PIB, mina y dinero: un panorama de la situación nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/El año proyecta un cierre incierto. Entre la posibilidad de un arbitraje largo con First Quantum, las secuelas económicas de más de una treintena de días de cierres y al menos un mes más de alzas de las tasas locales de interés, quedan muchas preguntas sobre qué fundamentos habrá para 2024. Veamos.

Sumas y restas

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) empezó el último mes del año publicando un conjunto de datos que no solo arroja algo de luz sobre la situación económica del país durante los dos primeros trimestres del año, sino que también revisa los números pasados, actualizándolos según nuevos patrones de cálculo.

Hasta hace algunos años, el año de referencia para el estudio económico público en Panamá era 2007, nivel base que tuvo sus propios problemas al ocurrir justo antes de la crisis financiera estadounidense —y luego global—, la cual descompensó todas las cifras con la fuerte caída de intereses y la emisión sustancial de nuevos dólares.

En parte debido a esto, y en parte al fuerte crecimiento económico que experimentó Panamá durante mediados de la década pasada, el grupo de entidades encargadas del cálculo económico de Panamá —entre ellas, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas— optaron por renovar el año base de cálculo, para dar cabida a la nueva magnitud del producto interno bruto (PIB).

Por esto, se determinó que el nuevo año base sería 2018, aunque tal decisión no se vio actualizada en los libros sino hasta el cambio entre 2021 y 2022. En ese periodo, los números económicos del país todavía se publicaban en referencia a 2007, comenzando a publicarse la nueva serie en 2022.

A la par, el INEC —entidad que realiza gran parte de la tarea matemática de producir estos números— inició un proyecto para calcular nuevamente los últimos años en función al nuevo año base, y una parte de esos resultados fue publicada el pasado viernes, 1 de diciembre.

Olas económicas

La historia, según la serie retrospectiva publicada por el INEC, es que la economía de Panamá cerraba la década pasada, en 2019, creciendo a alrededor del 3% por trimestre. Esto significa la creación de valor económico entre mil y dos mil millones de dólares cada tres meses por encima del trimestre anterior. Tal magnitud está cerca a la contribución anual del Canal de Panamá.

Fue en el primer trimestre de 2020 que nos golpeó el tsunami económico de la pandemia, con el nivel trimestral de la economía contrayéndose en un 36%.

Los cierres producto de la pandemia terminaron de suprimir el impulso de crecimiento, el cual no se restauró sino hasta el segundo trimestre de 2021, cuando las aperturas parciales permitieron un disparo del producto interno bruto trimestral del 43%.

Todo esto según las más recientes cifras del INEC, las cuales muestran también que después de tal disparo, el ritmo de crecimiento trimestral se estabilizó alrededor del 9%.

No obstante, como las cifras son hasta junio pasado, no toman en cuenta los cierres recientes posteriores a la aprobación y sanción del contrato-ley con Minera Panamá —hoy inexistente. Por tal razón, se puede esperar que la estabilidad del 9% rápidamente desaparezca del patrón.

Economistas de la plaza se debaten entre la posibilidad de que la economía panameña enfrente una recesión el próximo año o registre un ligero crecimiento.

Como la mina aportaba alrededor del 5% del PIB, y se esperaba que la economía creciera por cerca de ese monto, la resta básica más un margen de probabilidad produce un rango posible entre una caída del 1% o un crecimiento del 1%.

Para redondear el análisis del INEC, falta decir que, según la entidad, los principales motores de la economía posterior a la pandemia fueron el comercio y la construcción. Estos son dos de los pilares centrales del PIB y del modelo de economía diversificada del país que lo hace tan resistente.

Adicionalmente, el Canal de Panamá ha jugado un rol importante: a pesar de haber tenido que restringir significativamente el número de tránsitos diarios debido a la temporada de sequía, reportó un monto récord de contribuciones al Estado.

Esto, producto de un nuevo tarifario diseñado por el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, y su equipo, que asigna un valor al agua dulce del país —ejercicio innovador— e incorpora tal valor al costo del peaje.

Tal tarifario no solo hace que las navieras paguen más cuando hay menos agua, sino que —a través de la interacción de oferta y demanda— va desacelerando el consumo de agua mientras más se acerca el nivel del Lago Gatún a su mínimo viable.

A pesar de que los números del INEC no reflejan el tercer trimestre del año, que culminó con una creciente tensión de cara a la aprobación del contrato-ley, la entidad calculadora menciona en su reporte, casi con humor seco, que se registró una “disminución [en] las exportaciones del concentrado de cobre”.

Arbitraje

El crecimiento económico del país resulta relevante al considerar los distintos escenarios que podrían ocurrir debido a la disputa en formación con Minera Panamá y su empresa superior, First Quantum Minerals.

En sus estados financieros de 2022, First Quantum indicó que había "iniciado un proceso de arbitraje bajo el actual contrato de concesión", notificando también al Gobierno de Panamá su intención de iniciar otro arbitraje internacional bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.

El mensaje es similar cerrando el 2023: la empresa ha completado los procesos preliminares para iniciar el arbitraje pero aún está dispuesta a dialogar con el país y llegar a un acuerdo mutuo.

Sin embargo, la minera es clara: su deseo es permanecer en Panamá y continuar operando la mina en Donoso.

En caso de llegar a un arbitraje formal, más allá de la fase de posible consenso, First Quantum buscaría, según sus estados financieros, que se declare que Panamá incumplió el supuesto contrato de concesión y que se dicten medidas para que la mina pueda continuar operando.

Según la misma empresa, las operaciones en Donoso están suspendidas debido a la declaración de inconstitucionalidad de su contrato-ley, lo que llevó a la suspensión de los contratos de más de siete mil empleados.

Se estima que el salario mediano de los empleados mineros es de $1,500 al mes, y el salario promedio rondaría los $3,000 al mes, por lo que se podría calcular que los pagos salariales brutos al año superan los $250 millones, tomando en cuenta el décimo tercer mes.

Todavía no se tiene una imagen clara de cómo se vería un arbitraje según el acuerdo de concesión, o siquiera si es posible, considerando que el contrato-ley fue declarado inconstitucional. Tampoco se sabe si la disputa se resolverá principalmente mediante el canal provisto por el tratado entre Canadá y Panamá, el cual requiere un proceso de diálogo de al menos tres meses.

Hasta ahora, el Gobierno Nacional no ha esbozado públicamente una estrategia para enfrentar ninguno de estos casos, más allá del anuncio por parte del Ministerio de Comercio e Industrias de que estará componiendo una mesa técnica.

Este anuncio ha recibido críticas de varias voces de la sociedad civil, las cuales cuestionan que la mesa solo estará compuesta por funcionarios del Estado y no incluirá a líderes juveniles y gremiales que han protagonizado los cierres que condujeron al fallo.

Habla la minera

En una movida que refleja lo inusual de los tiempos, el presidente ejecutivo de First Quantum, Tristán Pascall, concedió una entrevista al diario La Prensa, donde habló abiertamente de varios temas que, hasta ahora, el alto mando de la empresa había reservado. Entre ellos, sus consideraciones sobre los distintos gobiernos recientes de Panamá, todos los cuales parecen haber enviado señales a la minera de que podía continuar consolidando su inversión en el país.

“Desde 1997, que se firmó el primer contrato, en 2011 cuando se hizo el estudio de impacto ambiental, en 2017 cuando se renovó [...] aún con el fallo de inconstitucionalidad, nos dijeron que continuáramos. Teníamos una inversión de diez mil millones de dólares y siempre nos habían dicho que siguiéramos invirtiendo. Pero ahora nos dicen que 25 años fueron ilegales y que paremos”.

Pascall no guardó palabras sobre el costo de parar.

“En las próximas semanas [se] afectará el ambiente, la fauna y la flora, morirán peces y los metales quedarán finalmente en el agua, contaminándola. [La] presa de relave se construyó con altos estándares de seguridad [y] si no le das mantenimiento, la lluvia debilita las paredes y eventualmente podría haber una ruptura. Eso sería catastrófico”.

Mantener tal presa cuesta, según Pascall, entre “$160 millones y $200 millones [anuales]. Solo en la presa”.

De hecho, cerrar toda la mina tardaría “de 15 a 20 años”, según el líder de la misma, “y cuesta alrededor de $20 millones a $50 millones por cada uno de esos años. En un proceso normal generas el dinero y con ese dinero vas pagando el cierre”.

Universos paralelos

Pascall es claro sobre la importancia que tiene la mina de Donoso para sus operaciones. “Es, en efecto, la mayor inversión que tenemos. Tenemos finanzas fuertes a corto y mediano plazo, pero sí, tenemos que ver cómo las sostenemos a largo plazo”.

Por esto, según Pascall, la minera prefiere “no ir al arbitraje y seguir con la relación a largo plazo con el país”. No obstante, en el caso de no llegar a una conclusión clara en un proceso de consenso con el gobierno nacional, el liderazgo de First Quantum no tendría más opción que proseguir con el arbitraje “para salvaguardar los intereses de los accionistas”.

“Yo tengo una obligación fiduciaria con los accionistas e inversionistas”, dijo el líder de la minera.

Por el lado de Panamá, han hablado múltiples abogados, tanto locales como internacionales. Entre ellos, dos, Rodrigo Noriega de Panamá y Juan José Obando de Costa Rica, han dicho que el país tiene chance de ganar cualquier disputa internacional contra la minera, tanto por elementos del derecho interno del país como por la referencia de casos anteriores, entre ellos, uno de Costa Rica, perfilado también en el diario La Prensa.

Ese caso versó alrededor de acusaciones de corrupción que, hasta ahora en Panamá, no se han replicado con evidencia útil, y actos contra la ley que, en nuestro caso, sí han sido mencionados por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Otros expertos han apuntado a que el caso de Panamá tendría importantes debilidades, entre ellas, la renovación del acuerdo con la empresa por la administración de Juan Carlos Varela, la demora de la Corte Suprema de Justicia en dictar el primer fallo y posibles alegatos de presión popular al sistema judicial.

Se han tirado al aire todo tipo de cifras en relación al proceso: $5 mil millones, $10 mil millones, $20 mil millones y $50 mil millones. Elija su favorita.

Eso sí, no sería el primer revolcón de First Quantum en los tribunales internacionales de arbitraje.

“Una vez en [la República Democrática del] Congo,” cuenta Pascall, “nos expulsaron porque pedían coimas [y] nosotros no pagamos coimas. Ahí hubo un arbitraje y la compañía que tomó la concesión llegó con nosotros a un acuerdo extrajudicial y nos pagaron una suma millonaria”.

Financiamiento

También está circulando fuerte la pregunta: ¿Cómo vamos a pagar lo que sea que tengamos que pagar?

Consultas con expertos sobre la materia revelan al menos siete formas de financiar a corto, mediano y largo plazo el costo económico, no solo de cerrar la mina, sino de revertir el deterioro al crecimiento económico que podría causar.

De las siete, tres son formas directas de producir efectivo. De la más probable a la menos probable, son: deuda más cara, reestructurar el Estado para generar reducciones en el gasto público y abrir el Fondo de Ahorro de Panamá.

A marzo del año corriente, tal fondo tenía un balance positivo de alrededor de $1,300 millones.

Debería haber más, pero, según los estados financieros del fondo, “durante el periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2023, el [Fondo de Ahorro de Panamá] no recibió aportes del Estado, bajo ninguna de las reglas de acumulación establecidas en la ley”.

Las otras cuatro formas de generar dinero tomarán más tiempo y una inversión inicial.

Esta vez, en orden del costo inicial: el reentrenamiento de la fuerza laboral nacional, la aprobación expedita de proyectos de infraestructura en todo el país y la creación de incentivos poderosos para atraer inversión no minera a Panamá. Además, un programa de estímulo económico para la pequeña y mediana empresa, la colaboración regional para reducir costos y la creación de nuevas asociaciones público-privadas para pasar el costo del desarrollo, parcialmente, al sector privado.

Todas estas tomarían años en producir renta por encima de la inversión, aunque ayudarían a largo plazo a mantener cualquier ritmo de crecimiento de la economía que se produzca a corto.

Costo del dinero

La deuda que pueda contratar Panamá no solo sería más cara por el riesgo adicional que carga el país, sino porque el costo de la misma ha aumentado en general.

El sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que determina el interés hasta en Panamá, aumentó su tasa de menos de 1% a más de 5% entre inicios de 2022 y julio del año corriente. Esto ha sido un salto vertiginoso, incluso más empinado que aquel durante la primera década del siglo, después de la burbuja de nuevos portales de Internet.

Subir el interés es como ponerle un freno a la economía, reduciendo el nivel de revoluciones de los dólares.

Y con su aumento a la tasa de interés, la Reserva Federal ha logrado extraer más de dos millones de millones —12 ceros— de dólares de circulación, con $15 millones de millones todavía por encima de la cantidad antes de la pandemia.

Con tal retiro, Estados Unidos ha visto su inflación pasar de una tasa mes a mes de más de 8% en el verano del año pasado a caer por debajo de 4% en la primavera de este.

Tal ejercicio monetario no ha sido fácil, e incluso el líder de la casa de inversiones JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ha advertido que la nación norteamericana se arriesga a una posible recesión en la maniobra.

En Panamá, el alza de la tasa en Estados Unidos sí ha impactado, con estudios de la Superintendencia de Bancos y la base de datos El Tabulario sugiriendo un plazo de actualización de seis meses. Como las alzas allá pararon a mediados del año, todavía se puede esperar un aumento en diciembre.

En específico, han aumentado en Panamá las tasas a las tarjetas de crédito, a los préstamos personales, a los autos y viviendas, al comercio al por mayor y por menor, a la industria, a la construcción, a la ganadería y a la agricultura, constriñendo la economía nacional.

Coda

El panorama, como vemos, está saturado de incertidumbres. Quizás resulte afortunado que se aproxima una elección mediante la cual conceder certeza al sistema.

Lo cierto del caso es que la campanada económica que acaba de experimentar el país, aún recuperándose después del golpe que significó la pandemia del COVID-19, resonará por un tiempo.

Y mucho definirá la proactividad administrativa y decisiva con la que el país atienda los repiqueteos.