Diplomacia y déficits: los retos del corto plazo

Ciudad de Panamá, Panamá/En la edición del pasado martes, 10 de septiembre, del programa radial Mesa de Periodistas, aquí en TVN, el economista Fernando Aramburú Porras compartió sus perspectivas sobre los retos financieros que enfrenta Panamá, abordando temas como políticas fiscales, la diplomacia internacional y la crisis de la seguridad social. Esta nota es resumen de los puntos más importantes de esa conversación, destacando algunas de las situaciones más apremiantes para el país.

Diplomacia

Panamá enfrenta una percepción internacional de falta de cooperación fiscal, particularmente por parte de la Unión Europea (UE), que sigue manteniendo al país en su lista gris, afectando nuestra reputación financiera.

Según Aramburú, a pesar de las adaptaciones legislativas que Panamá ha hecho para mejorar la transparencia en los sectores bancario y legal, algunos estados miembros de la UE continúan viendo al país como un paraíso fiscal. Tal percepción persiste, en parte, debido a las prácticas fiscales del pasado.

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Países como Chile, Ecuador y Perú también nos consideran un paraíso fiscal, según Aramburú.

Por su lado, el presidente José Raúl Mulino hizo un llamado para que el Gobierno Nacional adopte una postura diplomática más firme, exigiendo trato igualitario y la eliminación de cualquier discriminación contra Panamá en el ámbito internacional.

Sobre esto, Aramburú pide cautela, indicando que tal postura podría traer resultados desfavorables para el país. Su argumento es que si Panamá toma una decisión discriminatoria en represalia por nuestra inclusión en las listas, esto podría afectar nuestras relaciones comerciales, incrementando precios.

Por ejemplo, Francia, nación que ha sido una fuerza importante por la inclusión de Panamá en las listas discriminatorias, es el país sede de la empresa Alstom, una proveedora prioritaria del Metro de Panamá.

Queda otra ruta: a medida que el país se prepara para asumir su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir del próximo año, este rol podría ofrecer a Panamá una ventaja en sus negociaciones diplomáticas, ayudándole a gestar decisiones que favorecerían la salida del país de tales listas.

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Déficit

Según el economista, Panamá carga un déficit fiscal de alrededor del 4% de su producto interno bruto (PIB) —aproximadamente $3,500 millones. Y la recaudación de impuestos sigue por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

Por ejemplo, el cobro del ITBMS —el impuesto sobre las ventas— experimentó una caída dramática, de un recaudo de $2,000 millones anuales a aproximadamente $1,300 millones anuales.

Aramburú argumentó que es fundamental aumentar la base tributaria de Panamá, enfatizando la necesidad de que todos contribuyan, incluyendo las empresas en zonas francas y las compañías internacionales que actualmente disfrutan de exenciones.

Hoy día, la presión tributaria de Panamá —el porcentaje de impuestos en relación al PIB— es apenas del 8%, lo que está muy por debajo del 12% que el economista considera necesario para cerrar la brecha fiscal y tener capacidad de invertir.

Reforma

Aramburú subrayó la necesidad urgente de reformas estructurales en las finanzas públicas.

Esto incluiría reducir la planilla estatal, disminuir la burocracia y eliminar funciones duplicadas entre las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, indicó que instituciones como el Banco Nacional de Panamá y el Banco Hipotecario Nacional desempeñan roles similares, pero siguen operando de manera independiente, duplicando esfuerzos y desperdiciando recursos.

De cara al futuro, Aramburú enfatizó la importancia de una mayor disciplina fiscal, centrada alrededor de servicios esenciales como la educación y la provisión de soluciones de infraestructura, mientras se eliminan gastos innecesarios.

Pensiones

Uno de los desafíos financieros más grandes de Panamá es el déficit presente del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

El sistema se encuentra en una trayectoria insostenible, con un déficit creciente que podría alcanzar los $7,000 millones para 2050. Y —de nada cambiar— será necesario aumentar los aportes del Tesoro Nacional a la seguridad social de $1,000 millones este año a $2,000 millones para finales de la década.

Aramburú discutió posibles soluciones, incluyendo el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las tasas de contribución. No obstante, enfatizó que cualquier reforma tendrá que encontrar un equilibrio delicado entre proteger a los jubilados actuales y garantizar la sostenibilidad futura para las generaciones más jóvenes.

Indicó que el sector privado ha propuesto un sistema de tres pilares para la seguridad social, basado en prácticas de otros países. Tal sistema garantizaría una pensión mínima para todos los trabajadores que contribuyan al mismo, introduciría un plan obligatorio de ahorro personal de un porcentaje de los salarios que se ahorraría e invertiría, y permitiría contribuciones voluntarias adicionales, que serían igualadas por los empleadores.

Según el economista, tal sistema ayudaría a estabilizar el fondo de seguridad social, pero aún se necesitará de reformas estructurales más amplias para abordar las causas fundamentales de los problemas fiscales del país. Para esto, Aramburú apuntó a las asociaciones público-privadas como una estrategia viable para financiar proyectos de infraestructura sin aumentar demasiado la deuda nacional.