Diputados defienden ley de incentivos fiscales turísticos, ¿Qué dicen?

Ciudad de Panamá, Panamá/Seguridad jurídica y empleos: con estas dos premisas algunos diputados defendieron las leyes 122 y 314 en la Asamblea Nacional, que esta semana recibió a empresarios turísticos para iniciar el análisis de la derogación de los polémicos créditos fiscales que solicitó el Ejecutivo tras la avalancha de críticas.

Las citadas leyes (la 122 y la 314) otorgan créditos fiscales del 100% inicialmente, y del 60% tras su modificación (con la excepción de mantener el 100% a quienes ya hubiesen iniciado el trámite) para inversionistas que comprasen bonos emitidos para proyectos previamente autorizados por la Autoridad de Turismo. Ahora la Asamblea analiza el anteproyecto 844 que envió el Ejecutivo para derogar las leyes 122 y 314, con carácter de retroactividad por declarar la actividad como de interés público.

En la audiencia realizada esta semana los diputados Hernán Delgado, Ariel Alba, Ricardo Torres y Mariano López defendieron la ley invocando seguridad jurídica y apelando a estos proyectos como generadores de empleo postpandemia, especialmente en el interior del país.

En la audiencia, el diputado Alba dijo que todos tenían la responsabilidad de lo que estaba pasando, refiriéndose al escándalo provocado por las leyes aprobadas a tambor batiente en ese hemiciclo y que causaron críticas en amplios sectores, y que incluso provocaron una solicitud de derogación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), misma que el presidente Cortizo atendió en menos de 24 horas.

Alba criticó que “se vendió muy bien (en los medios) la idea de que los diputados le regalamos 1,500 millones a cuatro bellacos”, lo que, acto seguido, calificó como “una mentira repetida mil veces”. Los proyectos, según el diputado, dejarán infraestructura y generarán empleo, compra de materiales, acarreo, etc. "Hay una inestabilidad muy grande y no es cualquiera el que quiere invertir” dijo en medio del pódium.

Hernán Delgado, por su parte, dijo que le preocupa “muchísimo que de la noche a la mañana tiremos las posibilidades de un desarrollo tan importante como el contemplado en este instrumento jurídico”. En la misma línea se expresaron los perredistas Mariano López y Ricardo Torres, quienes defendieron una y otra vez la “seguridad jurídica” y se “solidarizaron” con los empresarios allí presenten por los empleos que querían generar. 

El presidente de la Asamblea Crispiano Adames, terminó la audiencia pidiendo corridas y números a los empresarios y que “salieran a sustentarlos en los medios”, ante la percepción de la población que, en sus palabras, ve la ley como “excesiva”. Ahora, dijo Adames, “estamos abocados a una decisión política…¿cómo interpretaría la población nuestro actuar; como cómplices?” se auto preguntó mientras cerró la audiencia diciendo que escucharían a todos. 

Surgen reacciones

Lo de la seguridad jurídica no tiene asidero para varios expertos. Carlos Urbina, abogado y contador, socio de Urbina Morrison asegura que la seguridad jurídica no existe cuando existen meras expectativas. Para sustentar esto cita el fallo de la Corte Suprema que cambió las jubilaciones especiales. En ese caso la Corte sustentó que no se estaba quitando la jubilación, sino que se alargó la fecha y lo que se tenía era una mera expectativa, no un derecho adquirido. En ese tenor, Urbina analiza que probablemente por eso hicieron todo a la carrera para tratar de alegar derechos adquiridos, que a su juicio no existen porque tendrían que ejercerse contra el pago de un impuesto y no existe ese impuesto.

“La norma es de interés social y no hay nada que discutir, aquí cuando hay voluntad se hacen las cosas y todo el mundo sabe que esa es una plata que se querían llevar y que ojalá que no se la lleven”, ripostó Urbina, al tiempo que dimensionó el incentivo: es una “enorme distorsión” en el mercado, es más de la mitad de lo que se recauda en todo el ITBMS de un año.

Carlos Barsallo, abogado y presidente del Instituto de Gobierno Corporativo, abriga pocas esperanzas en la derogación de los incentivos. Ve que se está dilatando algo que debería ser “extremadamente simple, sencillo y corto”. Apuntó que para la retroactividad, solo hay que distinguir entre quien haya completado el ciclo y tenga derechos adquiridos y quien tenga una mera expectativa, porque no haya terminado los tramites o no ha hecho la oferta pública en la bolsa, que es el paso final. Allí, aclara Barsallo, claramente no hay derechos adquiridos.  

Empresarios como Richard Gruber y Octavio Vallarino también participaron en la audiencia que televisó la Asamblea. Gruber, por ejemplo, también apeló a la seguridad jurídica como “parte de mi vocabulario cuando estoy levantando dinero”.

Puede ver la audiencia completa aquí: