Estudio revela que en Panamá se usan 64 plaguicidas altamente peligrosos para la salud

Ciudad de Panamá/En Panamá se comercializan actualmente 64 plaguicidas altamente peligrosos que cuentan con su respectivo registro sanitario vigente, a pesar de que están prohibidos en otras naciones. Por si fuera poco, hasta el 2020 el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) autorizó, según sus registros de insumos fitosanitarios, el uso en el país de 75 ingredientes activos de plaguicidas dañinos para la salud.

Estos ingredientes activos están presentes en más de 2 mil 64 productos, entre ellos insecticidas, herbicidas, fungicidas y fumigantes, aunque irónicamente desde 1997 hasta el 2011 en el país se han firmado leyes, decretos y convenios para regular el uso de plaguicidas altamente peligrosos.

Anualmente los panameños consumen, no ingieren, unos 2,2 kilogramos per cápita de plaguicidas, cantidad superior a Centroamérica, donde la media es de 2 kilogramos.

Los datos, recopilados en un detallado estudio realizado en noviembre de 2020 por Raúl Carranza y Ana María Jiménez, biólogo entomólogo y bióloga-ornitóloga, respectivamente, recuerdan que esto es un problema de salud pública, por lo que instan a las autoridades a aplicar el Decreto 305 de 2002, que en su artículo 5 indica que todo plaguicida que esté prohibido en cuatros países inmediatamente debe ser vetado localmente.

De los plaguicidas altamente peligrosos que están prohibidos en otros países y autorizados en Panamá, los también catedráticos universitarios citan el endosulfan, vedado en unos 115 países, el monocrotofos (112 naciones), el aldicarb (103), alaclor (94), metamidofos (83), azinfosmetil (80), carbofuran (63), el paraquat (46), carbosulfan (41), triazofos (40), metamidofos (49), alaclor (48), el carbosulfan y el triazofos, ambos en 40 países.

Igualmente, ponen en la lista a la atrazina y el fipronil, prohibidos en 37 países, el carbaril (35), terbufos (34), benomilo (33), el acefato y el diazinon (32), el butacloro y el linuron en 31, y por lo menos 20 a 30 naciones prohíben el brodicofauna, carbendazin, dinotefuran, diquat, glufosinato de amonio, oxadiazon, permetrina, y profenofos, entre otros.

El paraquat, comúnmente utilizado en las áreas rurales para el suicidio, se consigue en los comercios a un precio promedio que va desde 4.95 dólares el litro, hasta 14.75 dólares el galón, mientras que el litro de atrazina cuesta 6.25 dólares y el galón 7.50 dólares, según una encuesta de marzo de este año de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en donde también se consigna el precio al por menor de otros plaguicidas.

Consultado, un modesto comerciante de agroquímicos se limitó a decir que estos productos se venden porque las autoridades lo permiten.

Amael Acosta, de la Unión de Consumidores y Usuarios de la provincia de Chiriquí, indicó que el uso de agroquímicos en esta provincia, que abastece de productos agrícolas a todo el país, es “enorme”, pero que hasta el momento no hay estudios certeros que indiquen el grado de toxicidad de los alimentos que allí se producen.

Dijo que en el pasado se demostró que muchas veces el grado de toxicidad de los alimentos es bajo, pero que nunca se ha analizado la toxicidad acumulada.

A la Unión de Consumidores y Usuarios de esta provincia no han llegado quejas al respecto, pues en cierta forma el público desconoce lo que consume, amén de que cree que si se queja podría atraerle consecuencias no muy favorables, sostuvo.

De los registros por tipos de plaguicidas en Panamá, el estudio de Carranza y Jiménez señala que el 41.8% son herbicidas, el 28.9% son fungicidas, el 26.6% son insecticidas, el 1.1% son nematicidas, el 1.1% grupos variados por grupo que controla, rodenticidas, molusquicidas, bactericidas, virucida y por último un 0.2% de acaricidas.

El mayor número de registros de estos productos corresponde a China, Panamá, Costa Rica, India, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, España, México, Brasil, Israel, Alemania y Venezuela, entre otros.

Conocedor de este tema, Pedro Acosta Insturaín, del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), manifestó que el consumidor está “desprotegido”, pues no hay una autoridad que haga cumplir las normas establecidas en cuanto al uso de plaguicidas altamente peligrosos.

Se cursaron preguntas a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Andia), al igual que al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), pero no hubo respuestas.

Desde el 2004 el MIDA mantiene un Laboratorio de Control y Aseguramiento de la Calidad de Plaguicidas, en donde supuestamente se evalúa la calidad física y química de los plaguicidas importados o fabricados en el país.

Un dato que llama la atención de los investigadores es que en el país se utilizan plaguicidas clasificados como “muy tóxicos” para las abejas, insectos de suma importancia para mediante la polinización mantener el equilibrio de los sistemas.

En el país, agregan, es notoria la falta de control de las aspersiones aéreas, la deficiencia de un adecuado y confiable monitoreo ambiental, especialmente del agua y los suelos, y del impacto sobre la biodiversidad, particularmente sobre los polinizadores.

El análisis de Carranza y Jiménez aboga porque se elabore un plan nacional de reducción y prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos y se apoyen alternativas agroecológicas, que incluyan la prohibición de aquellos que están prohibidos en el país exportador y las fumigaciones aéreas, entre otras medidas.