Lo que se sabe y lo que se espera del caso Odebrecht en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Este 12 de septiembre es la nueva fecha pautada para la audiencia preliminar del caso Odebrecht. La fecha original de la audiencia, como se pronosticó, se canceló por incapacidades presentadas por algunos abogados defensores de los imputados.

El caso, en números, es diciente de la magnitud, a pesar del relativamente bajo monto que confesó haber pagado la empresa brasileña en coimas por obras en Panamá en comparación con el grueso de las contrataciones públicas que se adjudicó: tres administraciones de gobierno, los tres partidos políticos más grandes del país y más de 9 mil millones de dólares adjudicados en obras estatales durante 2008 y 2014.

En contraste, el expediente de casi 3,000 tomos que maneja el Ministerio Público panameño incluye hasta ahora 83 imputados, pide el llamamiento a juicio a 49 personas naturales y una empresa, Importadora Ricamar, por blanqueo de capitales y a otras tres personas por corrupción de servidores públicos.

Tras siete años de haberse presentado la primera denuncia contra la empresa por el abogado Alvin Weeden en 2015, es la prescripción lo que más debería preocupar a la ciudadanía y a la misma justicia, según el abogado Carlos Barsallo, presidente del Instituto de Gobierno Corporativo, quien ha seguido el caso de cerca. Y esto porque, según analiza, el caso Odebrecht no es solo el juicio que hará el país a una empresa, sino que es al mismo tiempo “el juicio que le hace la sociedad panameña a la administración de justicia y de paso, el que se hace la sociedad panameña a sí misma”.

El riesgo latente de prescripción del caso va ligado a muchos factores. Según explica Barsallo, en el sistema penal mixto, la prescripción se interrumpe con el llamamiento a juicio: “por eso es muy importante la audiencia preliminar”, acota.

Por otro lado, la prescripción se calcula de acuerdo a la pena máxima aplicada para el delito. Siendo así, Barsallo advierte que cada delito supuestamente cometido por cada uno de los 83 imputados prescribiría cuando se alcance la pena máxima contada desde que se cometió el delito.

En este contexto, como los delitos que investiga la Fiscalía dentro del caso Odebrecht van desde blanqueo de capitales hasta peculado, pasando por corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito y contratación pública fraudulenta, la pena más alta es de 12 años para el de blanqueo, por ejemplo, mientras que otros como contratación fraudulenta tienen penas mínimas que apenas rozan los seis meses, explica Barsallo en un análisis que publicó recientemente. Este panorama ilustra lo que describe como “el gran riesgo de prescripción al que hay que prestarle atención”. 

 Vista fiscal

Las pesquisas de la Fiscalía Especial Anticorrupción dan cuenta del pago de supuestos sobornos por al menos 100 millones de dólares a través de la triangulación de dinero en al menos cuatro capas. Uno de los delatores brasileños, Olivio Rodríguez, quien era el encargado de hacer los pagos ilícitos, describió las cuatro capas de la operación offshore de la siguiente forma: la primera era la propia Odebecht, luego la planificación fiscal que tenía una offshore, posteriormente estaba Fernando Miglaccio -tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa- como tercera capa con otras offshore que él administraba y por último el mismo Olivio Rodríguez, que administraba otra capa de sociedades anónimas a través de las cuales hacía los pagos ilícitos. El motivo era dificultar el rastreo y así la “comisión quedaba ya dentro de la estructura”, según se lee en las páginas 28 y 29 de la vista fiscal.

Las coimas se transferían desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa, la denominada “Caja 2” de Odebrecht. Para ello, los procesados utilizaron sociedades anónimas panameñas y no panameñas, testaferros, seguros, contratos ficticios y el financiamiento de campañas políticas; todo con el objetivo de obtener beneficios y adjudicaciones de proyectos de infraestructura de los últimos tres gobiernos panameños.

Lo que se espera que pase en la audiencia es que la jueza exponga las reglas del proceso y la vista fiscal, luego el Ministerio Público daría los resultados de la instrucción sumarial y las pruebas que sustentan sus solicitudes. Posteriormente los abogados defensores toman parte y hacen su sustentación. Una vez culminada la fase de alegados, la jueza decidirá si el caso tiene mérito para acceder al llamamiento de juicio que pidió la Fiscalía.

Un análisis de la vista fiscal y el caso que hizo la Fundación Libertad Ciudadana –capítulo panameño de Transparencia Internacional– plantea que las defensas de los imputados podrían presentar incidentes y recursos variopintos, desde nulidad y violación al debido proceso, los cuales podrían trasladar el caso a la segunda instancia (el Segundo Tribunal Superior de Justicia Penal), algo que en la práctica detendría el proceso en la primera instancia del Juzgado Tercero Liquidador hasta que fuera devuelto el expediente al juzgado.

También pueden recurrir a incapacidades médicas, sustitución de abogados, revisión de medidas cautelares, designación de otro abogado, renuncia, ausencia de abogados por excusas como la celebración de otra audiencia, entre otros, detalla el reporte de TI.

La ley “está diseñada con algunos dispositivos para mitigar los abusos de litigación, que se han convertido en práctica usual de ciertos abogados defensores” recuerda la organización de cara al inicio de la audiencia de uno de los casos más emblemáticos –sino el más emblemático- de corrupción en Panamá: el caso Odebrecht.

Para Barsallo, también ex presidente de TI, capítulo de Panamá, es impresionante también la ausencia de personas naturales y jurídicas que no fueron imputadas dada la magnitud de las investigaciones y las estructuras societarias necesarias para ocultamiento y blanqueo: “Esto va al corazón mismo de la justicia”, advirtió.

Y es que además, de acuerdo al jurista, más allá de la impunidad, el mayor desafío de la justicia panameña en el caso Odebrecht es demostrar que no es selectiva: que “puede juzgar a los poderosos, no solo a los que ostentan el poder político coyuntural, sino a los que tienen el poder económico permanente”.

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