corriente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Éstos, dan para una tasa de empleo informal del 48.2%, revirtiendo todas las ganancias en formalidad laboral desde la mitad de la primera década del siglo, y eso sin tomar en consideración el empleo informal agrícola, el cual no está incluido en la estadística.

Esta informalidad da pie al tercer factor de la inflexibilidad fiscal nombrado por la casa calificadora: la disminución de las reservas del sistema de seguridad social. Y la magnitud de la relación se pudo cuantificar: durante la última década, la cantidad de cotizantes activos de este sistema creció a una tasa anual promedio de 1.6%, por debajo del 3.1% de crecimiento del total de la fuerza laboral ocupada, según el recién revelado reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), circulado por la Caja de Seguro Social.

El riesgo principal

Este último factor es especialmente crítico y requiere acción urgente, de acuerdo a varios organismos internacionales. De hecho, según el más reciente perfil de Panamá producido por el Banco Mundial, nuestro “principal riesgo fiscal es el déficit del sistema de pensiones, que requiere de grandes transferencias del Tesoro Nacional cada año”. La OIT hizo un cálculo a futuro de por cuánto serán estas grandes transferencias y reportó que el sub-sistema solidario del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte requerirá de $1,400 millones anuales para el 2025, $4 mil millones para el 2035 y $6,800 millones para el 2045.

Tal necesidad de capital será entonces, según los reportes de los organismos internacionales, uno de los principales retos financieros que el país deberá enfrentar en las próximas décadas, limitando la disponibilidad del recurso financiero público para hacer nuevas inversiones, o incluso, según advierte S&P, pagar el principal y el interés de la deuda nacional.

Esa deuda —y su crecimiento— viene a ser el cuarto factor de la inflexibilidad fiscal del país. El pago de la misma cada vez se estaría llevando más dólares de los ingresos corrientes del Gobierno Nacional, poniendo en riesgo su capacidad de pago a futuro y reduciendo los presupuestos de desarrollo para las distintas instituciones públicas.

Tal factor de la inflexibilidad ya se está comenzando a notar en las decisiones que debe tomar el gobierno para mantener el balance financiero. Como explica la casa calificadora: “los programas de gasto que introdujo el gobierno durante la pandemia, como las transferencias de efectivo a hogares vulnerables, se extendieron por el resto de 2022 [y] el costo de hacerlo se compensará en parte con la reducción del gasto de capital”. Un posible ejemplo puntual de esta compensación serían las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, en junio pasado, cuando indicó que no contaba con suficiente presupuesto para atender los reclamos de una rehabilitación vial a nivel nacional.

El peso de la planilla

Finalmente, esa creciente deuda viene atada a un último factor de inflexibilidad fiscal: el aumento de la planilla pública, la cual según declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, está siendo financiada mediante el crédito nacional.

Debido a tal relación entre el costo de los funcionarios y la deuda nacional, los aumentos de la planilla contribuyen a una mayor rigidez fiscal. Y este costo tan solo sigue en aumento, pasando la tasa de crecimiento entre enero y diciembre de la planilla pública de 6.7% en 2019 a 12.8% en 2021, pagando hoy día el Estado $400 millones al mes en sueldos. Para referencia, según cifras de la base de datos El Tabulario, cada funcionario cuesta en promedio $1,650 al mes.

Por su lado, el ministro Alexander ha mantenido en declaraciones públicas y conferencias nacionales e internacionales que la posición crediticia del país, aunque no es la óptima, se encuentra sólida, ya que la mayoría de los vencimientos de los bonos internacionales están más de una década en el futuro y aún queda espacio para emitir más, según demuestra la considerable demanda que tienen los bonos panameños al salir al mercado. Por ejemplo, en enero del año corriente, cuando Panamá emitió $2,500 millones en bonos, para pagar $1,700 millones de deuda existente y el resto para inversión pública, recibió ofertas por un valor conjunto de $6 mil millones.

Pero tal disponibilidad podría resultar peligrosa, ya que, como advierte S&P, la contratación de mayor deuda corre el riesgo de comprometer más de los ingresos públicos a su pago, implicando que cualquier posible expansión crediticia no solo se vería limitada, sino que también redundaría en una peor posición para Panamá.

No obstante, el país deberá demostrar que puede superar las restricciones causadas por estos cinco factores de inflexibilidad fiscal para revertir la tendencia negativa en la que se encuentra, tendencia que le podría terminar costando uno de sus activos más preciados: el grado de inversión.